El Gobierno de México no sólo debe esclarecer el paradero de los 43 normalistas, también debe indagar la actuación de las autoridades que presentaron “la versión oficial infundada”, incluyendo el proceder “del propio ex Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo, para que responda por su papel en perpetuar la impunidad”, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo/EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó a través de un comunicado que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no está cerrado”, esto luego de que el cuerpo de peritos argentinos informará que la verdad histórica está científicamente descartada.
“El Ministerio Público de la Federación reitera que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial”, precisó la dependencia en un comunicado.
La PGR informó que hoy, a las 11:42 horas, recibió un documento firmado por tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual será analizado por el Ministerio Público de la Federación.
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó hoy de “ficción” la versión oficial del Gobierno mexicano que establece que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El informe del EAAF divulgado hoy “refuerza la conclusión de que la llamada ‘verdad histórica’ sobre lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos fue una ficción”, señaló en un boletín.
Este martes, el EAAF reveló que en el peritaje que realizó entre octubre y noviembre de 2014 en el basurero de Cocula no se hallaron evidencias científicas ni biológicas que prueben que los 43 fueron incinerados en ese lugar.
“Lo que México necesita no es solo que se esclarezca el paradero de los estudiantes desaparecidos (en septiembre de 2014), sino también que se investigue la actuación de las autoridades que presentaron la versión oficial infundada”, consideró Vivanco.
Ello incluye investigar el proceder ” del propio ex Procurador General de la República, Jesús Murillo, para que responda por su papel en perpetuar la impunidad”, añadió.
Según la “verdad histórica” proclamada por Murillo en enero de 2015, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías en Iguala, Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero del municipio aledaño de Cocula.
Un mes después Murillo dejó la fiscalía tras recibir duras críticas por la investigación del caso, entre ellas de los familiares de los jóvenes, quienes nunca creyeron en su versión.
El EAAF dijo hoy que hay indicios de varios incendios registrados en la zona principal del basurero en años recientes, pero la presencia de plantas prueba que estos no acontecieron en los 30 días anteriores a su análisis sobre el terreno.
El informe también destacó que a partir de casquillos y proyectiles localizados en el basurero se identificaron hasta 39 armas, en su mayoría largas, cuando los supuestos responsables de la desaparición declararon que “solo utilizaron armas cortas”.
Asimismo, en el peritaje se detectaron restos óseos de al menos 19 individuos, si bien estos no se pueden relacionar con los 43 jóvenes y ni se pueden analizar genéticamente por su estado de fragmentación y alteración térmica.
PGR RESPONDE
La dependencia encabezada por Arely Gómez González informó que recibió el reporte de los expertos argentinos y aseguró que será analizado.
Recordó ademas que el pasado 20 de octubre, el Estado mexicano acordó con el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) respecto a la dinámica del fuego ocurrida supuestamente en Cocula y que los resultados serían puestos a disposición de “la autoridad ministerial para que oriente su determinación con elementos que le brinden una opinión conclusiva”.
Reiteró que este caso no está cerrado y que las investigaciones continúan y seguirán “hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial”.
Finalmente señaló que continuará con las reuniones con familiares, representantes legales y el GIEI, la más próxima está programada para el 18 de febrero.
