La Auditoría Superior de la Federación detectó en su reporte «Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia», el cual forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, que el Gobierno de Veracruz no recibió la totalidad de los recursos programados por la Secretaría de Gobernación para prevenir el delito «debido a que se presentaron inconsistencias en el manejo de los recursos». Estas irregularidades se suman a las detectadas en la cuenta pública de ese mismo año del estado. Fueron más de 50 las auditorías practicadas a la Cuenta de Pública del gobierno de Javier Duarte, cuyo resultado más relevante es el presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos sólo para las dependencias que acumulan los quebrantos más importantes.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno de Veracruz, que encabeza el priista Javier Duarte de Ochoa, fue el único en no recibir la totalidad de recursos otorgados en 2014 por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) a causa de «inconsistencias en el manejo de los recursos», refiere la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su reporte «Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia», el órgano auditor detalló que en 2014 el monto de los recursos del subsidio que otorgó el Gobierno federal a las entidades para prevenir el delito fue de 2 mil 595 millones de pesos. De este monto el 5.0 por ciento se destinó a gastos indirectos y de operación ejercidos por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, y el 95.0 por ciento se distribuyó entre las 32 entidades federativas.
La Auditoría indicó que los 2 mil 465 millones 250 mil pesos programados por la Segob se distribuyó de la siguiente manera en cuatro objetivos: el 16.8 por ciento se destinó a incrementar la corresponsabilidad ciudadana; el 39.7 por ciento fue para reducir la vulnerabilidad; el 38.6 por ciento para propiciar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; y el 4.9 por ciento para fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana.
El reporte expone que los 2 mil 442 millones 745 pesos ejercidos en 2014 se otorgaron por medio de dos ministraciones, la primera por 1 mil 725 millones 675 pesos (70.6 por ciento) y la segunda por 717 millones 070 mil pesos (29.4 por ciento).
Respecto de la primera ministración, en las 32 entidades federativas se otorgó el 70.0 por ciento del monto total asignado, mientras que en la segunda ministración se otorgó sólo el 30 por ciento en las 32 entidades.
El estado que no recibió la segunda ministración fue Veracruz, «debido a que se presentaron inconsistencias en el manejo de los recursos, situación que fue notificada por la Segob a la entidad con el oficio núm. SPPC/DGCOT/1168/2014 del 12 de diciembre de 2014, por lo que se procedió a la cancelación de la transferencia de los recursos».
«Al respecto, la Segob señaló que no contó con fundamento jurídico que le permitiera requerir a la entidad el reintegro de los recursos ministrados, en virtud de que éstos habían sido comprometidos al momento de la verificación correspondiente», dice el reporte de la Auditoria.
El documento precisa que a causa de la intervención de la ASF, Gobernación adjuntó la propuesta de Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito para el ejercicio 2016, en los que se dejó planteo que para un incumplimiento similar, la unidad administrativa competente podrá ordenar la cancelación de la segunda ministración sin cancelar el convenio respectivo.
En su revisión, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en la cuenta pública de 2014 de Veracruz, en todos los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Fueron más de 50 las auditorías practicadas a la Cuenta de Pública 2014 del gobierno de Javier Duarte, cuyo resultado más relevante es el presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos sólo para las dependencias que acumulan los quebrantos más importantes.
En su tabulador que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, Veracruz aparece en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. El ente fiscalizador incluso reclamó al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.
El Gobernador Javier Duarte desechó las acusaciones por el supuesto desvío de recursos del erario. «Todos los recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación se han destinado y aplicado en actividades propias de la gestión pública”, expresó el mandatario hace una semana en conferencia de prensa.
“No se ha empleado un sólo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno… Todas las observaciones se están atendiendo en los tiempos que marca la Ley, dentro del proceso de solventación”, agregó.
Duarte de Ochoa dijo no creer «en la política del descrédito, de la confrontación estéril, ni de la condena oportunista. No obedezco a presiones electoreras; opto por gobernar responsablemente para dar resultados a Veracruz”.
Ese mismo día, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, denunció que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, no sólo debe a la institución 2 mil 700 millones de pesos, sino que tampoco ha otorgado los recursos presupuestados para 2016. Académicos han alertado que el Gobierno estatal está “asfixiando” y dando una “muerte lenta” a la casa de estudios.
Cientos de estudiantes han tomado las calles de diversos municipios, entre ellos Xalapa, Boca del Río y en Veracruz, en contra del Gobierno de Duarte de Ochoa, por la deuda que tiene con la Universidad, y en rechazo de la reducción del presupuesto universitario. A las protestas en defensa de la UV, se han sumado profesores, investigadores, personas administrativos, pensionados y ciudadanos en general.
Estos señalamientos en contra del mandatario han propiciado que las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por separado, presentaran formalmente la demanda de juicio político en su contra.
Al Gobernador también se le imputa el caso de desaparición forzada de los cinco jóvenes de Tierra Blanca, al estar involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Este caso, que ha sido comparado por su similitud con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, forma parte de la situación de violencia por la que atraviesa la entidad.
Durante el Gobierno de Javier Duarte la cifra de homicidios dolosos se disparó en comparación con el del también priista Fidel Herrera. Pues a cinco años y dos meses de Duarte en Veracruz, hasta enero de 2016, se acumulaban ya 3 mil 919 asesinatos, mientras durante el sexenio de Herrara se registraron unos 2 mil 755 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los asesinatos en Veracruz no han disminuido durante ningún año del Gobierno de Duarte frente a los de su antecesor. Por ejemplo, uno de los años en que la entidad registró un menor número de estos delitos durante los últimos once años, fue en 2009, con Fidel Herrera, cuando se contabilizaron 347. De ahí, sólo en 2014, Veracruz ha visto una disminución cuando hubo al menos 487 asesinatos. Durante enero de este año, ya se habían registrado 80.
