Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– El 20 de junio de 2013, Human Right Watch (HRW) pidió –mediante un comunicado– que el gobierno federal investigara de manera exhaustiva e imparcial el asesinato de tres activistas políticos en Guerrero.
El director de HRW, José Miguel Vivanco, condenó los hechos. “Las víctimas temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales”, expuso. Se refería a los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, quienes fueron encontrados muertos sobre una autopista, y al Presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ahora prófugo de la justicia.
Previo al hallazgo, las víctimas habían desaparecido después de bloquear la autopista en protesta contra la política del gobierno local. “Tenemos el temor fundado en que José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal Constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social ‘Unidad Popular’”, cita el documento.
Esa fue una de las tantas señales de que en Iguala las cosas no marchaban bien.
Los ataques armados ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre pasados, que causaron la muerte a seis personas y mantienen en vilo el paradero de 43 estudiantes normalistas, pudieron haberse evitado si las autoridades no hubieran sido omisas para investigar al Alcalde con licencia de ese municipio, por el asesinato de Arturo Hernández Cardona desde hace un año, afirmó la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos no eran la únicas que pedían que se investigara a Abarca Velázquez. López Paulino refirió que no sólo la Red solicitó a la PGR investigar el asesinato de Hernández Cardona, sino que también lo hicieron HRW y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por su sigla en inglés).
“Si la Procuraduría General [de la República] hubiera atraído el caso, hubiera hecho caso no solamente a la Red, no solamente a las víctimas, hubiera hecho caso a los llamados internacionales, creemos que los lamentables hechos del pasado 26 de septiembre no se hubieran dado”, expresó la secretaria ejecutiva de la Red.
“¿Por qué fueron omisas a los llamados de justicia, a las denuncias nacionales e internacionales que hemos venido haciendo en forma sistemática? ¿Por qué han sido omisos?”, cuestionó.
PGR NO HIZO NADA
El pasado fin de semana, el perredista René Bejarano Martínez acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de ignorar la denuncia que desde 2013 existía en contra de Abarca Velázquez, por el asesinato de Hernández Cardona.
Ayer, el Procurador Jesús Murillo Karam dijo que no cuenta con evidencias de que el Edil tuviera nexos con el narcotráfico, pero admitió haber tenido contactos con un miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien decía tener pruebas de la participación de Abarca en un homicidio.
“Lo que él me dijo que iba a traer pudo haber generado alguna idea de complicidad o liga con el narcotráfico, pero nunca lo trajo”, mencionó.
Un testigo de los hechos, Nicolás Mendoza Villa, fue quien señaló al Presidente municipal como el homicida. En marzo de 2014, a petición de las autoridades, rindió su testimonio ante la PGR. La regidora también fue citada por la Procuraduría.
Después de la cita en la PGR, los activistas tomaron la determinación de ir a Estados Unidos, con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), para demandar medidas de protección del gobierno federal, y se entrevistaron con el secretario técnico de la Comisión Interamericana, para saber por qué no se habían implementado las medidas cautelares.
La defensora de los derechos humanos recordó que la Red Solidaria Década contra la Impunidad exigió que se investigara al Alcalde de Iguala desde agosto del año pasado, cuando el obispo de Saltillo y presidente de la organización, Raúl Vera López, acudió a Iguala y se pronunció públicamente sobre el tema.
En octubre siguiente, un notario público avaló el testimonio de Mendoza Villa, tras lo cual se dio a conocer que uno de los testigos de la ejecución de los tres integrantes de la Unión Popular había hecho un señalamiento directo contra el Alcalde de Iguala, refirió López Paulino.
“También hicimos llamados para que este caso fuera atraído por la PGR, sobre todo porque las víctimas no tenían confianza en que la investigación la llevara la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero”, abundó.
Sin embargo, la PGR no hizo caso a esas peticiones, afirmó. El mismo señalamiento hizo Bejarano, quien además aseguró que él personalmente se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y le pidió que la PGR tomara el caso del asesinato de Hernández Cardona e investigara al Presidente Municipal.
Bejarano declaró que le dijo a Osorio Chong lo que le habían dicho los sobrevivientes: “Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo. Nicolás Mendoza Villa dijo ‘me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’ y la PGR no quiso atraer la investigaciones por motivos políticos”.
López Paulino recalcó el cuestionamiento sobre la omisión de las autoridades.
“Las pruebas de que nosotros insistimos que la PGR lo atrajera, las pruebas de que todo este tiempo nosotros hemos pedido justicia por el caso están ahí. Yo creo que habría que preguntarle a las autoridades porque nunca nos hicieron caso”, expresó.
IGUALA, CUNA DEL PELIGRO
Desde hace un año, cuando los perredistas y activistas fueron asesinados, Iguala había estado en la mira de organizaciones y autoridades, pero nadie hizo nada.
Human Rights Watch advirtió por medio de cartas al Estado mexicano y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, pidió que el ex Alcalde de Iguala considerara solicitar un permiso temporal al cargo, mientras se desarrollan las investigaciones sobre los homicidios de los tres líderes sociales.
En mayo pasado, José Villanueva Manzanares, vocero del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó que el gobierno federal investigaría a los 81 alcaldes de la entidad, así como a funcionarios públicos y legisladores locales, por posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Tres meses antes, se anunció que los presidentes municipales serían monitoreados por el gobierno federal, luego de que el 27 de mayo de 2013 el Gobernador Ángel Aguirre llamara a los alcaldes a deslindarse de la delincuencia organizada, porque tenía informes de que había algunos ligados al narcotráfico.
Luego de la declaración del Gobernador guerrerense, varios alcaldes fueron señalados públicamente por tener nexos con la delincuencia organizada, entre ellos José Luis Abarca Velázquez, de Iguala.
La Red supo del caso de Hernández Cardona el 30 de mayo de 2013, cuando su esposa Sofía Mendoza Martínez (regidora perredista en Iguala) se acercó a la organización. Para entonces su pareja aun estaba en calidad de desaparecido.
Narró que desde entonces en Iguala la gente estaba atemorizada.
“La situación, el contexto en Iguala estaba muy tenso, la gente no se atrevía a salir. Entonces nos pidió la viuda que fuéramos a Iguala porque la gente tenía mucho miedo, ella tenía mucho miedo”, dijo.
A ello se sumó el hecho de que dos integrantes de la Red fueron amenazados, por lo que el obispo Vera López decidió “romper el cerco” y acudir a Iguala.
“Tenían miedo por la desaparición de las ocho personas, la ejecución de las tres personas y de las amenazas que en ese momento le hicieron llegar a otros activistas sociales, a otros integrantes de la Unidad Popular. Y porque desde esos tiempos se manejaba los nexos del Alcalde con el narco, entonces era un miedo totalmente fundado”, aseguró.
La defensora de los derechos humanos refirió que cuando fueron encontrados los cadáveres de los tres integrantes de la Unión Popular, el 3 de junio de 2013, los estudiantes de Ayotzinapa acudieron para manifestarse en contra del Alcalde Abarca.
