Por Carlos Samayoa

El 11 de julio de 1987 fue un día que causó asombro al mundo cuando se dio a conocer que la población humana había alcanzado los 5 mil millones de personas. Más tarde, el Programa de Desarrollo de la ONU declaró esta fecha como el Día Mundial de la Población. Desde ese momento, en tan solo tres décadas, la población aumentó en más del cincuenta por ciento, estimándose que actualmente alrededor de 7,600 millones de personas habitamos el planeta Tierra.

Los problemas y retos que enfrenta nuestra humanidad tan diversa son cada vez más complejos. La desigualdad social y económica, en la que el 1% más rico de la población posee más riqueza que el resto del planeta, ha hecho que se cuenten por millones las personas que se ven imposibilitadas para gozar plenamente de derechos tan fundamentales como la alimentación, vivienda, salud, educación, acceso al agua potable, a la planeación familiar y reproductiva, entre otros necesarios para lograr un desarrollo pleno y una vida digna.

Para disfrutar de tales prerrogativas, el derecho a un medio ambiente sano es una condición previa y elemental. Sin embargo, la falacia del desarrollo y el crecimiento económico infinitos; los modelos de producción industrial y consumo desmesurados reforzados por el individualismo que los medios de comunicación de masas fortalecen; una cultura del consumo y desecho inmediato; la mercantilización de lo visible y lo invisible que pone un precio a absolutamente todo, incluso a las conciencias, nos han arrastrado a una situación insostenible e injusta de la que no han escapado los bosques, las selvas, los ríos, la biodiversidad e incluso el aire que respiramos.

Se estima que el 95% de la población mundial respira un aire contaminado. En México son alrededor de 17 mil personas las que mueren cada año a causa de enfermedades derivadas de la mala calidad del aire que mayormente es propiciada por el transporte. Si tomamos en cuenta que según datos de la ONU, para 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, esto implica colocar en la agenda pública la urgencia de transformar la manera en que funcionan nuestros centros urbanos.

La Ciudad de México es una muestra de aquellas metrópolis que crecieron bajo la lógica del automóvil como sinónimo de progreso, en la que el mundo debía girar en torno a éste y no a las personas. Los ríos y canales que abundaban en la ciudad fueron tapados y transformados en inmensas vialidades al servicio de los automóviles. El transporte público, en el que la mayoría de la gente se traslada, ha recibido menor prioridad en cuanto a inversión, lo cual se traduce en un servicio de baja calidad e inseguro que refuerza la aspiración de mucha gente a comprar un auto. Un auténtico círculo vicioso.

El medio ambiente está en peligro y nuestra salud se ve amenazada. Transformar nuestras ciudades requiere movernos de formas más limpias. Medidas como fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público pueden marcar una diferencia grande. Nuestros gobiernos tienen que reordenar sus prioridades en cuanto a la forma en que emplean los recursos provenientes de nuestras contribuciones para lograr ciudades más humanas.

Es por eso que desde Greenpeace reafirmamos nuestra exigencia a la Cofepris para que actualice las normas de contaminantes máximos permisibles en el aire; continuaremos pidiendo a nuestros gobiernos locales comprometerse a hacer del transporte público una forma de movilidad más eficiente, más segura y menos contaminante; continuaremos pidiendo que nos construyan más ciclopistas que alienten a cada vez más gente a moverse en bicicleta. Construyamos las ciudades que queremos ver y unamos nuestra voces para que estas demandas sean atendidas.

Carlos Samayoa es responsable de la campaña Revolución Urbana de Greenpeace México

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Greenpeace

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