El pasado jueves 7 de julio, el activista Jairo Guarneros Sosa fue agredido a balazos cerca de su domicilio en Orizaba, Veracruz. Un día antes encabezó una movilización en protesta por la muerte de tres personas luego de que una patrulla embistió al taxi en el que viajaban. Ahora, miembros del colectivo Cihuatlahtolli responsabilizan al Gobierno municipal y a policías como sospechosos del ataque contra Guarneros Sosa.
Por Miguel Ángel León Carmona
Xalapa, Veracruz, 9 de julio (BlogExpediente).– “Ya bájenle o va a haber más muertos” advirtieron policías de Orizaba, Veracruz, al activista Jairo Guarneros Sosa, un día antes que fuera baleado a quemarropa en la entrada de su casa.
Lo anterior, extracto de un video presentado ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial por miembros del colectivo Cihuatlahtolli (palabra de mujer), quienes señalan a elementos de la patrulla 51 y al mismo Gobierno municipal como sospechosos del atentado en contra del también taxista orizabeño.
Presuntas amenazas derivadas de una protesta encabezada por Guarneros Sosa, que exigía la presentación de los patrulleros de la unidad PA-24, responsables de un incidente automovilístico donde falleció una mujer y dos personas más resultaron heridos.
Fue gracias a la presión del colectivo de Jairo Guarneros que Juan Ramón Herebia, encargado de la seguridad pública en Orizaba, aceptara la responsabilidad de sus elementos, comprometiéndose en rueda de prensa que el caso sería esclarecido.
Al momento, según reportes de compañeros del agredido, su estado de salud es estable. Sin embargo, temen que sus dos agresores materiales, aún libres, terminen lo que consideran una encomienda.
“Exigimos garantías de seguridad para Jairo y su familia. Responsabilizamos a Juan Manuel Díez Francos, así como al Gobierno estatal y federal de cualquier futuro atentado en contra de Jairo, sus familiares o integrantes del colectivo feminista, Cihuatlahtolli, GRITO y los demás grupos que han sido compañeros de lucha”.
Es la demanda que leyó en la capital del estado, Beatriz Torres Beristaín, integrante del colectivo Cihuatlahtolli, firmada por 42 asociaciones civiles, de cortes estatales, nacionales e internacionales, así como representantes de la Iglesia católica en Veracruz.
“Hay una violencia generalizada en Veracruz. Nuestro estilo de vida está siendo permeado por la violencia, la impunidad, la inseguridad y la corrupción. Nuestro pueblo está harto de esas situaciones. Hay un despertar en la gente, pero falta mucha por sumarse”, compartió el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Julián Andrés Verónica Fernández.
Se trata de un hombre con raíces indígenas, una persona que soluciona conflictos y no los origina. “Siempre ha sido incómodo para el Gobierno priista. En este momento a Juan Manuel Díez le molesta que un tipo pobre tenga tanta fuerza y verdad” asegura Beatriz Torres Beristaín.
Una lucha social de Guarneros Sosa que lo llevó a prisión en el año 2012 junto a otros tres compañeros. Detención, derivada de un enfrentamiento entre comerciantes y municipales que se dispusieron a desalojarlos de sus negocios sobre la vía pública.
“JAIRO, AQUÍ ESTAMOS Y NO NOS IREMOS”
Título de la campaña puesta en marcha por una cincuentena de asociaciones civiles y activistas independientes, quienes además de hacer público su apoyo, se dirigen al Gobierno orizabeño. “Aquí hay un gran problema: son cómplices del crimen organizado, están coludidos o están sumisos y no pueden ofrecer garantías a la gente que opina diferente”.
Por su parte, Beatriz Torres avala el accionar social de Jairo Guarneros, comparte que desde hace más de tres décadas su causa va dirigida a los problemas de las mujeres, sobre todo en las agresiones a sexo servidoras de la región central en Veracruz.
“Él se ha hecho cargo de sexo servidoras que han sido asesinadas y no poseen ni siquiera una identidad. Ha estado en funerales donde nadie va ni reza por las difuntas. Él está ahí, donde los demás no voltean la cara. Se trata de un hombre feminista”.
El hombre de temperamento sereno, comparten sus colegas, no sólo ocupa el tiempo libre que le deja su oficio de ruletero en la lucha por los derechos de las mujeres. También es parte del proyecto La Escuelita del Zapote, enseña a leer y escribir a niños indígenas estancados en la pobreza extrema de la Sierra de Zongolica y los pueblos de las faldas del volcán Pico de Orizaba.
Allegados comentan que su camioneta de los años 80 solía estar retacada de libros de historias fantásticas que entregaba a infantes de barrigas lombricientas. De cabellera larga, lentes de vidrios circulares y camisetas de algodón, así se le puede ver en las plazas públicas a Jairo, cuestionando a los gobiernos en turno.
Un adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona del EZLN, sus amigos, presumen, que llegó a ser el enlace en la zona centro de Veracruz del Sub Comandante Marcos.
“Así es Jairo, un hombre que sí camina por las calles, que conoce la problemática social. Pese a su simpatía con el pueblo nunca ha tomado direcciones partidistas. Desafortunadamente le tocó criticar a un Presidente, Díez Francos, que mediante decisiones estúpidas pisotea a la gente de abajo”.
“CÁRCEL PARA LOS CULPABLES, ASÍ SEAN FUNCIONARIOS DE GOBIERNO”
Por su parte, Emilio Rodríguez, Integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), demanda la captura de agresores materiales e intelectuales. “Aun cuando estos puedan ser funcionarios o personal del Gobierno”.
“Estamos dando la ante la sociedad veracruzana porque si a nosotros que defendemos la madre tierra y temas ambientales hemos sido hostigados por autoridades y empresas, qué será de personas como Jairo o la señora Aracely Salcedo que han evidenciado el número de desaparecidos en Veracruz, las fosas clandestinas o la violación de los derechos humanos de las mujeres”.
“Estamos siendo agredidos por el simple hecho de denunciar. En esta ocasión nos armamos de valor y pedimos que ya no se repitan los hechos de violencia, es el tercer activista agredido en Veracruz, en menos de un mes, uno de ellos murió. ¿Qué espera el Gobierno para actuar?”
Se pregunta Emilio Rodríguez, refiriendo el asesinato de José Jesús Jiménez Gaona, vocero de la agrupación Búsqueda de Familiares Desaparecidos María Herrera A.C., quien fue asesinado en la vía pública. Además, mientras que su esposa, Francisca Vázquez Mendoza, permanece grave en un hospital de la Ciudad de México.
