El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” de Transparencia Internacional (TI) reveló que los mexicanos son los que más pagan sobornos con un 51 por ciento de respuestas afirmativas por parte de los encuestados. Los ciudadanos perciben un alto grado de corrupción policial y tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción.
Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47 por ciento de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 por ciento), el primer ministro (43 por ciento), jueces y magistrados (40 por ciento), empleados públicos (37 por ciento) y empresarios (36 por ciento).
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Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– México es el país donde los ciudadanos pagan más sobornos para acceder a los servicios públicos básicos y es uno de los tres países con más corrupción en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un estudio presentado hoy por la organización alemana Transparencia Internacional (TI).
El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca además, tras entrevistar a más de 22 mil personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.
México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 por ciento de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 por ciento), Perú (39 por ciento), Venezuela (38 por ciento) y Panamá (38 por ciento).
Al analizar los resultados por país, se deduce que México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos; en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33 por ciento al 39 por ciento).
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LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO
En función de las respuestas de sus ciudadanos, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, dado que reciben calificaciones negativas en cuatro de los cinco indicadores.
De acuerdo con Transparencia Internacional, en estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores.
La organización alertó al Gobierno mexicano a combatir la corrupción. “La población desea ver que funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si esto no ocurre, los ciudadanos se sentirán incluso más decepcionados con el sistema de gobernanza de su país y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse”, indicó el informe.
Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 por ciento), seguido por la escuela pública (18 por ciento), las oficinas de documentos de identidad (17 por ciento), la policía (16 por ciento), los servicios públicos de agua y electricidad (14 por ciento) y los tribunales (12 por ciento).
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Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47 por ciento de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 por ciento), el primer ministro (43 por ciento), jueces y magistrados (40 por ciento), empleados públicos (37 por ciento), empresarios (36 por ciento) y líderes religiosos (25 por ciento).
Los resultados que arrojó el estudio fueron tomados de encuestas realizadas para Transparencia Internacional por Latinobarómetro y Market Research Services.
Entre mayo y diciembre de 2016, estas encuestadoras llevaron a cabo entrevistas a 22 mil 302 personas en 20 países de toda América Latina y el Caribe en las que fueron interrogadas acerca de sus percepciones y experiencias de corrupción.
EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN
El costo de los actos de corrupción cometidos por la clase política, el sector empresarial y la ciudadanía, que van desde sobornos hasta desvíos de recursos o enriquecimiento ilícito, obstaculiza las inversiones, entorpece la producción, distorsiona la asignación de los recursos públicos y con ello el crecimiento económico.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico) y el Banco Mundial, la corrupción en México representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) la sitúa en 10 por ciento del PIB. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado que en números equivale a 347 mil millones de pesos, una cifra parecida a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.
A las empresas la corrupción en materia regulatoria costó mil 600 millones de pesos durante 2016, reveló una encuesta del Inegi. Por cada compañía, el promedio fue de 12 mil 243 pesos.
La violencia de género también tiene un costo económico. Derivado del daño físico y emocional que demanda gastos médicos, terapia psicológica, absentismo laboral y políticas públicas, la violencia contra las mujeres costó en México 245 mil 118 millones de pesos en 2015, lo que equivale al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el estudio “El costo de la violencia contra las mujeres en México” realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).
Aunque su autora, la académica Hilda Rodríguez, precisó que el costo es aún más elevado, ya que sólo se midió la violencia en el interior de los hogares por parte de la pareja en mujeres casadas.
