Están en el podio del Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla, pero además se distinguen por su opacidad. En Quintana Roo, Estado de México y Baja California los delitos se castigan menos, mientras que normativas imprecisas y sistemas Infomex limitados acotan el acceso a la información. Los Gobiernos de las tres entidades han logrado reservar hasta más de diez años asuntos de interés nacional. El panorama es contrario a la armonización que ordena para mayo la Ley General de Transparencia.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Ubicados en diferentes regiones de la República, con diferentes causas, Quintana Roo, Estado de México y Baja California se abrieron paso como los primeros estados en el Índice Global de Impunidad de México 2016, de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP); es decir, en sus demarcaciones, los delitos se castigan mucho menos que en el resto de entidades.
A la par de ese mal, estos estados de la República comparten otra característica: una marcada opacidad en el desempeño de sus ejercicios públicos. Sistemas de acceso a la información limitados y disfuncionales, plazos de diez años o más para reservar información crucial y tardanzas en las respuestas son elementos comunes en esos estados.
Quintana Roo, Estado de México y Baja California aparecen con niveles reprobatorios en estudios como la Métrica de la Transparencia elaborada por el Centro de Investigaciones Docencia Económicas (CIDE), el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y el “Análisis del Régimen de Transparencia y Acceso a la Información en los Estados y la Federación” del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Para los tres hay un denominador: las legislaciones de Transparencia están abocadas a reservar información con plazos ilimitados, lo que impide conocer los pormenores de algunos asuntos de interés nacional y que en el presente ayudarían a los ciudadanos a tomar decisiones.
Por ejemplo, un marco normativo que extiende hasta el infinito los plazos para reservar información, le permitió al Gobernador Eruviel Ávila Villegas del Estado de México clasificar hasta 2024 los datos relacionados con el Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA), la concesión que originó el escándalo de corrupción de la filial en México de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL).
En Quintana Roo, un ordenamiento similar que reserva de manera indefinida la información relacionada con las reservas territoriales, es el argumento del Gobernador Roberto Borge Angulo para no informar sobre las 57 hectáreas del manglar de Tajamar, donde se pretende construir el proyecto turístico Malecón Tajamar.
Y en Baja California, los jornaleros de San Quintín que reclaman seguridad social no han obtenido los datos de cómo se ejerce el presupuesto en el rubro de Salud y cuál es la razón para no estar incluidos en los padrones porque el Gobierno mantiene bajo reserva esa información.
Mientras, el tiempo empieza a correr en contra. La reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) ordena que en mayo de este año, los sistemas de Transparencia de las 32 entidades federativas queden armonizados en un formato homogéneo con el fin de hacer más efectivo el derecho a la información de los ciudadanos. Ninguno de estas entidades ha mostrado avances rumbo a este cambio.
QUINTANA ROO: LA CERRADURA INVIOLABLE
Iniciadas sus operaciones el 30 de abril de 2010 –una década después de que en México se promulgó la legislación de Acceso a la Información-, el sistema Infomex en esta entidad sólo obliga al Poder Ejecutivo, diez municipios y dos órganos autónomos.
Pero aquí hay una cerradura por ahora inviolable. En 2007, Félix González Canto, quien gobernó el estado de 2005 a 2011, publicó en el Periódico Oficial del Estado, el “Acuerdo por el que se clasifica como reservada diversa información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo”.
Vigente hasta ahora, colgado en el portal cibernético del Gobierno del Estado, ese documento ha desplegado durante casi una década una lista de asuntos que los ciudadanos no pueden conocer: el número de elementos policiales que integran la Secretaría de Seguridad Pública, los expedientes administrativos del Poder Ejecutivo, las averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la lista de clientes de las entidades paraestatales, los estudios y proyectos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y la relacionada con la reserva territorial del Estado de Quintana Roo.
De extracción priista, el primero en apegarse a ese acuerdo fue el mismo ex Gobernador al negar la lista de clientes de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de CV, cuyo accionista principal era el Gobierno de Quintana Roo.
Ahora mismo, en el Gobierno de Roberto Borge Angulo –amigo del ex mandatario-, hay otro ejemplo: no es posible obtener respuestas respecto a las 57 hectáreas del manglar de Tajamar, donde se pretende construir el proyecto turístico Malecón Tajamar porque se trata de reservas territoriales, un asunto clasificado.
