Para Colombie, "las autoridades locales y nacionales eran conscientes del grado de peligro" que corría Pineda Birto, dado que había sido objeto de amenazas e intentos de asesinato durante años en relación con su trabajo
París, 10 marzo (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) reclamó que se cambie "a fondo" el sistema de protección oficial para periodistas en México a la vista de lo ocurrido con el asesinato el pasado día 2 en el Estado de Guerrero del director del diario "La Voz de la Tierra Caliente", Cecilio Pineda Birto.
A Pineda Birto, que llevaba años amenazado de muerte y había recibido una protección que sus colegas consideraban insuficientes, se la retiraron en octubre del pasado año.
"Este caso en particular ilustra la gran necesidad de replantear a fondo los procesos de evaluación de riesgos y la supervisión de medidas previstas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de evitar que este tipo de tragedias se repitan", declaró el director de RSF para Latinoamérica, Emmanuel Colombie, en un comunicado.
Para Colombie, "las autoridades locales y nacionales eran conscientes del grado de peligro" que corría Pineda Birto, dado que había sido objeto de amenazas e intentos de asesinato durante años en relación con su trabajo.
Reporteros hizo notar, de acuerdo con sus colegas y allegados, que "no existe ninguna duda de que el crimen está relacionado con su labor periodística" y recordó que horas antes de su asesinato había puesto en línea un vídeo en el que señalaba vínculos "fuertes" entre las autoridades de Tierra Caliente y el narcotraficante Raybel Jacobo de Almonte, alias "El Tequilero".
Después de haber logrado escapar a un ataque en 2015 y de presentar una denuncia, el departamento de Gobernación le aconsejó que abandonara su ciudad, algo que no quiso hacer, sobre todo por razones de salud.
En enero del año siguiente, le pusieron rondas policiales, pero tras una nueva evaluación y otra propuesta de que dejara su domicilio (a lo que se negó), se las retiraron en octubre y se cerró su expediente.
RSF subrayó que ni en la ley ni en el mecanismo de protección se contempla que se retire la protección ni que se ponga fin al expediente porque una persona se niegue a cambiar de residencia.
