La Ley General de Víctimas sería el primer paso del gobierno calderonista para reivindicar a las víctimas inocentes de la delincuencia organizada y la guerra militarizada contra el narcotráfico. Sin embargo, el proyecto elaborado por juristas, académicos e integrantes del Movimiento por la Paz que encabeza Javier Sicilia se topó con un obstáculo: el propio Felipe Calderón. Por eso Sicilia lo acusa de traición a su palabra y a la Constitución, mientras que el defensor de derechos humanos Edgar Cortez advierte que con esa maniobra el mandatario saliente libró también a Enrique Peña Nieto de esa deuda del Estado mexicano.
Por Marcela Turati
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señala la emergencia: si en este momento no se publica la Ley General de Víctimas (LGV) que la Presidencia “vetó”, el Estado no se responsabilizará por los daños de la guerra contra el narcotráfico y quedarán al garete los 70 mil muertos, los 20 mil desaparecidos, los cientos de miles de desplazados, los miles de huérfanos, viudas, heridos, familias rotas y comunidades sin paz.
Esta ley, dice en entrevista Javier Sicilia, fundador del movimiento, “la secuestraron, midieron los tiempos y usaron a las víctimas de carne electoral; y el mismo 1 de julio, cuando ven perdidas las elecciones, la mandan de regreso al Congreso, contraviniendo plazos e insultando a las víctimas, despreciando el trabajo de los legisladores, de los expertos de la UNAM y del Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales). Esta es una gran traición del presidente, que no quiere asumir la deuda del Estado con las víctimas”.
El también colaborador de Proceso critica: “Como (Calderón) no quiso vetar la ley durante el proceso electoral, la secuestró por 20 días y esperó a que pasaran las elecciones para vetarla. Tal parece que quieren reventar la ley: primero cometió una falta flagrante a la Constitución y a los tiempos que marca, es la palabra empeñada del presidente y la regresan en un momento tan tenso y delicado, después de las elecciones, cuando las cámaras no están sesionando… y cuando sesionen entrarán los nuevos”.
La tormenta se desató el 1 de julio, cuando el Poder Ejecutivo, con el argumento de que la LGV requiere ser mejorada antes de su promulgación, la devolvió al Poder Legislativo. Esto, pesar de que fue aprobada el 30 de abril y tenía 30 días para promulgarla o 10 más para hacerle observaciones.
El Ejecutivo argumentó que el Congreso no tiene facultades para decretar una ley de carácter general que distribuya competencias entre los niveles de gobierno; que la LGV es incompatible con otras legislaciones y con el sistema de atención a víctimas ya existentes; que su implementación tendría alto costo; además de que libra a los gobernadores, presidentes municipales y delincuentes de sus responsabilidades hacia las víctimas y carga todos los costos al gobierno federal.
“Si tienen dinero para la guerra, ¿cómo no van a tener? Si gastaron en monumentos suntuosos, como la Estela de Luz, de mil millones de pesos, o en estas elecciones de la ignominia, que costaron 25 mil millones, y todo lo demás que no reportan… Es indignante que estén fijándose en los costos. ¡Eso se llama saduceísmo, miseria, mezquindad!”, señala.
“Hay una deuda del Estado que decretó una guerra, y si quieren que pague el delincuente pues que lo agarren. ¡Hay una responsabilidad del Estado por falta de Justicia porque hay 98% de impunidad!”, continúa el poeta que alzó la voz contra la estrategia de la guerra a raíz del asesinato de su hijo el 26 de marzo del año pasado.
Guadalupe Pérez Rodríguez, quien era secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando se realizó el trámite de envío de la LGV, calificó como una falta de respeto a las víctimas y una “chicana” lo que hizo el Ejecutivo, ya que por excederse en los plazos es violatorio de la Constitución.
“Es completamente irregular lo que ha pasado, una violación constitucional. Debe haber un respeto absoluto a las víctimas, a los compromisos de nuestro partido y de todas las demás facciones y del presidente. Con esto se falta el respeto a las víctimas y a la legalidad, por lo que el decreto debería publicarse”, indica en entrevista, perpleja porque en los tres años que estuvo en la cámara no vio nada semejante.
La legisladora priista explicó que aunque el 10 de mayo ella envió al Ejecutivo Federal el decreto de la LGV, éste siguió “un trámite poco claro” cuando el secretario técnico de la mesa directiva de la cámara, el panista Oscar Martín Arce Paniagua, solicitó a Gobernación que devolviera el documento, con lo que detuvo el plazo para que fuera publicado (el secuestro del que habla Sicilia); hasta 20 días después se volvió a enviar el decreto original a la dependencia federal.
