El Senado decidió posponer la designación del Fiscal Anticorrupción para después del periodo vacacional de Semana Santa, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción está “incompleto”, dijo la presidenta del Comité Coordinador del sistema, Jacqueline Peschard. A la par, siete entidades no cuentan con el requisito de una reforma constitucional satisfactoria o una ley para implementar su Sistema Local Anticorrupción. Entre ellas, justamente Veracruz, Chihuahua y Coahuila, cuyos ex gobernadores han sido señalados de desvío de recursos públicos.
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Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Veracruz, Chihuahua y Coahuila, estados inmersos en escándalos de corrupción, son precisamente los que menos han cumplido con los requisitos para implementar su Sistema Local Anticorrupción (SLA). Mientras se completa el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el Procurador Raúl Cervantes quien debe atender estos casos para que no se repitan en las actuales administraciones estatales, dijo Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los ex Gobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para su eventual detención. El veracruzano es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El chihuahuense, de malversación de fondos públicos.
Rubén Moreira, por su parte, fue denunciado por el delito de desvío de recursos públicos para usos electorales y para empresas fantasma ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el Partido Acción Nacional (PAN). La bancada del blanquiazul en el Congreso de Coahuila exigió al Gobernador que se separe de su cargo por 30 días mientras se investiga “el faltante” de 32 mil millones de pesos en la administración estatal.
“Los casos de corrupción que tienen que ver justo con esos estados pueden ser atendidos por el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Lo importante de que estas entidades adapten su Sistema Local al Sistema Nacional Anticorrupción es que se genere un sistema integral para que en el futuro no vuelvan a haber estos casos”, afirmó Kaiser en entrevista.
Veracruz, Chihuahua y Coahuila van “mal y lento” en la configuración de sus sistemas locales desde el plano legal. Aún no lo tienen listo. Sin embargo, dijo Max Kaiser, “no quiere decir que no haya nadie que pueda atender los casos que en este momento están abiertos”.
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El director de Anticorrupción de IMCO explicó que estamos en un periodo de transición. El martes se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción por lo que las autoridades federales “ya pueden atender los casos” en lo que se termina de configurar a nivel local y hasta que el Senado designe al fiscal especializado.
Durante el evento, la presidenta del Comité, Jacqueline Peschard, reconoció que el SNA actualmente está “incompleto” a falta de ese nombramiento, así como el de los magistrados de la sala especializada.
El Comité Coordinador enfrenta “fuertes resistencias” basadas en prácticas ilegales que han supuesto hasta la fecha una “barrera eficaz” para la acción de la justicia, añadió.
De hecho, el Senado “destrabará” la asignación del fiscal especializado hasta después de vacaciones de Semana Santa, pese a que el periodo de sesiones acaba hasta finales de abril.
Después del periodo vacacional, los grupos parlamentarios comenzarán a perfilar candidatos con “atribuciones” y que no dependan directamente del Procurador Cervantes.
Este miércoles, la Coparmex, IMCO y Transparencia Mexicana informaron que solo Puebla, Nayarit y Chiapas han establecido su reforma constitucional y ley para impulsar su Sistema Local Anticorrupción. Las 32 entidades tienen hasta el 18 de julio para hacerlo y con ello el Sistema Nacional Anticorrupción quedará completo.
Durante la conferencia de prensa expusieron su “preocupación” en algunas constituciones estatales sobre el grado de autonomía e independencia de las Entidades Estatales de Fiscalización y las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia.
“Desde el plano legislativo se debe vigilar la autonomía e independencia de los órganos. Se genera estableciendo procesos de designación adecuados, dando herramientas suficientes a las autoridades y protegiendo la permanencia de los cargos”, declaró Max Kaiser.
LOS DUARTE Y MOREIRA
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Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Rubén Moreira Valdez, los tres priistas, han sido señalados por operación de recursos de procedencia ilícita. Los dos Duarte ya son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en más de 190 países y Rubén, el hermano de Humberto Moreira que dejó a Coahuila con una deuda por más de 36 mil millones de pesos, ha sido denunciado ante la PGR.
El prófugo priista Javier Duarte de Ochoa fue visto públicamente por última vez en octubre de 2016. Gobernó Veracruz de 2010 a 2016 y es señalado como responsable de la quiebra del estado.
La Interpol lo busca por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Ha sido acusado de poseer varias casas y fincas en México compradas con recursos públicos desviados.
El mes pasado, el ex Gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, fue encerrado en un penal por encubrir a Duarte, a quien le prestó un helicóptero para facilitar su fuga, así como por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Durante el sexenio de Duarte de Ochoa los asesinatos y desapariciones se dispararon. Incluso fue acusado de estar involucrado en el asesinato de periodistas en Veracruz, entidad que se convirtió en la más letal para la prensa durante su gestión al registrar 17 asesinatos.
Además de saquear las arcas de los programas sociales y de infraestructura, su gobierno desvió recursos de municipios de alta marginación como Mixtla de Altamirano, Mariano Escobedo y Tatahuicapan de Juárez, reportó el diario local Blog Expediente.
El otro Duarte, el ex Gobernador de Chihuahua, es buscado por la Interpol por malversación de recursos públicos. El gobierno de su sucesor, Javier Corral, se ha dedicado a señalar sus actos de corrupción.
“Vamos por toda la red de corrupción política que se tejió en la pasada administración, ex funcionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por su puesto encabezados por el ex Gobernador [César Duarte Jáquez]”, dijo Corral la semana pasada.
El priista Arturo Enrique Tarín García, un antiguo colaborador de César Duarte, se refugió durante horas en la sede de la Cámara de Diputados para evitar ser detenido en espera de un amparo para evitar la cárcel. Se encontraba ahí para tomar posesión como diputado federal para suplir al legislador Carlos Hermosillo, quien murió en un accidente de tráfico.
No obstante, antes de que pudiera asumir el cargo, la Cámara de Diputados recibió un oficio de la Fiscalía General de Chihuahua notificándole la orden de detención en su contra. Es una de las personas acusadas por la Fiscalía General de Chihuahua de participar en diversos delitos que afectaron el patrimonio del estado.
Según el panista Corral, el ex Gobernador César Duarte es “un prófugo de la justicia” y huyó a El Paso, Texas, para evitar su captura.
En noviembre pasado, el panista Gustavo Madero denunció a Duarte por el supuesto desvío de al menos 500 millones de pesos a través de empresas fantasma. Acusó al Gobierno de realizar adjudicaciones directas a un puñado de amigos en lugar de llevar a cabo licitaciones, lo que llegó “a representar más del 60 por ciento de toda la obra pública”, y de vender “bienes públicos a precios ridículamente bajos a los cercanos del gobernador”, en operaciones financiadas “de manera muy ventajosa”.
Finalmente, el coahuilense Rubén Moreira enfrenta denuncias ante la PGR. La más reciente es por desvío de recursos públicos para uso electoral. En septiembre, además, el Senador panista, Luis Fernando Salazar Fernández, lo denunció y acusó de desviar 160 millones de pesos del erario público a empresas fantasma.
“El moreirato insiste en robarle a las familias coahuilenses. Le exigimos al Gobierno federal que no sea cómplice y omiso de los políticos corruptos de Coahuila”, acusó el panista.
El año pasado, senadores del PAN también denunciaron ante la PGR al ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.
