El día de hoy se llevará a cabo una reunión en el Salón de la Comisión Permanente del Senado para abordar los temas relativos a la “seguridad interior”, con las comisiones dictaminadoras, “especialistas” y servidores públicos involucrados en la materia. ¿Tiene esta reunión algo que ver con el pánico sembrado a partir de las manifestaciones sociales contra el gasolinazo?

El ambiente se calentó suficiente. Algunos dirían que demasiado, otros pensarán que no fue nada comparado con lo que está por venir. Independientemente de los múltiples intentos por difundir la importancia que tiene distinguir la protesta legítima y pacífica, de las manifestaciones violentas y del saqueo orquestado, los esfuerzos pueden resultar magros cuando hay intenciones contenidas para justificar la presencia de las fuerzas armadas como garantes de la paz social.

No hay especulación cuando se afirma que gran parte de los saqueos fue resultado de un proyecto orquestado. Hay quienes dedican reflexiones a discutir el auténtico incentivo de los que saquean por el placer de robar. Pero sin negar que debe haber quien recurre a su miserable condición de rufián, dedicar demasiadas letras a ello tiene poco valor ahora para el interés público.

Para ello basta ver el estudio realizado horas después de ataque de pánico colectivo, por la organización ciudadana llamada LoQueSigue, en el cual se muestra que hubo una acción orquestada por bots en la que invitaban a saquear tiendas de autoservicio a través del hashtag #SaqueaUnWalmart, con 485 cuentas y más de 1500 mensajes.

Por otra parte, estuvimos bombardeados de mensajes con fotografías y videos que advertían un caos incontrolable. No fue sólo en la Ciudad y en el Estado de México de donde se reprodujeron imágenes violentas en las que ciudadanos e incluso policías saqueaban grandes tiendas de autoservicio. El sábado 7 de enero tras la convocatoria masiva para realizar manifestaciones en los diferentes estados, se alimentó igualmente la invitación a producir y difundir mensajes de alarma. Además de los reventadores que con cuetes se presentaban a las marchas pacíficas para asustar a ciudadanos y justificar la entrada de la policía. En Nuevo León así sucedió.

Un primer objetivo para generar miedo pudo ser para adelgazar la concurrencia de manifestantes inhibiendo su presencia en las calles. De ser así, aunque el derecho a la libre protesta debe estar garantizado, la perversidad parece no ser tan dañina en este contexto.

Sin embargo, cuando sabemos que en los próximos meses estarán aprobando modificaciones al artículo 29 Constitucional y promoviendo una Ley de Seguridad Interior, la reproducción del miedo social podría tener una intención menos inocua.

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Gobierno Patricia Mercado, hizo explícito su desconcierto a la convocatoria articulada desde las redes, e invitó a los ciudadanos a sentirse dueños del espacio púbico. En contraste ni el gobierno mexiquense ni el federal han expresado palabra al respecto.

La reacción del Presidente Enrique Peña Nieto está más enfocada a la coerción que a la investigación del fenómeno de articulación del miedo en las redes. Su primer mensaje para arrancar el año 2017 se centra en advertir que tendrá mano dura: “El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida (la subida de precios) se excusan y cometen tropelías”.

Los requerimientos de las fuerzas armadas para conseguir mayor protección legal en las acciones que durante su desempeño contra el crimen organizado, pretenden extenderse incluso a contextos en los que el crimen organizado no sea un artífice del conflicto. Circulan ya escenas en las que la marina o el ejército intervinieron para detener los “saqueos”. Si acompañamos estas imágenes de aquella que degrada aún más a la policía evidenciando como forman parte de la rebatinga de televisiones para guardarlas en sus unidades, todo parece apuntar a que los únicos que pueden rehabilitar el orden son los militares.

Partiendo de la innegable necesidad de que las fuerzas armadas tengan un marco jurídico para atender situaciones de excepción, es importante no generalizar la legalización de acciones en las que puedan rebasar el ámbito de su competencia. Además, requieren garantías para que las situaciones de excepción se establezcan acotando temporalidad, objetivos y compromisos claros.

A finales del año pasado los diputados estuvieron a punto de votar una Ley de seguridad que más que buscar el regreso progresivo de los militares a los cuarteles, pretendía normalizar su presencia en las calles. Afortunadamente se detuvo su dictaminación. Comenzarán de vuelta los intentos por empujar la militarización de espacios civiles, a través de confusiones absurdas en las que no hacen una distinción clara entre “seguridad pública”, “seguridad interior” o “seguridad nacional”.

El PRI y el Secretario de Gobernación acusan a la oposición de actuar con oportunismo a partir del gasolinazo, ¿Serán ellos capaces de promover en el legislativo los instrumentos normativos adecuados para que no se normalice la militarización? ¿Interpretarán los saqueos orquestados como una causal para emprender la militarización de las calles?  La regulación que impulsen en este sentido determinará si actuaron desinteresadamente o si, como acusaron a sus contendientes políticos, lo hicieron con alevosía y ventaja.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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