“La Secretaría de Gobernación argumentó que era en esa fecha –1 de junio– y no el 10 de mayo cuando lo recibió por primera vez, y la tomó como fecha en la que iniciaba el cómputo de los 30 días para publicar la ley (…). Para el Senado de la República el plazo oficial inició el 10 de mayo y no el 1 de junio”, explica.
La legisladora señala que, ante estas circunstancias, existen tres posibles destinos para la LGV: su regreso al Senado, su promulgación o su veto.
La primera implica que la Cámara de Senadores acepte las observaciones del Ejecutivo, con lo que no podría ser revisada y votada hasta octubre próximo, cuando se instalen nuevas comisiones; la segunda, que se rechacen las observaciones y se publique el decreto de la LGV en el Diario Oficial de la Federación; y la tercera, que se inicie una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para que defina cuál fue la fecha real en la que se vencía el plazo para publicarla. Si se reconoce la versión del Legislativo, sería el 10 de mayo y la ley entraría en vigor, pero si le da la razón al Ejecutivo el veto será válido.
“Si esta norma no está vigente y no existe un instrumento para darle certidumbre, queda a la deriva. Por eso debemos exigir que se publique, se necesita de manera urgente e inmediata la atención a las víctimas. El envío del Ejecutivo a la cámara el 1 de julio es fuera de término, una chicana… No corresponde a las fechas de los términos para hacer observaciones o publicarla”, sostiene Pérez Rodríguez.
LA RUTA DEL INSTRUMENTO LEGAL
La LGV fue confeccionada durante nueve meses por expertos del Inacipe (a petición del Ejecutivo), especialistas de la UNAM e integrantes del Movimiento por la Justicia por la Paz con Dignidad. Se incluyeron anteproyectos realizado por el PRI, el PAN y el PRD,
Según Julio Hernández Barros, experto del Inacipe, las diferencias surgieron desde las mesas de trabajo establecidas con Gobernación en la etapa de cabildeo. Y un senador confió a este semanario que posteriormente la dependencia pidió a varios legisladores que no aprobaran el proyecto.
Aunque el grupo parlamentario del PAN manifestó algunas reservas, al final diputados y senadores aprobaron la ley por unanimidad y se llevaron un reconocimiento público.
El 10 de mayo de 2012, a través del oficio DGPL 61-II-1-3420, dirigido al secretario Poiré y firmado por el senador Renán Cleominio Zoreda y la diputada Pérez Rodríguez, secretarios de las mesas directivas de las respectivas cámaras, se remitió el decreto de la ley al Ejecutivo Federal, que contaba con 30 días naturales para hacerle observaciones y 10 días naturales para promulgarla y publicarla.
El Movimiento por la Paz indica que el 29 de junio, transcurrido el plazo adicional, la ley se considera promulgada. Causó tanto asombro que el Ejecutivo no lo hiciera, que el presidente de la Cámara de Senadores, el panista José González Morfín, a través del oficio DGPL.-2P3A.-6469, solicitó a Poiré que girara instrucciones “a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación”.
En un comunicado, el movimiento señala: “La LGV fue ‘secuestrada’ 20 días, en una acción fuera del marco jurídico entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado del PAN Oscar Martín Arce Paniagua y la Secretaría de Gobernación”.
En el documento de observaciones al proyecto de decreto por el que se expide dicha ley, el Ejecutivo argumenta inconsistencias en el marco jurídico propuesto, incompatibilidad con otras leyes, inconsistencias respecto del esquema de protección y reparación a víctimas como “altos e incuantificables costos” o que se excluye al jefe de gobierno del Distrito Federal de las responsabilidades, así como violación a los principios del derecho penal democrático, por lo que el secretario Poiré ha insistido en que se devolvió la LGV al Legislativo para que la perfeccione antes de publicarse.
Sicilia señala: “Primero que cumplan, que la publiquen, después hacemos los cambios necesarios, porque a la inversa parece que quieren reventar la ley. Ahora nos están invitando a dialogar con el presidente, pero ¿qué tenemos que platicar cuando ya está el veto? Que se apegue a la ley, que la publique y hacemos las modificaciones convenientes y necesarias, pero así no”.
Desde la última semana de abril este semanario solicitó una entrevista al secretario de Gobernación para que exponga sus puntos de vista, pero la oficina de Comunicación Social no la ha autorizado.
