En el mes que corre -el número 22 del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto- en México no hay una institución de combate a la corrupción. La Secretaría de la Función Pública –otrora insignia de las políticas contra el crecido cáncer- aguarda su desaparición, despojada de todos los órganos de control interno con los que alguna vez contó, y acéfala en su titularidad.
Este escenario fue el resultado de un círculo gestado en la reforma a la Ley de la Administración Pública que implica que la SFP sea sustituida con la Comisión Nacional Anticorrupción. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está atorada. De modo que no hay Secretaría de la Función Pública y tampoco Comisión Nacional Anticorrupción.
El combate a la corrupción fue el tema que le permitió al Presidente impulsar las reformas estructurales. Apenas ganadas las elecciones, presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero las cosas han cambiado. En su Segundo Informe, apenas mencionó la palabra una vez y la noche del 19 de agosto, en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.
Y tanto las palabras como los hechos han calado hondo en los especialistas y luchadores que ahora ven pocas posibilidades que se impulse una verdadera política para combatir ese malestar que equivale al 10 por ciento del PIB, el doble de las ganancias del crimen organizado.
México es, pues, en estos momentos, un paraíso para los corruptos.
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).–La palabra “corrupción” es una de esas palabras que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, pronuncia muy poco. En el mensaje alusivo de su Segundo Informe de Gobierno, un compendio de nueve mil 748 términos, la mencionó una sola vez. Dijo: “Para fortalecer el sistema de justicia, la Reforma Política convierte a la Procuraduría General de la República en un nuevo órgano constitucional autónomo: la Fiscalía General de la República. De acuerdo con esta reforma, esta institución contará, entre otras, con dos fiscalías especializadas; una contra delitos electorales, y otra para combatir la (y aquí la mermada palabra) corrupción”.
Dos semanas atrás, la noche del 19 de agosto, el Presidente expuso lo que piensa de ese concepto. En el programa “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, Denisse Mearker –una de los seis periodistas convocados- lo cuestionó sobre cuál era la estrategia para combatir ese mal en México. El Presidente sostuvo que la corrupción es un cáncer social que no es exclusivo de México. “Lo es –yo creo- que de todas las naciones, un tema casi humano que ha estado en la historia de la humanidad, y que en México se han hecho esfuerzos porque tengamos instituciones que combatan la corrupción y que además aseguren mayor transparencia”. León Krauze lo increpó con el dicho de que en Estados Unidos los mexicanos pagan multas e impuestos. El Presidente exclamó: “Yo sí creo que hay un tema cultural lamentablemente”.
La palabra “corrupción” ha estado en todos los discursos políticos desde Venustiano Carranza hasta Enrique Peña Nieto. Después, todos la han sepultado en el transcurso de sus gobiernos hasta dejarla en el olvido (Ver recuadro de las promesas y el olvido). Algunos especialistas en legislación de Transparencia temen que ese ciclo adjudicado a la política mexicana ya esté cumplido en este sexenio cuando apenas han transcurrido 21 meses de gobierno.
Basta ver la evolución de las palabras presidenciales. El 27 de febrero de 2013, cuando la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue detenida por la Procuraduría General de la República (PGR), el Presidente Peña Nieto dijo en un mensaje a la Nación: “Nadie está por encima de la ley”. Parecía un guiño inequívoco para que se iniciara una investigación en contra de Carlos Romero Deschamps, el dirigente del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien no oculta su vida de regalos y derroche. O de Víctor Flores Morales, dirigente del Sindicato de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales cuyos fideicomisos destinados a los trabajadores se encuentran vacíos. Nada de ello ocurrió.
Por el contrario, las palabras presidenciales desalentaron a Ernesto Gómez Magaña, integrante de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas quien formó en julio pasado la Iniciativa Yo contra la Corrupción (Yoco), un colectivo basado en la prevención y participación ciudadana cuya aspiración es incidir en la Reforma Constitucional de la Ley del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ahora en la Cámara de Diputados. “Se creyó que al gobierno federal le interesaba combatir la corrupción y que estaría dispuesto a crear una estrategia a partir de una renovación institucional. Pero en el momento en que el Ejecutivo mencionó que es un tema cultural, dejó suelta la posibilidad. Ahora, la señal es muy confusa”.
Mauricio Merino Huerta, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE), dijo que esa frase puesta en el discurso presidencial no contribuye con el combate a la corrupción al que no sólo está obligado el gobierno; sino comprometido. “La corrupción es un tema cultural, pero no es sólo eso. Se da en muchas relaciones, pero la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno al que los ciudadanos lo dataron de una serie de facultades”.
Jorge García Villalobos, socio líder de Investigaciones Forenses de Deloitte, compara a la corrupción con una enfermedad para la cual en México, no se ha encontrado la medicina por falta de acuerdo en el diagnóstico. “Hemos aplicado paliativos y ello nos marcó una tendencia para que la corrupción no se acabe. Mientras no se encuentre la verdadera medicina, la corrupción del país continuará tal cual. Se ha avanzado a cuenta gotas y con impasses”. Este especialista acepta que es acertada la visión de la corrupción insertada en “la cultura”. Pone como ejemplo que la corrupción en su mínima expresión de las mordidas de ciudadano a autoridad es una forma evolucionada de las formas que tuvieron los grupos originarios en México para evadir el pago de los altos impuestos en Tenochtitlan. No obstante, recalca que las razones históricas no deben inhibir el impulso de las políticas.
