Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– Una censura a la libertad de expresión sin precedentes en México, podría concretarse si los senadores aprueban sin cambios la iniciativa para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, advirtió el colectivo Libre Internet para Todos.
La iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto contiene varias disposiciones que atentan contra la libre expresión en redes sociales, pretenden neutralizar su alcance ciudadano y vulneran el derecho a la privacidad de los usuarios, expusieron diversos integrantes de esta organización, así como activistas.
En primer término se refirieron al capítulo “Colaboración con la justicia”. El Artículo 191 establece entre las obligaciones los concesionarios “bloquear, inhibir, o anular” las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública, lo que a su juicio abriría la puerta al bloqueo de teléfonos celulares en manifestaciones, cumbres internaciones o eventos presidenciales, a solicitud de las autoridades.
“Puede suspender el servicio de internet a nivel local o cuando se les antoje y esto es el signo claro de las dictaduras, cuando el gobierno se equivoca, todos tiene que callarse, eso es gravísimo”, alertó Óscar Mondragón, integrante del colectivo Libre Internet para Todos.
Además, la iniciativa peñista permite la geolocalización a través de dispositivos móviles, obligará a los concesionarios a proporcionar la localización geográfica en tiempo real a solicitud del Procurador General de la República (PGR), los procuradores estatales o cualquier Ministerio Público.
En un tercer punto, la iniciativa favorece a las empresas que mantendrán la facultad de “obligar” a comprar ciertos productos de valor agregado, en términos de capacidad, de velocidad, etcétera.
“También tenemos otra: (Artículo 145) en donde se habla de la privacidad y luego se dice que los usuarios podrán permitir el bloqueo de ciertos contenidos, sin ninguna explicación, sin ningún procedimiento […] El usuario Miguel Ángel Osorio Chong [Secretario de Gobernación] podrá pedir que se cierre SinEmbargo, porque no le gusta, porque afecta su privacidad. Este es un grave caso de censura, esto no puede pasar”, destacó Mondragón.
Para abundar sobre la censura sin precedentes, Artículo 19 alertó que el excesivo control del Estado mexicano, autoimpuesto en las leyes secundarias en Telecomunicaciones, contraviene los artículos sexto y séptimo de Constitución, porque restringirá diversos derechos de todos los mexicanos, garantizados en la Carta Magna.
“Tendría que ver que esas propuesta coincidieran por lo menos con tres principios: con la progresividad de derechos, con el principio pro persona, y con la convencionalidad, esto es todos los convenios internacionales y tratados que tiene México y que generan un cuerpo legislativo, junto con la Constitución, aseguró Antonio Martínez Velázquez, integrante de Artículo 19.
Entrevistado por separado, el Senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN), recalcó que ni los Estados más totalitarios en el mundo se atrevieron a plasmar en una legislación, prohibiciones que similares que atentan de forma directa contra la libertad de expresión.
“Hay pues una clara censura a Internet. Vuelvo a señalar que regímenes autoritarios en el mundo que han practicado ese tipo de [censura], no han sido capaces de llevarlos a sus leyes”, aseguró.
CONTROL EN LA RED
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones elevó como un derecho consagrado el acceso a Internet. Según la propia Presidencia de la República, la Reforma de Telecom estableció una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda Digital Nacional.
Esta política debía incluir infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales.
En junio de 2013, la meta era que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas contaran con velocidad para descargas de información, con apego a estándares internacionales.
No obstante, colectivos ciudadanos especializados en internet consideraron que estas metas y propósitos quedaron como un simple catálogo de buenos deseos, en las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones.
“Hay un derecho que quedó vacío. Tenemos el derecho a acceso a Internet, está muy bien eso, pero es un derecho que no tiene sustancia, porque lo que ellos están poniendo como acceso universal, en los renglones que lo mencionan simplemente se refieren a la continuación del programa e-México, para instalar centros de acceso a internet, donde pones una computadora y ya”, afirmó Óscar Mondragón, integrante del Colectivo Libre Internet para Todos.
Pero no es simplemente la omisión al acceso a las redes. Ciudadanos consideraron que la iniciativa peñista ataca de manera frontal a personas, usuarios y audiencias que consideran las herramientas digitales como parte fundamental para ejercer sus derechos y participar en la vida cultural del país.
“Nos encontramos ante una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones que confirma la vacuidad de esas palabras [los propósitos enunciados en la Constitución] y el deliberado propósito por neutralizar a Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en instrumento de control político”, sostuvo Luis Fernando García, integrante de la Red por los Derechos Digitales, en su ponencia durante las audiencias públicas organizadas en el Senado.