LOS MIEDOS DEL ESTADO
La ley en cuestión pretende aplicar una reingeniería al sistema de justicia en favor de las víctimas de la violencia, con lo que activaría mecanismos para la reparación de los daños, permitiría diagnosticar los males causados durante la narcoguerra y reconocería los derechos de víctimas de la delincuencia común, de las organizaciones delictivas y de agentes del Estado.
Su promulgación implica la creación de un Registro Nacional de Víctimas, un Registro Nacional de Datos Forenses, un fondo para la reparación del daño, así como derechos como la restitución, indemnización y rehabilitación.
Entre sus novedades, la LGV establece que las víctimas deben recibir asistencia médica, psicológica y jurídica, rehabilitación, así como apoyo monetario, becas y asistencia humanitaria para que puedan dar seguimiento a sus casos ante la justicia sin empobrecer.
Les reconoce también el derecho una investigación judicial pronta y efectiva, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de todos los causantes del daño. Además, contarían con un instituto de abogados victimales que llevarán sus casos de principio a fin. Esta figura equivale a los defensores de oficio que defienden a los inculpados y tendría la facultad de proceder contra agentes investigadores, jueces u otras autoridades que obstruyan los derechos de sus defendidos.
Cuando el caso sea ganado, el ofendido podrá obtener hasta 1 millón de pesos que saldría del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño. Si el victimario es funcionario de gobierno, el Estado deberá pagar los daños, pedir una disculpa pública y cumplir actos de reparación. Si el delincuente es un particular, deberá resarcir los prejuicios con sus propios recursos y, en caso de que no pueda hacerlo, el Estado entraría como subsidiario.
Se considera una víctima a quien acredite haber sufrido algún daño económico, físico, mental, emocional o jurídico a consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, o sus familiares afectados o personas que dependían de la víctima directa.
El exsecretario de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Edgar Cortez, considera evidente la falta de disposición del Ejecutivo para asumir la responsabilidad que tiene el Estado hacia las víctimas.
“En el discurso público, en los encuentros con las víctimas, dice que sí las va a atender pero en los hechos demuestra que no quiere cumplir ni comprometerse. Como políticamente sería incorrecto, toma una vía de simulación. Así, Calderón reitera su posición de que las victimas son daños colaterales y el Estado no tiene por qué hacerse cargo de ellas; ese es el fondo del asunto”, expresa.
Cortez considera peligroso que desde la Presidencia se bloquee la ley cuidando de desobligar a Peña Nieto de la atención a la gente que ha sufrido por la violencia y la delincuencia:
“Después del proceso electoral y de las sintonías que vimos del candidato del PRI con el gobierno del PAN, pesa la afinidad entre esos dos partidos, tal vez para que ninguno de los dos se quede con esa responsabilidad hacia las víctimas.
“Eso es totalmente deplorable porque la estrategia de seguridad ha tenido un costo electoral muy alto y tiene que haber una clara base para que el Estado responda a cada familia, y de forma colectiva, por lo que han significado las miles de personas ejecutadas, desaparecidas, y quienes han estado por años peregrinando buscando justicia sin encontrarla”.
Cortez, uno de los coordinadores del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, lamenta que el Movimiento por la Paz no haya involucrado en el proceso de construcción de la ley al mayor número posible de víctimas y defensores, lo que provocó que su contenido aún no sea suficientemente conocido y en consecuencia pocos salgan a defenderla.
“Está faltando la fuerza social que tuviera que estarse manifestando y reclamando para que esa ley entre en vigencia. No hubo un proceso de apropiación social de esa ley; es una debilidad, porque no aparece con contundencia el movimiento reclamando. Es la consecuencia de una falta de trabajo de construir el respaldo social que requiere una ley como esta”, señala.
Las organizaciones de derechos humanos más importantes del país aún desconocen el contenido de la ley y no fueron consultadas. Cuando se le pregunta a Sicilia sobre esta omisión, señala: “Teníamos que sacarla en estos momento, si no, ¿quién se va a hacer responsable de esta deuda? Si nos ponemos a consensuar, entonces no hay Ley de Víctimas. Además, no es un asunto de asambleísmos, es de expertos; hay víctimas que hablan por todos, como las del Castillo de Chapultepec. Son una muestra y sabemos perfecto cómo se nos han violado los derechos”.
Agrega: “Si el gobierno nos está criminalizando, si nadie quiere reconocer los muertos ni la deuda del Estado, si todo lo resumen a un asunto de inseguridad, si para este gobierno corrupto y esta partidocracia no hay 70 mil muertos ni 20 mil desaparecidos, ¿cómo íbamos a esperar para condensarla? ¡Yo no veía otra salida! Y con todo y que la sacamos, ahora estamos en esta situación”.
–Apro
