Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció la toma de tribunas y movilizaciones en las calles para frenar la Ley General de Aguas.
Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, rechazó la legislación que se detuvo en el Congreso de la Unión, por ser “privatizadora” y afectar a la población en su acceso básico al líquido.
“Vamos a dar la batalla en tres rubros: debate de ideas, dentro de la Cámara se tomarán tribunas y en las calles con Movilización ciudadana”, dijo el dirigente de Morena.
Batres acompañado de la candidata a la delegación Iztapalapa Clara Brugada y del investigador Pedro Moctezuma Barragán, indicó que Morena rechaza por completo el dictamen que se encuentra en discusión.
El dirigente de la fuerza política dijo que el partido apoya en su totalidad la propuesta del Movimiento Agua para Todos, que durante dos años construyó una propuesta que ya fue entregada a los legisladores.
La propuesta ciudadana dijo es agua para la población, mientras que el dictamen que se discute es agua para la privatización.
Este lunes, Manlio Fabio Beltrones, Coordinador Parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que la Junta de Coordinación Política de San Lazaro acordó posponer la discusión de la nueva Ley General de Aguas, prevista para este martes, “el tiempo que sea necesario”.
“Aunque con distintas expresiones del porqué, hemos resuelto que se difiera su discusión del día de mañana por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se acabe la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”, dijo Beltrones en conferencia de prensa.
El Diputado tricolor indicó que habrá tiempo suficiente “para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la iniciativa ni el dictamen hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos lo han expresado”.
También ayer, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.
“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.
Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