Ante lo que consideraron una censura abierta, decenas de jóvenes universitarios, usuarios de Internet y activistas acudieron al Senado de la República, ubicado en la esquina de las dos avenidas más importantes de la Ciudad de México, para manifestarse contra la represión en redes.
Hombro con hombro los jóvenes se sentaron pacíficamente afuera de las rejas del imponente edificio legislativo y con los brazos entrelazados gritaron consignas para exigir que las leyes secundarias peñistas garanticen el acceso a internet y la libertad de expresión.
Obviamente la manifestación fue acompañada de una intensa campaña en Twitter y Facebook.
El ex Diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña escribió en su cuenta de Twitter, @fernandeznorona:
“El centro de todo es la ley represiva e @EPN que quiere controlar el internet”.
Sin embargo, no es la única protesta que se prevé en defensa del Internet libre.
Este jueves a las 6 de la tarde, diversos colectivos y actores sociales, entre ellos el Congreso Popular, convocan a una marcha que partirá de Televisa Chapultepec y terminará en el Senado de la República, en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de Peña Nieto.
LOS RIESGOS EN TELECOM
La iniciativa tiene varias disposiciones que ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión. En el capítulo de “colaboración con la justicia” se lee:
Artículo 197. Además de las anteriores obligaciones, los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán:
…
VII. Bloquear, inhibir, o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes.
El bloqueo de señales a que se refiere el presente artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que indique el Instituto de conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes.
VIII. Colaborar con las instancias de seguridad en el monitoreo para verificar el bloqueo, inhibición, o anulación de las señales de telecomunicaciones de conformidad con los lineamientos establecidos.
En pocas palabras estos artículos obligan a los concesionarios a bajar el switch a Internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas discrecionalmente por una autoridad.
Otras disposiciones de censura a internet se localizan en el capítulo “De la neutralidad de las redes”, en donde se dice que los usuarios podrán permitir el bloqueo de ciertos contenidos.
Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:
…
III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad.
Asimismo, este capítulo contiene una disposición que prácticamente deja en manos de las empresas, facilitar la velocidad y la capacidad o ancho de banda en la transmisión de ciertos contenidos, casi casi ligados a la contratación de un plan tarifario.
Artículo 146. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos del mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad.
En el capítulo “De las obligaciones en materia de seguridad y justicia” se establece la obligación de la geolocalización.
Artículo 189. …
Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad, para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia, de conformidad con las leyes correspondientes.
LEY PEÑA Y LA LEY ACTA
Para el Senador Javier Corral, uno de los legisladores más críticos a la iniciativa para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual denomina la “Ley Televisa recargada”, varias disposiciones de esta nueva norma tienen mucha similitud con el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), firmado por el gobierno mexicano en 2012, pero detenido por la pasada legislatura del Senado.
Hace dos años, los legisladores consideraron que esa norma internacional lejos de combatir la piratería y de proteger el derecho de autor, convertía en presunto infractor a cualquier ciudadano por compartir material, música y datos que se encuentren en la red, aunque no lucren con su contenido.
En 2014, el Senador Corral alertó que la ley peñista en materia de telecomunicaciones y radiodifusión incorpora muchas disposiciones del viejo acuerdo comercial para el tratamiento y acceso del Internet.
“Lo que sucede es que varios capítulos de todo este apartado de telecomunicaciones y colaboración de las empresas o de los operadores, por ahí nos están metiendo muchos de los contenidos de ACTA, que no pudieron meterlo como tratado, porque lo paramos y como lo paramos ahora quieren meterlo en una ley, bajo una supuesta neutralidad de red tecnológica que no es tal”, afirmó el legislador.
Javier Corral fue claro en señalar que esta censura a internet es tan “burda” que es poco probable que se atrevan a defenderla ni el Gobierno federal o el partido en el poder, el Revolucionario Institucional (PRI) junto con algunos legisladores de Acción nacional (PAN), entre ellos Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Alta.
El Senador por Chihuahua consideró que los artículos relativos a una posible censura a Internet se quitarán del dictamen final, con el propósito de distraer la atención a otros temas peligroso de la iniciativa, como es el consentimiento al monopolio de Televisa.
“Quiero advertir que están proponiendo o van a proponer algunos cambios cosméticos y obviamente van a retirar algunos absurdos, porque todo va a ser un finteo […]; para tratar de decir que le hicieron cambios a la iniciativa de Peña, pero tratar de engañar y dejar lo fundamental del negocio del regalo en el acuerdo político Peña–Televisa”, alertó Corral.
