Pese a que el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), que consta de 53 mil 928 hojas distribuidas en 85 tomos y 13 anexos, fue verificado a fin de garantizar la protección de datos personales, Rosales cree que la publicación “pone en riesgo su seguridad”.

“Es de interés general para todo el pueblo de México lo que ahí esta ocurriendo, pero creo que compromete la seguridad de las víctimas, de los testigos, de los estudiantes que han brindado un testimonio que resulta fundamental en la investigación”, dijo a Efe el abogado.

En su opinión, se debió discutir con las víctimas cuáles son las partes del expediente que se tienen que hacer públicas porque “publicar todo de manera indiscriminada puede tener algunas afectaciones para las víctimas y sobre todo para los testigos”.

En el día de hoy, la fiscal Arely Gómez anunció en una comparecencia en el Senado que se subirá al portal de la PGR la versión pública del expediente sobre la desaparición de 43 estudiantes en la sureña ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Durante varias horas, Gómez respondió a las preguntas de los senadores y confirmó que ha abierto nuevas líneas de investigación y ha tomado declaración a más militares que presuntamente fueron testigos de los ataques a los jóvenes.

Para Rosales, aunque “son importantes”, las declaraciones de los militares no son suficientes, por lo que “tiene que trazarse una línea de investigación” sobre el supuesto papel de los soldados en los hechos.

“Una línea de investigación es una ruta que el Ministerio Público tiene que seguir y alrededor de esa ruta tiene que construirse todo un plan de investigación con objetivos y metas claras”, agregó.

El letrado habló también sobre el anuncio hecho por Gómez de que serán ocho los peritos internacionales que vuelvan a revisar el basurero de Cocula, donde los narcotraficantes detenidos aseguran haber quemado los restos de los jóvenes.

En este sentido, apuntó que no aceptarán este peritaje si no está el peruano José Torero, quien ya examinó la zona a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y concluyó que los jóvenes no pudieron ser quemados ahí.

La fiscal Gómez aseguró que el peruano, experto en fuego, ha sido llamado a sumarse a este grupo de expertos.