Hawái, Washington, Nueva York, Oregón, Minesota y Massachusetts ya cuentan con oposición judicial al nuevo veto migratorio del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Por Jairo MejíaWashington, 9 de marzo (EFE).- Al menos seis estados llevarán a los tribunales el segundo veto migratorio del Presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que fue concebido con la idea de evitar las trabas judiciales que frustraron el primer intento.
La orden ejecutiva revisada, presentada esta semana, suspende el programa de refugiados durante 120 días, así como la concesión de visados durante 90 días a seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán), con el objetivo de revisar los procesos de autorización de las entradas y evitar la llegada de terroristas.
La anterior orden, que a excepción de nuevas precisiones y de sacar a Irak de la lista de países, era muy parecida a esta última, fue inhabilitada por un tribunal federal de apelaciones tres semanas después de ser firmada por Trump.
Este nuevo decreto, que el Ejecutivo ha reconocido que está pensado "para evitar litigios", ya cuenta con la oposición judicial de los estados de Hawái, Washington, Nueva York, Oregón, Minesota y Massachusetts.
El fiscal general de Hawái, Doug Chin, fue el primero presentar su demanda legal contra los intentos de Trump de bloquear la entrada de refugiados y personas de países de mayoría musulmana, una medida que la Casa Blanca considera necesaria para prevenir ataques terroristas.
En una rueda de prensa hoy, Chin dijo que su demanda se centra en resaltar el daño que ese decreto tiene en la economía y turismo del estado, y en poner en evidencia la ilegalidad de un proceso que "discrimina por razón de nacionalidad".
"Con la orden, como nosotros la vemos, el Ejecutivo se arroga el papel de diseñar una ley que le corresponde al Congreso, en la que se prohíbe, sin establecer estándares, la entrada al presuponer que ciertas personas son más inclinadas a ser terroristas", explicó Chin.
El representante del Ministerio Público de Hawái afirmó que, tanto residentes del estado con familiares en los países afectados como el turismo, pueden verse golpeados por la nueva ley.
"Este no es un asunto político. Si Hawái no se posiciona frente a la discriminación estará deshonrando a nuestra historia y nuestro pueblo", apuntó Chin, quien recordó la diversidad del estado y el dolor que produjo entre aquellos que se vieron afectados 75 años atrás por los campos de internamiento de americano-japoneses durante la II Guerra Mundial.
Por otro lado, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, anunció que su línea de ataque contra la nueva orden migratoria de Trump será argumentar que la sentencia del tribunal federal de apelaciones que suspendió el primer veto sigue vigente y se aplica a la nueva versión del decreto.
A Ferguson se le sumaron hoy los estados de Oregón, Nueva York, Minesota y Massachusetts, que presentarán de manera conjunta la semana que viene una enmienda para, en la práctica, equiparar el primer y segundo veto de Trump, y desechar el argumento de la Casa Blanca de que el último decreto sustituye al anterior.
"La última orden ejecutiva del presidente Trump es una prohibición a musulmanes con otro nombre, al imponer políticas y protocolos que una vez más violan (...) la Constitución de los Estados Unidos", aseguró en un comunicado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
"Estamos consolidando nuestros esfuerzos legales con otros estados liderados por Washington para continuar cuestionando las política ilegítimas en inmigración de esta Administración", indicó Maura Healey, la fiscal general de Massachusetts.
"Estamos bastante tranquilos y confiados con la manera en que se ha redactado la orden ejecutiva", aseguró hoy el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
La anterior orden ejecutiva entró en vigor en enero sin previo aviso y afectó a personas que tenían sus documentos en regla, algo que reforzó la posibilidad de desafiarla legalmente, mientras que este nuevo decreto solo afecta a extranjeros sin visado.
Además, al no negar la entrada a nadie de manera indefinida, como hacía la primera orden con los refugiados sirios, es más difícil para los demandantes demostrar daños.
