Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, tomó ayer un nuevo rumbo, después de que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunciara que existen evidencias de que los normalistas secuestrados el pasado 26 de septiembre están muertos pero que, hasta que no concluyan los trabajos de identificación, siguen “desaparecidos”.
“Los cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula con ropa”, detalló Murillo Karam, lo que se derivó de los testimonios de tres presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos detenidos la semana pasada.
Minutos después de la declaración que hizo el Procurador en conferencia de prensa, los padres de familia de los normalistas denunciaron que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no ha cumplido ninguno de los compromisos que asumió el 29 de octubre –como aceptar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la investigación– y que para ellos “sus hijos siguen vivos” hasta que no presenten pruebas.
Los familiares de los estudiantes insistieron en que no aceptan los datos que dio la PGR, en el sentido de que los restos hallados en una barranca de Cocula son los de los alumnos, debido a que ni el mismo Murillo Karam tiene certeza de tal afirmación.
“Nosotros, como padres de familia, no aceptamos de ninguna manera esa declaración que ha dado [el Procurador Jesús Murillo Karam], porque incluso él ha dicho que no tiene la certeza de que sea cierto. Queremos resultados, pero con pruebas. En el momento en que tengamos la certeza de que la PGR [Procuraduría General de la República] dice la verdad, hasta ese momento aceptaremos el resultado”, dijo una madre de familia que declinó dar su nombre.
En el encuentro en el que participaron estudiantes y otros padres de familia, enfatizaron que los estudiantes están vivos y sostuvieron la exigencia de que, si las autoridades no pueden solucionar el problema, deberían presentar su renuncia.
“Vamos a seguir la búsqueda de los jóvenes. Exigimos al gobierno que se intensifique con ayuda de organismos internacionales para hacerla más eficiente”, dijo una madre de familia. ”Nuestro país ha sido rebasado por este problema”, agregó.
Un normalista, que se identificó como Daniel Velázquez, afirmó: “Ya nos los han matado varias veces. Nosotros queremos pruebas”.
Al finalizar el encuentro, los asistentes se retiraron lanzando la consigna de “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Murillo Karam informó ayer que los detenidos [Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, Juan Osorio Gómez, alias “El Jona” y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”] confesaron haber asesinado a la mayoría de los 43 normalistas secuestrados por policías de Iguala.
Los detenidos, miembros del Cártel Guerreros Unidos, los mataron y luego los quemaron; algunos de ellos aún estaban vivos [inconscientes], dijo Murillo Karam desde Chilpancingo. Hay restos quemados, pero también hay otros que fueron encontrados en bolsas. El fuego lo alimentaron a través de piedras, llantas, diesel y gasolina directo a los cadáveres. Alrededor de 15 murieron de asfixia antes de llegar al basurero de Cocula.
“Es un caso típico de desaparición forzada, no un crimen de Estado. Iguala no es el Estado mexicano”, detalló en una sesión de preguntas y respuestas.
Los nuevos detenidos, presuntos miembros de “Guerreros Unidos”, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que recibieron en Cocula. “Sé el enorme dolor que produce esta información”, señaló el titular de la Procuraduría, quien también detalló que la orden de secuestrarlos y matarlos vino de dos personas: una de ellas fue del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y la otra, del líder del grupo criminal.
LA OLA CIUDADANA
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, hace 42 días, se ha convertido en el mayor escándalo nacional e internacional en México en los últimos años. Políticos, grupos civiles, artistas y organizaciones internacionales denuncian la atrocidad de un caso que resume por sí mismo la corrupción política y la violencia criminal que vive México.
La muerte ha situado a Iguala de la Independencia en el mapa. Este pequeño pueblo de 118 mil habitantes situado en el estado de Guerrero, a unos 120 kilómetros al sur del DF marcará un antes y un después en la historia de México. Desde su fundación en los años veinte, las escuelas normalistas ligadas a la formación marxista de los maestros, estuvieron ligadas a los movimientos guerrilleros. La violencia en el Estado ha sido continuamente alimentada por las masacres del Ejército y paramilitares. En los setenta la salvaje represión que acabó con el movimiento insurgente de Lucio Cabañas fue conocida como la “guerra sucia”. Las autoridades hicieron desaparecer a unas 173 personas, pero el impacto mediático nunca fue comparable al actual.
En la actualidad, el Estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos del país, vive una revuelta constante y una guerra entre diversos grupos criminales [La Familia, El Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos…] que luchan todos contra todos. La situación de anarquía y la complicidad de los ediles y gobernantes han desembocado en lo que puede definirse como un Estado fallido.
UN DÍA PARA RECORDAR
Hacia las seis de la tarde del viernes 26 de septiembre de 2014, un grupo de 120 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Tixtla, Guerrero, salieron de esta población a bordo de dos autobuses de la empresa Estrella de Oro que tenían en su poder desde hacía un mes en el interior de las instalaciones de la institución educativa.
