El proyecto de ley que pretende la creación de “cárceles para bebés” fue escrito por GEO Group, una de las empresas más beneficiadas con las políticas de Trump. La Ley Senatorial 1018, de aprobarse, permitirá a las empresas penitenciarias omitir todas las estrictas regulaciones que otras dependencias de cuidado de niños deben seguir. Estas prisiones son, por supuesto, para niños de indocumentados.
Este proyecto de ley se da luego que el Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ratificara el polémico proyecto de ley estatal que prohíbe las “ciudades santuario” en el estado y autoriza la norma conocida como “enséñame los papeles”, que permitirá a la policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo/La Opinión/EFE).- El Senado de Texas aprobó ayer martes un proyecto de ley para otorgar licencia a los centros de detención de familias inmigrantes dedicados a infantes, que los críticos llaman “cárceles para bebés”.
Se trata de centros de cuidado infantil, un plan escrito por GEO Group, la segunda corporación de prisión con fines de lucro más grande del país y una de las más beneficiadas con las políticas migratorias del Presidente Donald Trump.
Lo más preocupante es que la Ley Senatorial 1018, propuesta por el republicano Bryan Hughes, permitiría a las empresas penitenciarias omitir todas las estrictas regulaciones que otras dependencias de cuidado de niños deben seguir.
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“La idea de tener niños en una cárcel de bebés es inconcebible”, expresó la senadora Sylvia García, de Houston, publicaron medios locales, como The Observer y Texas Tribune.
La norma provería al Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS) una amplia autoridad sobre los estándares mínimos que considere necesarios para otorgar licencias a las instalaciones para albergar a bebés.
Las leyes contra inmigrantes sin documentados se están endureciendo en Texas, donde el gobernador Greg Abbott decretó la SB4 contra las “ciudades santuario” y que alienta la práctica “muéstrame tus papeles”.
El nuevo proyecto deberá pasar una tercera lectura y luego dirigirse a la Casa de Representantes.
PRODERECHOS DEMANDARÁN A TEXAS
Varias organizaciones proderechos civiles de todo EU anunciaron hoy que interpondrán “próximamente” una demanda contra el estado de Texas por promulgar una ley que prohíbe las “ciudades santuario”, que se niegan a cooperar con el Gobierno federal en la detención de indocumentados.
“Habrá muchos litigios para impedir la implementación de esta ley, que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución y atropella las capacidades de las autoridades locales”, apuntó en una conferencia telefónica Thomas Saenz, presidente del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), quién dijo que su grupo presentará una demanda dentro en un plazo de dos semanas.
Además de esta asociación, representantes del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, en inglés), la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos y Civiles, Mi Familia Vota, Asian Americans Advancing Justice (AAAJ) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otras, también expresaron hoy su intención de llevar esa legislación a los tribunales en próximas fechas.
Los grupos deberán presentar los requerimientos judiciales antes del 1 de septiembre, fecha en la que, según las reglas de la legislatura texana, esa legislación entrará en vigor.
Líderes nacionales de derechos civiles analizaron las consecuencias de esta ley, conocida como SB4, ratificada el domingo por el gobernador texano, Greg Abbott, y que obliga a las autoridades locales a identificar y detener a los indocumentados y permite cuestionar el estatus migratorio de los sospechosos.
La presidenta y consejera delegada de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos y Civiles, Vanita Gupta, calificó esta ley como “una herramienta más” de la “máquina de deportación masiva” del presidente Donald Trump, e indicó que se trata de la legislación antiinmigración “más extrema” de Estados Unidos de los últimos años.
“Es una ley que va en contra de nuestros principios como nación y que promueve el miedo entre, no únicamente los indocumentados, sino todas aquellas personas que tengan un color o acento diferente”, señaló Gupta.
En este sentido, la también presidenta y consejera delegada del NCLR, Janet Murguía, señaló que los mandatarios texanos han escondido esta “draconiana” legislación tras motivos de seguridad pública, cuando en realidad los inmigrantes tienen una tasa criminal “muy inferior” a los nacidos en Estados Unidos.
Esta activista no cerró las puertas a realizar un boicot a Texas en el futuro por esta legislación, una medida que su organización ya impulsó hace siete años en motivo de protesta de una ley de Arizona conocida popularmente como “enséñame los papeles”.
En esa ocasión, el boicot se centró en la promoción de cancelación de convenciones, reuniones y conferencias en Arizona, cuya economía depende en parte del comercio y el turismo desde otros estados y de México.
Otra de las consecuencias que preocupa mucho a estas organizaciones es que la SB4 provocará una “gran” disminución de las denuncias por parte de los indocumentados que hayan sufrido un robo, una agresión, una violación o hayan sido víctimas de abuso doméstico, por temor a ser detenidos.
Los activistas también denunciaron que esta ley dejará a los jefes de policía y a las oficinas del alguacil de Texas en una situación “muy complicada”, porque tendrán que decidir si “traicionan” a sus comunidades o se arriesgan a perder su trabajo o, incluso, ir a la cárcel.
Asimismo, la directora de políticas inmigratorias de ACLU, Lorella Praeli, advirtió que esta legislación tendrá un impacto “enorme” en los visitantes del estado de la estrella solitaria, que estarán sujetos a que les pidan la documentación por su apariencia física o manera de actuar.