Este ordenamiento legal es también la razón jurídica para que Quintana Roo haya sido una de las dos entidades –Michoacán fue la otra- sin aparecer en el diagnóstico sobre desarrollo policial, realizado por la organización civil Causa en Común. La asociación no pudo preguntar nada sobre la corporación policiaca.
Con todo, Quintana Roo aparece como el estado de menor acceso público al desglose de recursos de dependencias y sueldos de funcionarios en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) que realizó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) el año pasado. En la Métrica de la Transparencia del CIDE tiene .678 puntos, por debajo del promedio que es de .723 cuando la máxima puntuación es 1.
ESTADO DE MÉXICO: DATOS ABIERTOS, PERO HASTA 2024
Si bien la ejecución de 22 personas en una bodega de Tlatlaya a mediados de 2014 corresponde al ámbito federal, el Gobierno de Eruviel Ávila del Estado de México se negó a brindar información suficiente a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el caso. Para no generar datos, se apegó a la legislación de Transparencia que en esta entidad no es precisa en el plazo permitido para mantener bajo reserva la información: los plazos pueden extenderse hasta el inifinito a partir de los nueve años.
También, atenido a su normativa, toda la información relacionada con el SIVA no será conocida hasta 2024. Aunque desde 2013, el conductor que transita cada día por el Circuito Exterior Mexiquense ha pagado 50 centavos para ser monitoreado con ese sistema, no tiene derecho a solicitar cuál ha sido el destino de sus pagos.
El Gobierno argumenta que la concesión del Circuito está inmersa en un proceso judicial. En mayo de 2015, el Gobierno canceló el contrato por considerar que la empresa encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio, de 50 centavos. Luego, el mismo Gobierno Mexiquense acordó con OHL México continuar con ese mismo cobro. La decisión de la remoción del contrato habría sido una orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según uno de los audios colgados en el canal de Youtube sobre presuntos actos de corrupción del corporativo.
Tampoco ha querido, el Gobierno de Ávila Villegas, precisar cuál es el ejercicio de los recursos destinados desde la Secretaría de Gobernación para la instalación de la Alerta de Género en once municipios, decretada en junio del año pasado.
De acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, elaborado por el Centro de Investigación y Análisis Fundar, las leyes de transparencia en el Estado de México arrojan una calificación de 5.1, no muy lejos del peor calificado: Hidalgo, con 4.5 puntos. El IMCO, en cuanto a conocimiento de sus recursos públicos por parte de los ciudadanos, le da 61 por ciento de cumplimiento. Y el CIDE le da .746 para el funcionamiento de su sistema de información cuando la calificación es de 1.
BAJA CALIFORNIA: VELOS ANTE SAN QUINTÍN
Aquí, el primer estado del país gobernado por la oposición, donde el electorado mantiene al Partido Acción Nacional (PAN) en el poder desde 1989, el sistema Infomex inició operaciones el 26 de marzo de 2007. Hoy, sólo funciona para el poder Ejecutivo y el Ayuntamiento de Mexicali. El INAI, en su diagnóstico, dice de esta entidad que es limitada en el número de sujetos obligados; por ejemplo, no ha incluido a sindicatos ni a personas físicas o morales. El Gobernador está obligado a responder, pero puede reservarse los montos y personas a quienes se le entreguen recursos públicos.
En 2015, el Colectivo por la Transparencia publicó un extrañamiento sobre Baja California al detectar que en el procedimiento para la selección de los comisionados del órgano garante de Transparencia, no se cumplió el articulo 38 de la recién aprobada LGTAIP que establece que “en los procedimientos para la selección de comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad civil”.
En este estado, la convocatoria para concursar sólo se publicó en un periódico y por un lapso muy breve.
En Baja California, la información puede permanecer reservada de manera ilimitada porque la legislación permite la ampliación, pero omite señalar el plazo.
Dado este esquema, los jornaleros de San Quintín que reclaman seguridad social no han logrado conocer cuál es la partida para el rubro de Salud y de qué manera se ejerce.
A Baja California, el informe Métrica de la Transparencia 2014, que elabora el CIDE lo ubicó en la posición 25 (de 32 entidades) de la evaluación nacional. Le brindó una puntuación de .669 por debajo del promedio nacional que fue de .723 cuando la máxima calificación era de 1. De Baja California, el IMCO indicó que su presupuesto es presentado de manera ilegible, por lo que ni siquiera pudo calificarlo este año.