Los autobuses, con 60 muchachos cada uno, eran conducidos por choferes de la misma línea de transporte y se dirigían a Iguala con la intención de tomar otros dos camiones de la compañía Costa Line.
En su camino los jóvenes toparon con José Luis Abarca, un Alcalde que llegó al poder en 2012 sin experiencia política y acusado de evasión fiscal. Desde los inicios de su administración, Abarca entregó el control de la Policía Municipal al cartel de “Guerreros Unidos”, directamente relacionado con su esposa, María de los Ángeles Pineda, hija de una operaria del famoso capo Arturo Beltrán Leyva y hermana de los capos fundadores de “Guerreros Unidos”, como lo informó la PGR.
Los narcos, informó la dependencia, se encargaron de elegir directamente a sus miembros. Con esta premisa, el político pudo cometer todo tipo de desmanes. Fue acusado de reprimir y desaparecer a sus rivales políticos, como el ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder campesino. Según testimonios actuales, el Alcalde, en persona, disparó en la cabeza al activista y le remató en la fosa común.
Mientrs que María de los Ángeles Pineda tenía todo controlado para convertirse en la próxima Alcaldesa en 2015. El 26 de septiembre había preparado el acto de presentación de su carrera electoral. Pero ese mismo día llegaron los normalistas a la ciudad. Todo indica que la esposa de Abarca temió que quisieran reventar su flamante acto y pidió ayuda a sus esbirros, los halcones del narco para que lo impidieran a toda costa.
Los normalistas fueron recibidos como guerrilleros: a balazos. La policía de Cocula les persiguió y mató a dos de ellos a tiros. Otro joven fue encontrado al día siguiente con el rostro desollado y los ojos arrancados.
Se dispararon más de 400 proyectiles que alcanzaron a otras tres personas que nada tenían que ver con los normalistas. A su vez, la Policía de Iguala detuvo a decenas de estudiantes y los entregó al cártel de los Guerreros Unidos asegurándoles que eran jóvenes integrantes del cartel rival de Los Rojos. Los narcos actuaron con su modus operandi habitual: decidieron liquidarles.
La última pista que se tuvo de los estudiantes fue el supuesto video en el que aparecían apilados en camionetas que desaparecían hacia algún punto entre Iguala y Cocula. Su rastro se perdió para siempre. Y su historia empezó a crecer como la espuma.
EL IMPACTO SOCIAL
El 27 de septiembre aparecieron los primeros indicios de lo ocurrido en Iguala. La prensa se hizo eco del asesinato de seis personas, tres de ellos normalistas. La Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Guerrero confirmó que elementos de la Policía de Iguala abrieron fuego contra estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa” e indicó que también hubo otros ataques perpetrados por comandos armados por lo que en total seis personas perdieron la vida.
Un día después, el 28 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia afirmó que había 43 jóvenes desaparecidos. Desde ese momento los medios de comunicación explotaron y las noticias sobre el caso Iguala se multiplicaron exponencialmente.
Dos días después, el 30 de septiembre, ante la creciente presión política y social, el Alcalde José Luis Abarca Velázquez pidió licencia, salió por una puerta trasera del cabildo y se esfumó tan rápido como pudo.
El escándalo crecía y llegaba al entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, provocando rumores sobre su dimisión. Pero una semana después de los hechos, el político perredista negaba su renuncia en las redes sociales. “Aquí está Aguirre, y Aguirre no se raja”, escribió en su cuenta de Twitter.
El 9 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar) detuvo en Cuernavaca a Salomón Pineda Villa “El Molón”, miembro del cartel de Guerreros Unidos y hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Edil.
La complicidad de los Abarca con los narcos indignó a políticos y legisladores de hasta 33 países. El Grupo Geopolítico de América Latina y El Caribe (Grulap) exigió a las autoridades de todos los niveles que esclarecieran con prontitud el caso Iguala y que presentaran con vida a los 43 estudiantes.
Los detalles sobre la tragedia aparecían a cuentagotas gracias al testimonio de los supervivientes. El 13 de octubre se reveló que hubo cuatro balaceras a las 9 de la noche, que los policías dispararon sin motivo alguno y que levantaron a 43 de ellos. Tres jóvenes que salvaron la vida el día trágico aseguraron que hasta el 066 les daba largas y se negaba a ayudarles.
A mediados de octubre comenzaron a aparecer fosas clandestinas. La PGR halló 28 cuerpos en cinco fosas, pero el día 14 confirmó que ninguno de ellos pertenecía a los estudiantes. El impacto mediático fue aún mayor. Desde entonces se sucedieron las protestas con el lema: “País de fosas”.
