Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo.– El Procurador Jesús Murillo Karam dijo en un encuentro con la prensa extranjera que no cuenta con evidencias de que el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien es buscado por las autoridades, tuviera nexos con el narcotráfico.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) se refirió a informaciones, según las cuales él ignoró acusaciones contra el Alcalde de Iguala, aunque admitió haber tenido contactos con un miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien decía tener pruebas de la participación de Abarca en un homicidio.
“Lo que él me dijo que iba a traer pudo haber generado alguna idea de complicidad o liga con el narcotráfico, pero nunca lo trajo”, señaló al referirse a hechos violentos del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde murieron 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes del magisterio.
Este fin de semana, ante el pleno del lX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), René Bejarano Martínez acusó de no intervenir a tiempo en Iguala, Guerrero, y dejar crecer la impunidad, cuando en 2013 un testigo denunció al Alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, por ejecutar al perredista Arturo Hernández Cardona.
Bejarano aseguró que él personalmente se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y le pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) tomara el caso del asesinato de Hernández Cardona e investigara al Presidente Municipal.
“Se pidió hasta en dos ocasiones que la PGR atrajera las indagatorias, por unanimidad se aprobó que fuera la PGR que atrajera la investigación y tuve oportunidad después de esas dos solicitudes de hablar con el Procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo. Nicolás Mendoza Villa dijo ‘me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’ y la PGR no quiso atraer la investigaciones por motivos políticos”, dijo.
Bejarano prosiguió: “me vi con Osorio Chong y le pedí que iniciara el juicio de procedencia, Nicolás dijo que cuando ejecutaron a Arturo llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo ‘me voy a dar el gusto de matarte, que tanto me estás chingando con los fertilizantes’, y ahí lo mató”.
El perredista aseguró que no hubo disposición del gobierno federal y que ante un notario público tomó la declaración del testigo. Después el obispo Raúl Vera leyó en la plaza principal de Iguala la declaración del testigo y la presentó al Congreso Local.
A la par de las denuncias de Bejarano, hace 18 meses Nicolás Mendoza Villa, el testigo que señaló al Alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, como el asesino del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, declaró formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el funcionario municipal que hoy está prófugo por el ataque a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reveló la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
Con ella, la regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, añadió que los primeros días de agosto acudió a la PGR y ahí se enteró de que el homicidio del dirigente y dos activistas de UP había sido atraído por el gobierno federal, y desde entonces las autoridades estaban en condiciones de detener al Secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por el homicidio del dirigente y dos activistas de UP, pero el Alcalde tenía que ser removido antes del cargo por el Congreso local. Sin embargo, no aprehendieron al encargado ni promovieron el juicio de desafuero.
El Procurador afirmó ayer que la prioridad de las autoridades es encontrar a los desaparecidos e identificar a los responsables para aplicarles el peso de la ley. “Estoy enormemente interesado en encontrar todo el hilo de esta madeja y poder aplicar la ley a quienes pudo afectar a la sociedad de una manera tan brutal como esta”, dijo.
Murillo precisó que hay 43 desaparecidos y han encontrado 28 personas en cinco fosas, pero aclaró que éstos no han sido identificadas y “no se sabe si son parte de los atacados”. Habló de que los peritos calculan que necesitarán unos dos meses para identificar a los encontrados en las fosas porque están calcinados, pero confió en que eso se logre en un tiempo menor, aunque el camino será largo.
Acerca del grupo “Guerreros Unidos”, presunto responsable de la matanza en colaboración con autoridades municipales, aclaró que no era una banda fuerte, pero al desarticular a los “Rojos” y realizar detenciones de “La Familia”, los dos grupos dominadores en el área, este grupo se quedó sin competencia.
Murillo Karam se negó a comentar algún posible móvil de los asesinatos debido a que no se puede dar a conocer alguna hipótesis hasta que tenga comprobado cuál es la verdadera.
MÉXICO TIENE CRISIS POR DESAPARECIDOS: HRW
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo esta mañana en una conferencia de prensa desde Washington que las desapariciones forzadas en México representan una crisis de derechos humanos que el gobierno de Enrique Peña Nieto esta lejos de solucionar.
“Los esfuerzos de México para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada ocurridos en los últimos años han estado plagados de demora y anuncios […] el gobierno de México “formula discursos, promesas, tiene buena retórica, pero pocos resultados en desaparecidos”, dijo Vivanco al dar lectura a una carta que envió al titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
El representante de HRW dijo que México debe asegurar que la definición de desaparición forzada sea consistente en sus diferentes jurisdicciones. Recordó que aunque el gobierno cuenta con varias iniciativas para apoyo para familiares de víctimas, no obstante no ha reglamentado la Ley General de Víctimas.
“El gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desaparición forzada […] desde 2006 a la fecha no hay consignados por los cientos de miles de casos de personas desaparecidas”, dijo José Miguel Vivanco.
Recordó que el gobierno de Peña Nieto, en particular la PGR, ha impulsado diversas iniciativas para responder al problema de las desapariciones que incluyeron la creación de una unidad especial de la PGR para investigar desapariciones y buscar a personas con paradero desconocido. También creó un sistema denominado “Alerta Amber” para buscar a mujeres, niños, niñas y adolescentes extraviados.
“No obstante, estas iniciativas se han traducido en resultados limitados. Las autoridades han encontrado solamente a 214 mujeres, niños, niñas y adolescentes a través del sistema “AlertaAmber” desde 2011, y a 86 personas a través del trabajo de la unidad especial”, dice la misiva.
Funcionarios de la unidad especial dijeron a Human Rights Watch que, a pesar de que el procurador general de la República había asignado carácter prioritario a esta iniciativa, no contaban con recursos suficientes para gestionar el gran volumen de casos de la unidad. Sin embargo, de acuerdo con la prensa, en septiembre el gobierno anunció que recortaría en más del 60 por ciento el presupuesto de la unidad especial.
“Sin apoyo adecuado, será imposible que los agentes del Ministerio Público a quienes se les ha asignado esta enorme tarea puedan encontrar a las personas cuyo paradero se desconoce y llevara los responsables ante la justicia”, comentó Vivanco.
Respecto al apoyo que el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció en operación humanitarias en la Asamblea General de Naciones Unidas, Vivanco recalcó que el Ejército mexicano “no tiene la cultura de respeto a los derechos humanos y no cuenta con la trayectoria y el récord que pueda servir como modelo frente a circunstancia de crisis internacionales”.
