Sinaloa es la quinta entidad con más desapariciones forzadas; IP y sociedad se pronuncian

08/12/2014 - 10:31 pm

Por Belizario Reyes y Fernando Velasco, especial para SinEmbargo 

sinalo
Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo/Noroeste).– Abogados, la inversión privada y la sociedad civil se pronunciaron ante los registros de desaparición forzada en Sinaloa: es la quinta entidad con más desaparecidos en México, de acuerdo con el Registro Nacional.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta que en lo que va de la administración del Gobernador Mario López Valdez, en Sinaloa han desaparecido mil personas, lo que representa el 154 por ciento más que las registradas en los últimos cuatro años de la administración de Jesús Aguilar Padilla.

Óscar Octavio Carvajal Tirado, ex presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Camberos”, denunció que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa sigue recurriendo a la tortura en las investigaciones.

“Siguen haciendo uso de la tortura, y en ese sentido se avizora un fracaso de los nuevos Juicios Orales, porque mientras las policías no estén preparadas y el Ministerio Público también para hacer una investigación científica, entonces todo es mentira”, afirmó.

Sobre la desaparición forzada de personas declaró que es una “pandemia nacional” y para contrarrestar esta problemática, dijo, se requiere que las autoridades de los tres niveles del gobierno cumplan con su responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos porque está demostrado, aseguró, que en Sinaloa no hay Estado de Derecho.

“Lo que se debe hacer es que el Estado cumpla con su obligación de proporcionar seguridad a los ciudadanos, porque está demostrado con éste y otros hechos que en Sinaloa no hay Estado de Derecho, no se cumple con esa responsabilidad gubernamental de proporcionarle seguridad a los ciudadanos”.

La aparición de cinco cadáveres en una fosa en El Fuerte, ocurrida el viernes, y el reporte sobre la desaparición de seis personas en La Noria, el pasado lunes, son casos preocupantes que deben esclarecerse, demandó.

“Ni modo de decir como Malova [Gobernador Mario López Valdez], que quiere que felicitemos al Procurador porque cumple con su deber, aunque le paguemos por eso, es que deberían cumplir con su deber, pero no lo hacen, pero sí cobran sus salarios muy puntualmente, entonces lo que se debe hacer, creo yo, es que haya gobiernos responsables que cumplan su obligación de dar seguridad a la ciudadanía”.

IP CONTRA IMPUNIDAD

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la zona Pacífico Norte, Valeriano Suárez, dijo que la desaparición forzada de personas es muy grave y la autoridad debe llevar a cabo una cruzada contra la impunidad por ser, consideró, el principal problema que se tiene en México.

“Es una situación muy grave [la desaparición de personas por la violencia] y ahí lo que creo es que la autoridad debe llevar a cabo una cruzada contra la impunidad, el problema principal que tenemos es ése, la impunidad, hablamos de que en México se cataloga en un 98 por ciento, quiere decir que sólo dos delitos de cada 100 terminan con consecuencias jurídicas para los que los llevan a cabo, y ese rango, ese porcentaje incentiva mucho a delinquir”, afirmó.

LA SOCIEDAD DESCONFÍA

Que sea la sociedad civil quien realice las acciones correspondientes a las autoridades, como la búsqueda y localización de fosas clandestinas, responde a un reflejo de desconfianza y hartazgo frente a la impunidad, opinó el presidente de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, Jorge Figueroa Cancino.

Específicamente, la localización de cinco cuerpos en la comunidad de San Blas, en El Fuerte, el pasado 5 de diciembre, es producto de crisis de confianza entre los familiares de desaparecidos y las autoridades pertinentes, añadió.

“La sociedad civil se organiza, toma por sus manos los problemas. Lo que hay es un reflejo del hartazgo, de lo que sucede, de la impunidad, la gente toma por su cuenta todo, lo que no se ha tenido la capacidad de resolver [por parte de las autoridades]”.

En la práctica, que las autoridades y cuerpos policiacos se vean rebasados por la sociedad civil fortalece la impunidad, acusó Figueroa Cancino.

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