El 16 de octubre se cumplieron 20 días desde la desaparición. Las jornadas de furia se multiplicaron. Los estudiantes mexicanos encabezaron marchas exigiendo la aparición con vida de “los 43” y apedrearon los vidrios del edificio de la PGR. Otras asociaciones de desaparecidos y mexicanos se unieron a la causa. Mientras las piedras reventaban los vidrios de la PGR, Ana Luisa Pérez lloraba y exigía a gritos que su hermano Julio César Pérez López, desaparecido en 2011 en Chimalhuacán, Estado de México, apareciera.
Los grupos de autodefensas comunitarias de Guerrero también se unieron a la búsqueda “de los 43”. El 16 de octubre miembros de la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) encontraron nuevas fosas en las inmediaciones de Iguala.
A LOS 43 LOS QUEMARON VIVOS
“A los 43 los quemaron vivos […] están muertos, no hay ninguna esperanza de que aparezcan vivos”, aseguró el 17 de octubre el padre Alejandro Solalinde Guerra, provocando la indignación de los padres. Aunque el sacerdote afirmó que su información provenía de fuentes fiables, tuvo que retractarse y pedir diculpas después de que los padres le impidieran oficiar misa en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La tensión política del caso Iguala dividió al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postuló al ex Alcalde de Iguala y que a partir de entonces entró en una guerra interna de acusaciones. Nadie quería reconocer sus vínculos con Abarca.
A un mes de la desaparición “de los 43” el estado de Guerrero ya estaba lleno de fuerzas federales y grupos guerrilleros que reactivaban su actividad y amenazaban con pasar a la acción si la PGR no solucionaba la situación. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de Chiapas, se sumó a las movilizaciones del 22 de octubre. Los Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomaron de manera pacífica la Alcaldía de Acapulco y otras 22 oficinas gubernamentales.
El 23 de octubre, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero, decidió dimitir de su cargo. El político del PRD llevaba en el poder desde el 1 de abril de 2011. Después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, se mantuvo en el cargo durante 27 días, sostenido por el apoyo brindado desde el Distrito Federal por la corriente perredista conocida como “Los Chuchos”, conformada por Carlos Navarrete Ruiz, Jesús Ortega y Jesús Zambrano.
Desde el Festival de Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) también llegaron voces críticas. Varios galardonados alzaron la voz para exigir a las autoridades la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El actor Daniel Giménez Cacho, a nombre del jurado, condenó los hechos de violencia y exigió medidas contundentes. “Antes que nada, ¡los queremos vivos!”, dijo.
Los padres de los normalistas pusieron un plazo al Gobierno de Enrique Peña Nieto para que sus hijos aparecieran con vida. El 24 de octubre venció su ultimátum y lanzaron un mensaje amenazante: “Desde ahora, el gobierno es responsable de lo que pase”.
La PGR continuó deteniendo a miembros del cártel Guerreros Unidos y encontrando nuevas fosas. El 28 de octubre ya había 56 detenidos. Los buzos comenzaron a buscar los cuerpos en el río Cocula, ya que el líder del grupo criminal, Sidronio Casarrubias, había declarado que 17 cuerpos fueron arrojados al agua. Pero no encontraron nada. Un día después los padres se reunieron en privado con Peña Nieto, pero no obtuvieron ninguna noticia nueva sobre sus hijos. “Sus medidas no son suficientes”, declararon.
El 30 de octubre, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, era el problema “más grave” que había tenido el actual gobierno federal. Estas declaraciones quedaron mermadas por el testimonio de los padres de los normalistas, que aseguraron que el gobierno de Guerrero trató de sobornarlos con 100 mil pesos para que guardaran silencio.
El mes de noviembre puso en marcha la caravana civil #43×43, conformada por algunos de los padres de los normalistas y otros activistas. La marcha partió de Iguala iniciando un recorrido a pie de 195 kilómetros para exigir seguridad en México. Se prevé que lleguen al DF el domingo 9 de noviembre.
El 4 de noviembre aparecieron los presuntos autores intelectuales de la masacre. El ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa fueron detenidos en una casucha insalubre del barrio de Iztapalapa, al sureste del Distrito Federal.
La primera medida del Gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, fue anunciar una “caravana de la paz” para promover el turismo (que cayó un 60 por ciento desde las desapariciones). La respuesta de los padres de los 43 alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue contundente: “Decimos al Gobernador que presente a los jóvenes y después podemos marchar todos juntos y encontrar la paz verdadera que tanto se necesita en la normal, en la familias de los desaparecidos y en el estado”.
El mundo mediático mexicano giró alrededor de este caso. Las manifestaciones de el Distrito Federal comenzaron a ser multitudinarias. El 5 de noviembre, miles de personas convocadas por universitarios, organizaciones, religiosos y sindicatos tomaron el Zócalo. Bloqueos de autopistas, toma de ayuntamientos, bancos y alcaldías fueron la constante el estado, donde cada vez había más presencia de grupos guerrilleros y grupos armados de autodefensas.
La solidaridad de los mexicanos hacia los padres de los desaparecidos creció sin cesar. La ola de rabia e indignación también.
