Grupo México, una de las empresas más importantes del país y uno de los principales productores de cobre en el mundo, ha sido acusada penalmente y denunciada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y laborales de México y EU por sus constantes violaciones a las garantías de los trabajadores, de las comunidades y de la salud. También por incumplimiento de contrato.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Grupo México no sólo se ha enfrentado al escándalo del derrame de tóxicos sobre ríos de Sonora, a señalamientos de corrupción en la concesión de un proyecto en España y a enfrentamientos en Perú contra uno de sus proyectos mineros. Su presidente Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, está en riesgo de dejar de ser el principal accionista individual del grupo, su mina de cobre, a raíz de un largo conflicto legal con el fondo de inversión británico Infund por violación de contrato.
Desde 1999, tras la muerte de su padre, asumió la presidencia del Grupo, donde posee el 15 por ciento de las acciones. Un tribunal en México resolverá el caso en enero después de 12 años de discusión.
En 2003, Infund entregó a Germán Larrea 75 millones de dólares para comprar acciones del grupo minero. Larrea debía dar 65 millones; nunca lo hizo. De acuerdo con la defensa del multimillonario, el contrato sólo fue verbal, jamás firmado. Al no asistir a las audiencias, fue declarado "confeso" de no entregar las acciones.
"Este es un caso sencillo. Infund ha demostrado que Larrea aceptó de Infund 75 millones de dólares, pero nunca entregó las acciones para las que ese dinero se destinó. Esperamos una decisión judicial que reivindique la participación que le corresponde a Infund en la empresa", expuso Julio Gutiérrez, el abogado del fondo de inversión al Financial Times. Se espera una decisión en enero.
De acuerdo con Grupo México, desde 2006 Larrea mantuvo las acciones en disputa como propias, las cuales tienen un valor en el mercado de 2 mil millones de dólares, y representan el 8 por ciento de las acciones en circulación de la empresa, y más del 51 por ciento de las acciones de control de la familia Larrea en el Grupo.
En mayo del 2013 se otorgó una medida cautelar para congelar el 8 por ciento de las acciones de Grupo México en disputa, hecho que desde entonces puso en riesgo el control de Larrea sobre el conglomerado mexicano valuado en 26 mil millones de dólares.
De acuerdo con el informe anual del Grupo México de 2014, Larrea Mota Velasco tiene el 12.85 por ciento en la compañía, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista si se considera a Empresarios Industriales de México, una empresa en la que su familia es una de las partes interesadas.
Por su parte, Jordi Oropeza, el abogado de Germán Larrea, rechazó todas las acusaciones de Infund. Argumentó al diario británico que se trata de un intento de extorsión interpuesto por Héctor García de Quevedo, entonces dirigente del fondo de inversión petrolero, actualmente en prisión.
El abogado del hombre fantasma dijo que García de Quevedo fue encarcelado por proporcionar información falsa en relación con el caso. Infund, en defensa, alegó ante el tribunal que la acción penal representa "tácticas intimidatorias", agregó la publicación del diario especializado.
El litigante también aseguró que Infund ha manipulado sus cuentas para incluir "la transacción de acciones inexistentes". Además, Oropeza, quien pidió no ser citado en el texto del Financial, dijo que el caso mexicano fue financiado por dos fondos estadounidenses.
DATOS DEL GRUPO Y DE SU PRESIDENTE
En el marco de la caída en los precios de los metales: cobre (-17 por ciento), molibdeno (-40 por ciento), zinc (-5 por ciento) y plata (-20 por ciento), Grupo México reportó en su informe del tercer trimestre del año que pudo compensar esa baja con producción adicional de cobre (6 por ciento), así como "excelentes resultados" de las Divisiones de Transporte y de Infraestructura.
La utilidad neta consolidada acumulada a septiembre 2015 ascendió a 954 millones de dólares, lo que implica una caída de 26 por ciento comparado con el acumulado de 2014.
Las ventas consolidadas acumuladas fueron 6 mil 186 millones, 11 menos al periodo del 2014. En la División Transporte el volumen acumulado
aumentó 4 por ciento comparado con el año anterior; sin embargo, una depreciación de 19 por ciento del peso hizo que las ventas cayeron 2 por ciento en dólares, a pesar de aumentar 17 por ciento en pesos.
Germán Larrea Mota-Velasco cuenta con 14 mil 700 millones de dólares, de acuerdo con el cálculo de Forbes. Ha apostado por la minería, una línea ferrocarrilera, cines y construcción.
