Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Células de civiles armados operan en Tamaulipas para defenderse del crimen organizado, afirmó ayer un reportaje del Global Post. A finales de junio, en Veracruz, se encontraron dos fosas clandestinas con más de 30 cuerpos. Y Michoacán, dicen hasta las cifras oficiales, sigue sometido a los actos violentos.
Si alguien se informara sólo por el discurso de Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el país está mejor que nunca. Y no es así, coinciden analistas y activistas.
El director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo Vargas, planteó que la falta de referentes de información en el pasado sirvió para que las autoridades puedan declarar cualquier cosa en materia de inseguridad y violencia, sin posibilidad de hacer un contraste para validar o no sus dichos.
Sin embargo, destacó, esa tendencia está cambiando gracias a la multiplicación de fuentes de información, tanto oficiales como independientes.
“Parece ser que la autoridad federal no está valorando, entendiendo, que ese tipo de declaraciones políticas van a ser contrastadas con la información estadística disponible y que existen actores independientes que elevan el estándar de rendición de cuentas y provocan una exigencia de justificación ante afirmaciones estrictamente políticas que no tienen fundamento en la información que las propias autoridades producen”, opinó.
Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), reiteró que no hay relación entre las cifras que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y lo que declaran las autoridades, principalmente respecto a lo que pasa en Michoacán y Tamaulipas.
“La transparencia no es una cuestión de buena voluntad de una autoridad, es una obligación que ellos tienen de rendir cuentas, es un derecho que tenemos los ciudadanos de saber qué está sucediendo en nuestro país”, afirmó.
Las cifras del Observatorio se basan en los datos del SESNSP, por eso preocupa “la falta de respeto” de las autoridades con las víctimas, que insisten en mostrar un México en paz, cuando sus mismos datos y los ciudadanos dicen lo contrario, plantearon los expertos.
Por su parte, Telésforo Nava Vázquez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), expuso que las omisiones de números del gobierno federal ya no coinciden con una realidad que cada vez, se vuelve más cruda, dramática y trágica.
“Ya es innegable. Desde hace años, la población padece a grupos criminales. Pero las autoridades, tanto las locales como las federales, lo dejan de mencionar, como si así borraran el flagelo de un plumazo”, comentó.
Para Erubiel Tirado Cervantes, académico y coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, existe “una falta de eficiencia en la estrategia de la seguridad del gobierno federal. Porque no es cualquier cosa que suceda que en un lugar donde se ha intervenido desde la federación de manera central –precisamente para bajar y controlar esta violencia– persista esta situación”.
EL BAILE DE LAS CIFRAS
En su reporte más reciente, el Observatorio Nacional Ciudadano con base en datos oficiales reportó que cinco de los ocho delitos de alto impacto se incrementaron en Michoacán. Las extorsiones pasaron de 39 a 55 casos de abril a mayo y los homicidios dolosos en la región tuvieron un alza de 13. 33 por ciento.
En Tamaulipas, cinco de los ochos delitos de alto impacto se incrementaron. Las denuncias por homicidios dolosos pasaron de 76 a 98 de abril a mayo.
El enredado baile de cifras en los delitos de alto impacto ha tenido la intención deliberada de causar confusión y poner una suerte de bozal a los medios informativos, así como a las instancias académicas, expresó Telésforo Nava.
“Con tanta paradoja se nota la intención de que la inseguridad no sea abordada desde la investigación. En estos momentos ni las bases de datos son confiables y en consecuencia, el discurso tampoco. Más allá de las contradicciones, no hay manera de conocer la verdad”, agregó.
Por su parte, Erubiel Tirado dijo que el gobierno federal debe ser bastante claro en qué términos está midiendo su eficiencia o el éxito de su estrategia “porque parece que el éxito de la estrategia descansa solamente en el reconocimiento que hace el propio gobierno”.
Ernesto López Portillo Vargas destacó el trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano, y resaltó que éste no se circunscribe a replicar los datos oficiales, sino que utiliza metodologías aceptadas internacionalmente para agregarlos y reportar tendencias, trabajo que las propias autoridades no hacen con su información, dice.
Para el director de Insyde, en eso radica la diferencia y la fortaleza de la información presentada por el Observatorio, que ha contradicho el discurso oficial de una supuesta reducción de la violencia.
“¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando hay continuidad, consistencia técnica y metodológica en la presentación de la información se genera un antídoto frente a cualquier tipo de declaración política que se aparte de la realidad. Este es el punto que estamos viendo en este momento”.
¿SEGURIDAD PÚBLICA O NACIONAL?
Pero si bien las bases de datos no son homólogas, los términos en el discurso oficial tampoco. Ni el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ni el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han hecho la distinción entre los conceptos de Seguridad Pública y Seguridad Nacional las pocas veces que se han referido a la violencia en actos públicos.
Desde que en agosto del año pasado, el Presidente de la República presentó su Estrategia de Seguridad ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública esa paradoja pudo ser observada. El consejo lleva el apellido de la Seguridad Pública; pero aborda los temas de Seguridad Nacional.
Erubiel Tirado explicó que esta utilización indiscriminada de conceptos tiene el objetivo de confundir a la sociedad. “Hoy, las personas en la calle o los mismos alumnos involucrados en las agencias de seguridad, no saben distinguir entre ambos conceptos. La Seguridad Pública tiene que ver con la protección de las personas y de sus bienes. La Seguridad Nacional tiene que ver con el Estado. Son dos cosas distintas”.
Autor de una larga lista de estudios académicos del sistema político mexicano, Telésforo Nava, el investigador de la UAM señaló que es incomprensible que después de 18 meses de gobierno, ni las cifras ni los términos del problema que más afecta a la población –la inseguridad– no estén homologados.
“Nadie ha tomado el control desde los órdenes del gobierno. De modo que el panorama es diferente para el Inegi [Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática], el Sistema Nacional de Seguridad Pública o los funcionarios”.
Sin embargo, el especialista de Insyde destacó una paradoja: “Por un lado tenemos una conducta política que se aparta de lo que los ciudadanos estamos esperando en términos de consolidación democrática; pero por otro lado la buena noticia es que operan, funcionan, se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas que producen información que contrasta al discurso político”.
