Especialistas en el tema observan en lo ocurrido hace unos días en la Cámara de Diputados, elementos recurrentes, vistos en varios episodios: discusiones fast track, a puerta cerrada, sin consenso, sin previo aviso de nadie; en este caso, otra vez ocurrió en materia de radiodifusión y en concreto, con los derechos de las audiencias que podrían quedarse sin un órgano que pueda defenderlas ante los concesionarios. La perspectiva del dictamen presentado por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano –y avalado por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México– es que será aprobado, a pesar del fuerte retroceso que esto signifique para el sector.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– A puerta cerrada, sin previo aviso, con sólo 19 de los 26 diputados que integran la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados y con la Diputada priista Carmen Salinas durmiendo, Federico Döring Casar y Clemente Castañeda Hoeflich, presentaron para su aprobación una serie de iniciativas que dejan a las audiencias sin un órgano que pueda defenderlas ante los concesionarios.
El dictamen fue propuesto por los diputados de Movimiento Ciudadano [Castañeda Hoeflich] y el Partido Acción Nacional [Döring Casar]. El legislador Castañeda propone derogar la distinción entre información y opinión, en tanto que el Diputado Döring planteó el resto de las modificaciones que atentan contra las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los derechos de las audiencias.
El IFT ahora ya no podrá suspender las transmisiones de los concesionarios por violar los derechos de las audiencias y queda sólo como un ente encargado de la autorregulación de los concesionarios. Además, quita la obligación a los concesionarios de radio y televisión de incluir en sus programas una distinción explícita entre opinión e información, tema que se enmarca dentro del proceso electoral de 2018.
PAN, PRI y Partido Verde votaron a favor; el PRD se abstuvo. Así pasarán las modificaciones al Pleno para que sean aprobadas. Los diputados actuaron rápido, incluso más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que está por atender “el exceso de facultades” del IFT que reclamó Presidencia en los primeros días de febrero.
Aleida Calleja Gutiérrez, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), el modo de actuar de la Cámara de Diputados, muestra claramente que en México los poderes institucionales están al servicio de los intereses de poderes fácticos particulares.
“Todo se hizo so pretexto a la defensa de la libertad de expresión, porque apelaban a una autorregulación de la que tenemos todas las evidencias de que nunca sirvió y justo por eso se planteó una regulación”, explicó la experta.
Para Mony de Swaan Addati, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y socio de CEIAP, resulta preocupante esa costumbre o tradición de las formas con las que “nuestros supuestos representantes reforman las leyes”.
“Vemos cómo un grupo de legisladores se sientan a puerta cerrada a modificar leyes, derechos y facultades que nos competen a todos los mexicanos. Son incapaces de siquiera abrir la mesa a un debate, incapaces de escuchar a todas las partes y básicamente regulan a favor de quienes no representan”, sostuvo De Swaan Addati en entrevista con SinEmbargo.
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El inicio del problema se remonta a los lineamientos de derechos de las audiencias que fueron emitidos por el IFT, a inicios de este año.
La Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2014 y que forma parte del paquete de Reformas Estructurales promovidas por el Presidente Enrique Peña Nieto, promulgó los lineamientos de derechos de las audiencias, pero a los pocos días de que éstos entraran en vigor, el Senado de la República se lanzó contra la Ley, al considerar que ésta establecía una “censura previa”.
Por su parte, Presidencia se lanzó contra el IFT, al señalar que éste no tiene las facultades para determinar los derechos de las audiencias y también reclamó al Senado haber aprobado esas atribuciones.
Dos meses después, el diputado panista, Federico Döring, presentó la iniciativa que busca derogar las atribuciones del IFT.
El documento que presentó el legislador propone la suspensión precautoria de transmisiones, por considerar “actos de censura previa que está prohibida por al Constitución”, argumento también ha sido utilizado por los concesionarios; limita al Instituto sus facultades para emitir sanciones y refrendó “el principio de autorregulación” en materia de derecho de las audiencias.
Todo esto, de acuerdo con los especialistas, es claramente un gran retroceso.
ATROPELLO A LOS DERECHOS
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) también se pronunció en contra de lo hecho por los diputados y consideró que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, presidida por la Diputada del Partido Verde, Lía Limón García, aprobó un dictamen regresivo y contradictorio que “desmonta la noción de servicio público, debilita las atribuciones del IFT y desprecia los derechos de las audiencias”.
La Asociación criticó que la discusión se haya realizado de manera improvisada y a espaldas de las organizaciones de la sociedad civil, “como siempre que los legisladores quieren congraciarse con la industria de la radiodifusión, la deliberación del dictamen fue atropellada, expedita, apabullante y colmada de falacias pero eficaz en sus objetivos de agradar a los concesionarios”.
