Por Peniley Ramírez
Ciudad de México, 9 de septiembre (Univisión).–La ex Subprocuradora General de la República de México, Mariana Benítez, mintió al anunciar el pasado enero que esa dependencia había destituido a un delegado federal por una conducta irregular en relación con la muerte de un grupo de civiles en Apatzingán, según documentos obtenidos por Univision Investiga.
El funcionario, Alfredo Becerril, no fue destituido sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la Procuraduría General de la República (PGR). Luego fue nombrado en Michoacán el nuevo fiscal para los delitos de alto impacto. En teoría, estos son los crímenes que más afectan a la población y más preocupan a las autoridades. Él se negó a hablar con Univision.
Benítez, quien hoy es Diputada federal por el PRI, hizo el anuncio de la falsa destitución en una comparecencia ante el Congreso.
“Cometió una grave falta. Mentir es algo grave y mentirle al Congreso yo diría que es todavía más grave’’, dijo el ex Diputado de oposición Fernando Belaunzarán.
Benítez respondió a Univision que no puede comentar sobre su intervención porque ya no trabaja en la PGR.
El gobierno mexicano no investigó ni sancionó a Becerril y tardó dos meses en responder a Univisión que no existía la destitución.
UNA FALSA DESTITUCIÓN
Habían pasado apenas 24 horas de que ocho civiles fueran abatidos a tiros en el municipio de Apatzingán, en el occidente de México. Las muertes violentas sucedieron poco antes de las ocho, en la mañana del Día de Reyes, una fiesta católica en México que congrega a los niños en cada casa alrededor del árbol de Navidad, en espera de recibir juguetes.
Varios de los vecinos de Apatzingán estaban entregando los regalos, cuando escucharon disparos y gritos. Luego vieron cuerpos tendidos en las calles. Los charcos de sangre cubrían el suelo debajo de varias camionetas. Había cabezas destruidas por las balas, cuerpos hasta con 20 heridas, enormes boquetes por los que las víctimas se desangraban en el suelo.
El entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, convocó en la mañana del 7 de enero a una conferencia urgente. A su lado estaba el representante del mismo cuerpo de seguridad que ya cuestionaban las primeras versiones de la prensa, el mando local Fausto Arenas, de la Policía Federal.
Castillo presentó videos, diagramas, explicaciones, que condujeron a una conclusión: “La Policía Federal fueron a darles alcance, fueron e inclusive una emboscada y en este caso la Policía Federal lo que hizo fue repeler la agresión”.
En los propios videos de seguridad que mostraron, se observa cómo los civiles corren en sentido contrario al lugar donde se ubican los policías. En la conferencia, Castillo afirma que en ese momento es cuando comienza “el enfrentamiento”.
El saldo oficial fue de ocho civiles muertos, uno más “atropellado” y 44 detenidos, de los cuales 43 salieron de prisión 10 días más tarde, por falta de pruebas. Ninguno de los uniformados fue detenido en ese momento, ni lo ha sido durante los ocho meses que han transcurrido desde el suceso.
El 20 de enero, Mariana Benitez, quien entonces ocupaba el cargo de Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso. Allí dijo que los legisladores debían comprender que la Procuraduría no había tenido “mucho tiempo para armar la investigación”.
Añadió un anuncio, como muestra de la eficacia de la PGR: “Se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público y el día de hoy el Procurador General ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán”.
Ese delegado era Alfredo Becerril, un maestro en Derecho con experiencia en instituciones de procuración de justicia. Había llegado al cargo en febrero de 2014, menos de un mes después de que Castillo, uno de los colaboradores más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, fuera nombrado el Comisionado del Gobierno federal para Michoacán.
El delegado había sido subordinado de Castillo en sus últimos tres puestos. Estuvo bajo su mando como subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México mientras Peña Nieto era Gobernador y Castillo era Procurador.
Cuando Peña llegó a la presidencia, Castillo se convirtió en el Procurador Federal del Consumidor y Becerril en su director general adjunto. A Michoacán, Becerrril llegó como el enlace de Castillo con la PGR.
A pesar de esta cercanía, Benítez anunciaba que el Procurador, entonces Jesús Murillo Karam, había destituido a Becerril.
Univision Investiga solicitó a la PGR, mediante los mecanismos mexicanos de acceso a la información pública, la destitución y las comunicaciones oficiales que se hubieran marcado con copia a Benítez.
Después de meses de litigio ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la PGR confirmó que no existe en sus archivos tal destitución ni alguna comunicación oficial dirigida a Benítez al respecto.
El comisionado del INAI Francisco Javier Acuña, ponente en la resolución del caso de acceso a la información, consideró: “no cuadra que habiendo ido a una comparecencia pública ante el Congreso diga: lo destituimos y luego aparezca el sujeto obligado (PGR), ya no ella, el área de transparencia, nos contesta a través del jurídico cuando nos responde: Mire, lo que hay es una renuncia de este señor, coincide el señor, es la misma persona y bueno, hay una renuncia”.
La diferencia entre una renuncia y un cese no es menor. La ley laboral en México señala que una renuncia voluntaria significa para un trabajador cobrar sus pagos pendientes y retirarse del puesto sin ninguna consecuencia.
Pero los protocolos de otra ley, que aplica para los servidores públicos, marcan que una destitución habría estado seguida por aviso a la contraloría interna de la PGR, a la que seguiría el inicio de una investigación contra Becerril por las irregularidades. La resolución del INAI determinó que la PGR tampoco tiene algún documento de que este aviso haya existido.
La renuncia ocurrió varias horas después de la comparecencia de Benítez ante el Congreso. Tiene un sello de recibido a las 11:55 de esa noche. En el documento, Becerril agradece “el alto honor concedido del encargo” y deseaba a sus compañeros “el mejor de los éxitos en la larga y difícil tarea de procurar justicia por nuestro país”.
Los ocho meses que han transcurrido desde los hechos en Apatzingán, engrosaron dos averiguaciones previas, pero no afectaron la carrera política de Benítez. Un mes después de la comparecencia, ella renunció a su puesto en la PGR y se dedicó a hacer campaña.
Realmente no lo necesitaba. Fue incluida como candidata a diputada del PRI, por la región de Oaxaca, en los primeros lugares de una lista de candidatos plurinominales, un esquema del sistema político mexicano que permite a algunos candidatos llegar a puestos de elección popular sin ser electos, únicamente como parte de una cuota por los votos globales que obtiene su partido.
En esta posición, Benítez tomó posesión como Diputada del PRI en la Cámara baja el 29 de agosto, lo cual le garantiza un fuero constitucional de tres años. El Código Penal Federal mexicano indica que mentir en informes dados a una autoridad podría acarrear una pena “de cuatro a ocho años de prisión.
“No hubo tal destitución y por lo tanto no hubo investigación y entonces quedó en la impunidad. Un mal funcionario que hizo mal su trabajo sobre la masacre en Apatzingán es premiado, fue primero protegido y después premiado” agregó el Diputado Belaunzarán.
En efecto, Becerril fue nombrado recientemente como en nuevo Fiscal de Delitos de Alto Impacto, que incluyen el secuestro, el homicidio, el robo con violencia y la extorsión, precisamente en Michoacán, donde la investigación sobre las muertes de los civiles el 6 de enero continúa abierta.
El director ejecutivo para México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, considera que este nombramiento es grave: “Si los delitos de alto impacto son los que más le importan al Estado mexicano y en donde en teoría está poniendo más la lupa, tendrías que poner a las personas más capacitadas y que tuvieran un perfil plenamente confiable.
