Ciudad de México 9 de diciembre (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila negó que 300 personas hayan desaparecido hace más de tres años en el municipio de Allende como parte de una represalia de miembros del cártel de Los Zetas contra la población y precisó que sólo se cuenta con evidencia de que 28 personas fueron plagiadas, de las cuales 11 están muertas.
El Procurador detalló de igual manera que en estos crímenes actuaron ex servidores públicos en complicidad con un comando de Los Zetas, entre ellos dos agentes de la Policía Municipal que están detenidos y enfrentan cargos por secuestro.
Precisó que se trata de Jesús Alejandro Bernal Guerrero y María Guadalupe Ávalos Orozco. Además, dijo hay orden de aprehensión en contra de otros seis policías, Fernando Ríos Bustos, Germán Zaragoza Sánchez y cuatro sujetos más, las cuales están pendientes de cumplimentar.
“Estas personas enfrentarán un proceso penal por el delito de secuestro calificado, con la modalidad de ocasionar un daño cometido en grupo y con violencia. La penalidad que pueden alcanzar es de hasta 45 años de prisión; respecto a dos de ellos, el delito de secuestro calificado resulta agravado por haberse cometido al desempeñarse como elementos de seguridad pública en el momento de los hechos, por lo cual su sentencia puede llegar hasta los 50 años”, dijo en conferencia de prensa el procurador Homero Ramos Gloria.
De acuerdo con las versiones extraoficiales sobre los hechos ocurridos en el municipio de Allende en marzo de 2011, más de 300 personas desaparecieron a manos de la delincuencia organizada en 11 municipios del norte de Coahuila, en su mayoría de Allende, Piedras Negras y Zaragoza.
Los hechos habrían sido represalia del líder de los Zetas en Tamaulipas, Miguel Ángel Treviño o “Z-40″, por la delación sobre su ubicación que hicieron los presuntos narcotraficantes Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, operadores del tráfico de cocaína en la región de Allende.
Los narcos locales llegaron a ganar unos cinco millones de dólares mensuales por el cruce de cocaína de Piedras Negras a Eagle Pass, Texas, con los cuales se habrían quedado luego de traicionar y delatar al capo ante la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
El Z-40 les advirtió entonces que si no le devolvían el dinero mataría a todos sus familiares y amigos, pero Moreno y Garza no le hicieron caso. Se entregaron a las autoridades de EU, donde hoy residen como testigos protegidos.
El líder de los Zetas cumplió su amenaza. El 18 de marzo de 2011 cercó la ciudad con más de 40 camionetas repletas de encapuchados que secuestraron a decenas de personas, entre ellas mujeres y ancianos.
“Ellos querían matarme”, narró Moreno a una corte en Estados Unidos, en declaraciones que fueron publicadas por el diario San Antonio Express News. “Empezaron a matar familias en Allende, Piedras Negras, Múzquiz y Sabinas. Debido a esto, mataron a 200 o 300 personas en Allende”, agregó el testimonio.
Esta masacre permaneció oculta de la opinión pública durante más de tres años, y sólo trascendió a comienzos de 2014, cuando unos 250 militares, acompañados por forenses y efectivos de fuerzas federales y estatales, comenzaron a buscar a los desaparecidos.
Tres años y ochos meses después, el Procurador Homero Ramos Gloria dio a conocer avances parciales de la investigación de la administración estatal sobre los crímenes perpetrados por el grupo criminal “Los Zetas” contra habitantes de Allende, Piedras Negras, Nava.
“En enero de este año se realizó el Operativo de Búsqueda en Vida Coahuila Norte, encabezada por la subprocuraduría, en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno”, señaló el funcionario.
Ramos Gloria dijo que el 18 de marzo de 2011 arribaron a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras un número no determinado de sujetos armados que provenía de Tamaulipas. “Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo”.
“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad, con el objetivo de causarles un daño o perjuicio, a diversos familiares cercanos de ésta persona y junto con ellos a sus trabajadores, así como a civiles que tenían o que quienes ejecutaron la orden, asumieron que tenían alguna relación con quien buscaban”.
El Procurador detalló que “durante el operativo de búsqueda se encontraron 3 mil 450 indicios óseos, de estos la Unidad Científica de la Policía Federal dictaminó que en 2 mil 977 de ellos no es posible determinar su origen ni obtener el ADN porque se encontraban calcinados […] los 473 restantes son analizados a fin de obtener su ADN y, sin duda, los resultados contribuirán en el esclarecimiento de estos hechos”.
