En la cultura popular mexicana y desde tiempos aquellos cuando la corrupción fue institucionalizada en este país, allá a mediados del siglo pasado, es sabido que en el último año de una administración los actos de corrupción entre los funcionarios que forman la misma, se intensifican. Es el último año, los últimos meses y pues hay que llevarse lo que se pueda y lo que quede, la frase con la que se conoce a ese periodo es tan folclórica como real: “El año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo”.

Años después, unos cuatro sexenios después, cuenta la leyenda política mexicana que una nueva frase se acuñó en la sociedad para definir un periodo extendido de actos de corrupción, ya no de un año sino de dos. El último y el penúltimo año de una administración pública, conocido entonces este último como “El Año de Carranza… porque el de Hidalgo no alcanza”.

Actualmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en nueve estados de la República Mexicana y en muchos más municipios, el periodo político del estado de la administración pública precisamente corresponde a “El Año de Carranza”, a meses de entrar al de Hidalgo.

En medio de esta comedia negra que se vive en México entre impunidad y corrupción política, hasta ahora poco señalada y con cinco gobernadores detenidos, tres en nuestro país, Javier Duarte, Guillermo Padrés y Andrés Granier, dos retenidos en el extranjero, Tomás Yarrington en Italia, Roberto Borge en Panamá, y una orden de aprehensión para detener a uno más, César Duarte, es tiempo que la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que es parte neurálgica del Sistema Nacional Anticorrupción, no se ha activado, precisamente porque en el Senado de la República no han designado un Fiscal Anticorrupción.

Así de fácil, los senadores, que también están en su Año de Carranza porque terminan su periodo en 2018, no se han puesto de acuerdo para nombrar al Fiscal, en por lo menos en cuatro ocasiones en los últimos tres años, pero sí han avanzado en la integración de parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya tenemos el Comité Coordinador, el Comité Ciudadano, faltan los Magistrados Administrativos y falta el Fiscal. Además, se han aprobado leyes y leyes secundarias, e incluso establecido los sujetos de investigación y los delitos de corrupción que en el SNA perseguirán, pero, siempre hay un pero con estos políticos y más en el Año de Carranza, también aprobaron un transitorio, bueno, varios, que los protegen.

Allá por 2014 cuando llevaban dos años en el cargo, modificaron la Constitución para la Fiscalía General de la República, que deberá contar “al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República”, además establecieron la regla para proceder legalmente contra los servidores públicos electos por el pueblo o por el legislativo.

Sin embargo, en el transitorio, a la letra dice: “Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos….; 102, Apartado A; 111, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”, cuestión que Usted ya sabe, no se ha hecho, porque además lo supeditaron a: “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este decreto, Fiscal General de la República”, es decir, que si lo hiciesen ya, Raúl Cervantes, ajá, sería el Fiscal General de la República, y como eso es algo que dicen los legisladores de oposición que no quieren que suceda, dado que es amigo del Presidente Peña y el cargo es por nueve años, más que investigar al priísta y los suyos, pues bueno… Año de Carranza, porque el de Hidalgo no alcanza.

Pero hay más. En julio de 2016, los legisladores publicaron en el Diario oficial de la Federación el Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, donde se agregaron “en el título Décimo del artículo 212 al 225 para tipificar los Delitos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades”, pero (y aquí viene el pero otra vez) en el transitorio se lee: “El presente Decreto entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción…”.

Acción que sabemos no ocurrirá hasta que el Congreso, primero, haga la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, lo cual no sucede porque no se ha reformado el transitorio que en automático nombra como tal al actual Procurador General de la República, y pues debido a ello no están las condiciones para designar al Fiscal Anticorrupción.

Lo grave es que los delitos de corrupción ya inscritos en la Ley, publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el Código Penal Federal, no se pueden perseguir porque no hay quien los persiga. Los legisladores crearon un transitorio para que la corrupción no se pueda investigar ni procesar en tanto no se den los nombramientos de Fiscales, el General y el Anticorrupción, hay delitos, hay materia, pero no hay Fiscal. Impunidad pues, impunidad total en el Año de Carranza, y de seguir así los Senadores, hasta en el Año de Hidalgo se saldrán con la suya priístas, panistas, perredistas y chiquillada negociadora, ante la ausencia de los Fiscales.

Actualmente es un área de quinta en la Procuraduría General de la República la encargada de investigar los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos; tan de quinta y sin preparación que a Javier Duarte de Ochoa, con sus irregularidades por arriba de los 60 mil millones de pesos, su desfalco supuesto más allá de los tres mil millones de pesos, su acusación de desviar unos 233 millones de pesos, los Ministerios Públicos Federales apenas pudieron sembrar la duda en el Juez, en el manejo de unos 38 millones de pesos.

Así está México: hay delitos qué perseguir, hay materia de investigación, pero los legisladores redactaron sus transitorios para que eso no suceda en tanto ellos tomen una decisión, misma que han postergado en, por lo menos, cuatro ocasiones. Entonces, o no se ponen de acuerdo, o en efecto dilatan la decisión sobre la Fiscalía General de la República para cubrirse las espaldas (y los amplios bolsillos) de la corrupción que tanto se pone en práctica por una clase política hambrienta en pleno el Año de Carranza.

Adela Navarro Bello

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