También está aquí la voz de Feliciano Arvidez, un policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Él es la encarnación de la estadística que indica que la Policía es por mucho, la institución más corrupta en México. En la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), aparece con 50.6 por ciento a nivel nacional. “Sí. Es un tema que ya se trae en las venas ¿Qué problema hay en que lo diga el Presidente? Pero tampoco es que uno nazca así. Yo creo que sí deben hacer algo para que ya no tengamos corrupción. Pero ya se sabe: el de arriba roba primero y el de abajo roba después, y aquí todo es un robadero. Pero yo digo que está bien que lo diga el Presidente”.
EL DESMANTELAMIENTO
El limbo. Ese es el sitio para las instancias de combate a la corrupción en estos momentos en que el Presidente Enrique Peña Nieto vive su mes número 22 en el gobierno y ha rendido su Segundo Informe de Gobierno. Desde que tomó posesión Peña Nieto, la titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se ha mantenido acéfala y funciona con un encargado de despacho: Julián Alfonso Olivas cuya facultad, en realidad, es la de subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones.
¿Qué dirige este funcionario cuyo sueldo es de 139 mil 580 pesos? No mucho si se considera que la Reforma peñanietista implicó la desaparición de los Órganos Internos de Control dentro de la SFP. No mucho cuando la dependencia recibe con espacios vacíos y cajas puestas en pirámides. “Así hemos estado: Esperando. Y así pasan los días y los meses”, dice una de las trabajadoras. Aprovecha para dirimir su duda: “¿Por ahí se sabe algo de qué va a pasar?”
Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada a Función Pública en 2003 como símbolo del combate a la corrupción, la dependencia está a punto de desaparecer. Conforme a la Reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la SFP debe ser desmantelada una vez que esté lista la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero por lo pronto, ni lo uno ni lo otro puede ocurrir. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está, sin trámite y en el cajón de pendientes.
Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, en marzo pasado se creó por acuerdo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la cual fue adscrita a la Procuraduría General de la República. Se trata del órgano que le sirvió al Presidente para mencionar por única vez la palabra “corrupción” en su mensaje a la Nación del pasado 3 de septiembre. Pero tampoco opera y ni siquiera tiene oficinas. El Senado debe nombrar a su titular para que arranque su funcionamiento.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN: EL CAMBIO DE DISCURSO
Como candidato, Enrique Peña Nieto mostró grandes ímpetus por acabar con la corrupción. En su lista de 266 compromisos firmados ante Notario Público, el primero es la creación de un órgano que le permitiera desde el gobierno contradecir a la corrupción. En 2012, como candidato electo, publicó en el periódico Reforma un artículo con el título “El comienzo del cambio” en el que ratificó que su primera acción como gobernante sería el impulso a dicho órgano.
Firmado el 2 de diciembre, en el Pacto por México, la Presidencia de la República volvió a incluir ese objetivo y añadió que también debía conformarse un órgano que vigile los contratos de publicidad entre el Gobierno y los medios de comunicación para otorgar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Los meses han pasado y no hay nada de esas promesas.
Cuando Peña Nieto fue candidato el Índice de Percepción de Corrupción 2011, elaborado por Transparencia Internacional, México tenía el sitio 100 de 183. Una posición de alarma. Desde entonces, las cosas han ido de mal en peor. Hoy, el país está en el sitio 106 de 177 naciones en la misma lista. Una calificación reprobatoria de 33 puntos.
En estos momentos, el costo de la corrupción tanto en el gobierno como en las empresas está calculado como el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) ubica ese número en 10 por ciento. De cualquier forma se trata del doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado y es superior a los dividendos de la extracción de petróleo crudo cada año por Petróleos Mexicanos.
En 1917 crea el Departamento de la Contraloría. Encarga al Congreso expedir “a la brevedad”, la Ley de Responsabilidades.
En efecto, el Congreso expide la ley, pero 22 años después: el 30 de diciembre de 1939.
El Presidente destituye a los gobernadores de Guanajuato, Sinaloa y Sonora, acusados de actos de corrupción.
Las destituciones desde la casa oficial de Los Pinos no suscitan un debate sobre la corrupción. Por el contrario, los análisis hemerográficos las refieren como medidas políticas para alejar a funcionarios leales a su antecesor.
Ofrece que “la moralización pública” será la marca de su gobierno. Las obras y otros contratos de su gobierno no serían privilegio de favorecidos. Es la primera vez, que el tema de licitaciones dirigidas despierta indignación en la sociedad debido al discurso presidencial.
En su sexenio se vuelve conocida la frase: “No me des, ponme donde haya”. Al finalizar el sexenio, sus críticos le señalan “funcionarios venales”; es decir, hombres que se enriquecieron con sus posiciones al encajarse en la administración.