De acuerdo con Calleja Gutiérrez, de lo que resulta más preocupante es que las facultades que se le restaron al IFT, pasen a manos de la Secretaría de Gobernación, cuando fue claro durante muchas décadas de que se trata de una instancia “inútil” para atender el tema de los servicios audiovisuales para la población.
Aunado a eso, regresarle el tema de contenidos al órgano político, a nivel mundial siempre es un tema de escándalo, porque no es posible que un órgano político sea el que regule contenidos en radiodifusión.
“Lo que se pretende es desmontar lo ya logrado para regresar al modelo que teníamos antes, donde el Ejecutivo federal decidía en el sector y donde había un control y un manejo discrecional, político, de todo el sector”, agregó. Calleja Gutiérrez
“Lo que tienes claramente son poderes institucionales al servicio de los intereses de poderes fácticos particulares. Incluso el dictamen que Movimiento Ciudadano defiende que era el menos grave, que es la diferenciación entre opinión e información, en realidad es un mecanismo de protección de la publicidad encubierta. Esto en época electoral. Lo más grave de todo esto es la utilización de las instituciones del Estado, al servicio de unos cuantos particulares. Esa es la vergüenza”, aseguró Calleja.
Al respecto, Mony de Swaan insistió en que lo preocupante, más allá de lo que se quiere reformar, son las formas en que se hace y que no se debe seguir aceptando en un país supuestamente democrático.
“Y ya basta. Lo hicieron en 2006, en 2011, en la Ley Secundaria en 2013 y ahora de nueva cuenta en 2017. Es una costumbre por parte del Congreso tramitar leyes a escondidas, días antes de semana santa. Es una copia de lo que pasó con la Ley Televisa, en cuanto a procedimiento”, comentó.
EL DÉBIL IFT
De Swaan también abordó el papel del regulador, el IFT. El ex presidente de Cofetel, considera que es notorio que este pleno del IFT, nunca tuvo la necesidad de luchar por facultades, razón por la que han dejado que les arrebaten mucho, al considerar que tienen otras, que son demasiadas o que no les gustan.
“Ellos, al tener un mandato constitucional, que defenderá a las audiencias, en ausencia de un número importante de personas que se opongan al atropello del Congreso, uno confía que tiene como aliado al Instituto, pero éste sólo ha solapado y ha sido un pobre bufón en este caso. No ha sido la primera vez que el Congreso intenta arrebatarle facultades. Ya había pasado”, agregó.
El IFT, en un comunicado de prensa publicado el pasado 6 de abril, sostuvo que es la Constitución en el Artículo 6 donde se reconocen los derechos de las audiencias.
“Como es del conocimiento público, se han presentado controversias constitucionales en contra de la ley emitida por el Congreso de la Unión y los lineamientos que sobre esta materia emitió el IFT en cumplimiento de dicha ley. Ante las descalificaciones sobre la actuación del IFT por parte de algunos legisladores, el Instituto reitera su convicción de haber actuado en todo momento conforme a su mandato constitucional y cumpliendo a cabalidad con lo ordenado en la ley por el propio Congreso de la Unión. Por ello, estimamos que las controversias constitucionales representan una oportunidad muy valiosa para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre el alcance y tutela efectiva de los derechos de las audiencias, de acuerdo con nuestra Constitución y tratados internacionales de los que México es parte”, dijo el IFT.
Luego, comentó que respetará la facultad del Congreso de la Unión para reformar la ley y adoptar “en su caso”, un nuevo modelo de protección de derechos de las audiencias.
Para De Swaan, el comunicado del IFT “es una vergüenza institucional de magnitudes desproporcionales, básicamente le dicen al Congreso que ahí les dejan la tarea, que hagan lo que quieran y que confían en su prudencia.
No hay una sola mención a favor de la ciudadanía, del consumidor, de las audiencias”.
“Es un órgano timorato, compuesto por comisionados y comisionadas que han tenido la vida fácil. Se les dieron una serie de facultades que han dejado ir graciosamente hacía el Congreso para impedir no enfrentarse con otros poderes”, destacó.
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La Amedi refirió que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le otorgó al IFT la facultad de regular, promover y supervisar la prestación de los servicios de radiodifusión. En función de ello, la ley secundaria le ordena vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y emitir los lineamientos correspondientes.
Entonces, el dictamen contradice todo ello: le retira al IFT la facultad de sancionar el incumplimiento de los Lineamientos Generales de Defensa de las Audiencias, “o sea, a los concesionarios muy poco les importa los derechos de las audiencias y no quieren ser sancionados por pasar encima de ellos y de los lineamientos que los norman.
Finalmente, Calleja Gutiérrez explicó que el IFT puede imponer controversia por evasión de facultades, pero no lo quisieron hacer cuando fue la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y ve poco probable que lo hagan ahora, “ojalá me equivoque, pero no veo el talante del regulador para defender sus propias facultades”.
