Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación que realiza por la ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de elementos del Ejército mexicano el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó, por medio de un comunicado de prensa, que el pasado 21 de octubre realizó una solicitud de acceso a información pública a la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam para conocer cuántos dictámenes han sido realizados en la investigación del caso Tlatlaya así como para obtener copia simple de los mismos.
En respuesta, la PGR, mediante oficio número SJAI/DGAJ/11187/2014, dijo que se han realizado 11 dictámenes en la investigación. Pero dijo que no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que es información reservada.
Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, fue el primero el declarar “reservada” la investigación del caso; antes, defendió la actuación del Ejército aunque se trató de ejecuciones sumarias. Posteriormente se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa (Sedena) aprobó una resolución, la CI/RIR/1183/14, en la que responde a un ciudadano que también quedará oculta la investigación.
El gobierno de México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, con apoyo de Raúl Plascencia, entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); ahora, se ha recurrido a “congelar” o reservar la información.
Según la Procuraduría, dice la CMDPDH, al tratarse de una investigación en curso no es posible hacer del conocimiento su contenido, ni revelarla a un particular, bajo ninguna circunstancia, por lo que la información permanecerá en tal carácter hasta por un periodo de doce años.
Considerando lo anterior, la organización civil interpuso el día 5 de diciembre un recurso de revisión en donde solicitó que se haga pública la investigación por el caso Tlatlaya “por tratarse de una violación grave de derechos humanos o incluso pudiera configurar como un crimen de lesa humanidad”.
La Procuraduría dijo en su respuesta que la averiguación previa iniciada sobre los hechos fue “por la probable comisión del delito de homicidio” y que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, “la misma no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos”. Indicó que ésta no está publicada en el portal de internet de la CNDH en su sección de “Recomendaciones por violaciones graves” sino simplemente en la sección de “Recomendaciones”.
“La PGR es omisa en aplicar la jurisprudencia recurrente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del orden jurídico mexicano, la cual ha establecido que las violaciones graves de derechos humanos son, entre otras, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Además dicho tribunal ha señalado que ‘resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial”‘, refirió la organización civil.
Por lo anterior, la CMDPDH exigió a la PGR “que considere los hechos de Tlatlaya como violaciones graves a derechos humanos y en consecuencia proporcione la versión pública de los once dictámenes e incluso haga pública la investigación de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
La masacre de Tlatlaya marcó un antes y un después en el actual sexenio. Aunque el hecho fue sepultado, primero por la desinformación y luego por otro evento violento (la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), es considerada por organizaciones internacionales como una de las más grandes tragedias en México en materia de Derechos Humanos.
También puso en evidencia las ejecuciones extrajudiciales en manos de fuerzas del Estado. Fueron militares los que participaron el 30 junio pasado en el operativo en el que murieron 22 presuntos delincuentes, varios de ellos ejecutados a mansalva. El Gobernador de Edomex, Eruviel Ávila, defendió el operativo y congeló el caso por 9 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ahondó más su crisis interna, cuando su titular dijo, sin más datos que sus propios dichos, que había sido un enfrentamiento y no una ejecución sumaria.
Por este caso, los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, enfrentan un juicio por el homicidio calificado de 8 personas, así como por los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
A Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides se les dictó la formal prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Ezequiel Rodríguez Martínez, fue procesado por su probable responsabilidad de Encubrimiento en la Hipótesis de no Procurar Impedir la Consumación de un Delito.
Los siete inculpados se encuentran en reclusión en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en México, Distrito Federal.
