La resolución de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que dar antes del 31 de julio de 2018, esto con el objetivo de que “el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal”.
La omisión del Congreso del estado de Veracruz “ha significado una vulneración a los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad, violando diversos preceptos constitucionales, tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México hicieron un llamado este día al Congreso de Veracruz para que legisle a favor de las mujeres y niñas para que tengan un acceso efectivo a los servicios de interrupción del embarazo.
En un comunicado, se informó que los organismos celebraron la sentencia que emitió emitida el Poder Judicial Federal que obliga Congreso veracruzano en este sentido.
La sentencia se estableció, según este comunicado, luego de que Gobierno de Veracruz no ha cumplido la recomendación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, la cual fue decretada el 13 de diciembre de 2017 y que incluía el reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, los cuales consideran el aborto como un delito,
Por ello, “el Juez Decimoctavo de Distrito reconoce el carácter obligatorio de la Alerta y de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, por ende, la obligación de las autoridades de implementar las medidas recomendadas y adoptar decisiones efectivas para superar la discriminación en contra de las mujeres”.
La resolución de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que dar antes del 31 de julio de 2018, esto con el objetivo de que “el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal”.
La omisión del Congreso del estado de Veracruz “ha significado una vulneración a los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad, violando diversos preceptos constitucionales, tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
De acuerdo con las agencias firmantes, reconocen el avance de los derechos de las mujeres a partir de la actuación del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la ONU aplaudió la actuación de personas y organizaciones defensoras de derechos humano.