Tras la muerte de su padre en 1999, se convirtió en el accionista más grande de la compañía minera.
Grupo México, ya con él al mando, figuró como la empresa productora de cobre más grande del país y la tercera del mundo. También se volvió presidente del Consejo de la American Mining Corporation, del Consejo de la Southern Copper Corporation, de Asarco y del Consejo del Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), compañía que opera la mayor flota de trenes del país.
DERRAME EN SONORA
En agosto del año pasado, los habitantes de Bacanuchi, Sonora, despertaron y vieron que su río había cambiado de color: el agua que antes fue clara, llevaba una mancha roja, espesa y quemaba todo a su paso. Era el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, considerado por las autoridades ambientales el desastre natural más grande de la historia de México.
Para resarcir el daño causado, a Grupo México se le impuso una multa de 24 millones de pesos y se formó el Fideicomiso Río Sonora con dos mil millones de pesos. Hombres con pala en mano sacaron tierra contaminada del cauce del río Sonora y después Grupo México saturó las salas de cine en México con comerciales para publicitar que la compañía había cumplido y que el río contaminado estaba limpio.
A un año, organizaciones civiles, comités de pobladores del Río Sonora y el Sindicato Minero Sección 65 de Cananea coinciden en que Grupo México mintió durante meses sobre el estado del río, y el dinero del Fideicomiso se repartió entre los alcaldes, familias y políticos de los siete municipios afectados según documentó SinEmbargo.
La asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa interpuso una segunda demanda de acción colectiva contra Grupo México, Minera México y Buenavista del Cobre para exigir que repare el daño causado a las personas afectadas por el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora.
FRAUDE EN MINA DE AZNALCÓLLAR
En mayo pasado, el diario El Mundo publicó que el Gobierno de Andalucía, España, adjudicó los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar al consorcio conformado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México, a pesar de que en el proyecto ganador podía haber documentos falsificados y no cumplía con los requisitos de concesión.
De acuerdo con la prensa española, Grupo Magtel recibió de la minera del segundo hombre más rico de México un millón de euros para que interviniera a su favor en el concurso de adjudicación.
Ante la situación, la magistrada Patricia Fernández paralizó la concesión luego de la denuncia interpuesta por Emerita Resources, la otra empresa que concursaba para la adjudicación de la mina. Desde el 13 de mayo, se investigaba “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal”. Después la juez imputó a siete personas por el delito, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto posteriormente cesada.
Pese a ello, en noviembre se determinó que la minera Grupo México en asociación con la española Magtel explotará, finalmente, la mina de Aznalcóllar en Sevilla. Después de seis meses, el gigante mexicano consiguió ganar la batalla en los tribunales para ser adjudicataria de la explotación de la mina en la que ya se habían comprometido 300 millones de euros.
Su directa competidora, Emérita Resources, acusó a la minera de Germán Larrea –uno de los mexicanos más multimillonarios– por fraude en el proceso, ya que la licitación no se realizó conforme a derecho. Después de la denuncia, la jueza que revisó el caso afirmó que ese concurso se resolvió “sin observar el más mínimo rigor” administrativo y legal.
En un comunicado, la socia de Grupo México, Magtel, expresó su satisfacción tras la resolución.
MUERTOS POR PROYECTO EN PERÚ
La población de la provincia de Islay, Perú, inició una huelga contra el proyecto Tía María de la minera Southern Copper, filial del Grupo México, donde Larrea tiene más del 80 por ciento de acciones.
Los habitantes consideran que la mina contaminará con polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del río Tambo. La empresa aclaró que usará agua de mar desalinizada en sus operaciones.
Hubo huelga, paros y enfrentamientos –que causaron al menos cuatro muertes–. El proyecto minero fue suspendido de manera indefinida en mayo pasado por la empresa para informar a la población y aclarar sus dudas sobre el Estudio de Impacto Ambiental.
Las protestas contra Tía María empezaron en 2011 cuando el Estudio de Impacto Ambiental recibió 138 observaciones y se desataron unas violentas manifestaciones que se saldaron entonces con tres muertos.
A inicios de 2015 comenzó un paro que se prolongó durante más de 60 días y que, a causa de serios disturbios, dejó cuatro muertos y más de 200 heridos, lo que forzó al Gobierno a decretar el estado de excepción y ordenar el ingreso de las fuerzas armadas para vigilar las zonas estratégicas.
Southern Copper contempla una inversión de unos mil 400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