Su lema de campaña es “Moralidad y Austeridad”. En su recorrido por el país menciona a “los funcionarios venales” y dice que su gobierno estará exento de ellos.
Sin juicio moral ni social, los funcionarios bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortinez se enriquecen en forma paulatina. Las fortunas crecen y surgen empresas que brindan servicios a la administración pública. No hay órganos de control que los señalen; mucho menos que los sancionen.
Se le adjudica la frase de: “¿Cómo se puede combatir la corrupción en México si cada mexicano tiene metida la mano en el bolsillo de otro mexicano?” Sin aspavientos, compromete a su gobierno al combate a la corrupción. Emite la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado que da lugar a la Secretaría del Patrimonio Nacional en sustitución de la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.
Gana el mote de “López Paseos”. Entabla extraordinarias relaciones con los principales mandatarios del mundo en Europa, Sudamérica y el Oriente. Hay, para ello, un gasto importante que no es fiscalizado. También se recuerdan apoteósicos recibimientos como el preparado para John F. Kennedy y su esposa Jackie; además del de General Charles De Gaulle de Francia. Empieza a marcarse la imagen del político mexicano enriquecido que no conoce límites para gastar en público.
Fomenta el desarrollo económico con promesas firmes a mantener baja la inflación, no adquirir deuda externa y no permitir fugas de dinero por corrupción.
Una de las tragedias que aún es herida abierta ocurre durante su mandato. La matanza de estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco aún es un episodio emblemático de la falta de transparencia de una era del poder en México.
Se constituye la Comisión de Administración Pública (CAP) que formula un diagnóstico titulado “Informe sobre la Administración Pública” en el cual se recomienda órganos de control interno en las dependencias.
El gasto público aumenta en forma considerable sin que sea sometido a fiscalización. La frivolidad empieza a volverse lugar común: no hay funcionario que no de muestras de acaudalamiento.
Como candidato le dice a un reportero que su lema electoral sería “La solución somos todos”. Ya en la silla presidencial reforma la Ley Orgánica de Contabilidad Pública para otorgar más facultades al gobierno en la sanción del mal uso de los recursos públicos
Aquella frase fue transformada por el dicho popular de “la corrupción somos todos”. El despilfarro fue marca de su gobierno con fiestas privadas; además de permisividad para actos ilegítimos en las esferas del gobierno.
La Renovación Moral está presente en su discurso desde que acepta la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Se trata de estimular la voluntad colectiva.
Una vez que el terremoto de 1985 destruye la ciudad de México, Miguel de la Madrid se separa de aquel concepto con el que se había propuesto marcar su sexenio.
En realidad, no usa el tema de la corrupción para hacer promesas de campaña ni propone grandes reformas. En 1994 se pone en marcha algunas iniciativas como la obligación para todos los servidores públicos de hacer su declaración patrimonial anual y la reducción de la asignación discrecional de fondos federales (la llamada “partida secreta” del presidente se reduce de 857 millones de dólares en 1988 a cero en 2000).
Surge el hermano incómodo (bautizado así por la Revista Proceso) Raúl Salinas de Gortari. Al final del sexenio es señalado de cometer actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y tener nexos con el narcotráfico. Fue encarcelado y en 2013, exonerado.
En su toma de posesión, dice: “Acabaremos con la impunidad y emprenderemos una lucha sin tregua contra la corrupción”.
Después de la crisis de diciembre de 1994, anuncia el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un instrumento con el que desea rescatar el ahorro en los bancos. En el Fobaproa se encuentran unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos. Unos 700 préstamos aparecen sin garantías. 600 créditos se llevan más del 55 por ciento del fondo. Es decir, se encuentra la trama de fortunas rápidas, formadas por la indiscriminada cesión de empresas públicas a intereses privados.
Como candidato ofrece acabar con la corrupción que han dejado los años del PRI.
Crea la Secretaría de la Función Pública, también el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y, además, funciona desde enero del 2000 la entidad de fiscalización superior de la Federación con su Ley Reglamentaria. Ofrece agarrar “peces gordos”.
Durante su sexenio es visible el crecimiento de la fortuna de allegados, familiares y él mismo. Martha Sahagún, su esposa, consume una de las más grandes partidas para una primera dama en Los Pinos. Los nombres de sus hijos, Manuel y Jorge Bribiesca, aparecen hoy en la truculenta historia de Oceanografía como intermediarios de millonarios contratos de Pemex. Esa compañía, que al principio del sexenio está teñida de rojo, llega a manejar un capital. Hoy está intervenida por la PGR por un fraude en contra de Banamex, filial de Citigroup.
Su lema de campaña fue “Calderón, manos limpias”. No fue más allá de la frase pues no ofreció ni reformas ni cacería de funcionarios inmersos en corrupción.
Su sexenio es empañado por varios escándalos: la construcción de la Estela de Luz que se estrena con retraso y se paga con sobreprecio; la red de influencia que teje Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia con ingresos de más de 26 millones de pesos en menos de tres años; la denuncia por parte del Gobierno de Estados Unidos en contra de Néstor Moreno Díaz quien fuera director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por recibir sobornos para beneficiar a Lindsey Manufacturing Company en contratos millonarios.
