Esperanza Kazuga, consejera de Voces Unidas por el Agua, lamentó que ante las condiciones de inseguridad es escasa la vigilancia en las minas, sobre sus procedimientos en el manejo de residuos, por lo que los riesgos son latentes no sólo para la actividad agrícola, sino para la pesca e incluso el consumo humano.
La mina La Cieneguita, que pertenece a la Minera Río Tinto, extrae oro y plata, una industria que en sus procedimientos utiliza metales pesados para la obtención y purificación de los minerales.
Aunque la violencia en la región minera es un problema de años atrás, fue en el 2017 cuando las pugnas entre delincuentes detonaron el desplazamiento forzado de casi veinte comunidades y el cierre masivo de empresas mineras, cuyos dueños eran extorsionados.
Por Sibely Cañedo
Ciudad de México, 8 de junio (Noroeste/SinEmbargo).– La organización civil Voces Unidas por el Agua, conformada por académicos y empresarios, advirtieron que los derrames de jales mineros ponen en peligro la actividad agrícola en los valles de Sinaloa, debido a que una gran cantidad de minas se ubican sobre la parte alta de las cuencas y sus residuos pueden terminar en presas y ríos que desembocan en esta entidad.
El presidente de esta asociación, Sergio Escutia Zúñiga, comentó que el reciente accidente ocurrido en la mina La Cieneguita, ubicada en el municipio de Urique, Chihuahua, los pone en alerta ya que es un material tóxico que puede ir a parar al río Fuerte, con potenciales afectaciones sobre las presas Luis Donaldo Colosio y Miguel Hidalgo.
“Es un tema que nos preocupa, por lo cual hacemos un llamado a las autoridades a que apliquen los estudios de manera expedita para determinar el daño de este derrame, que si bien informan que no contenía cianuro, eso no quiere decir que no contenga otros materiales tóxicos, que con las lluvias tarde o temprano van a ir a dar a los ríos”, expresó Escutia en rueda de prensa.
Esperanza Kazuga, consejera de Voces Unidas por el Agua, lamentó que ante las condiciones de inseguridad es escasa la vigilancia en las minas, sobre sus procedimientos en el manejo de residuos, por lo que los riesgos son latentes no sólo para la actividad agrícola, sino para la pesca e incluso el consumo humano.
“Tenemos que tomar en cuenta que la vocación de Sinaloa es la de ser un productor de alimentos, Sinaloa es el principal productor del país, es el granero de México, y no podemos poner en riesgo una actividad que significa tanto por no regular las actividades de la minería”, expresó.
Añadió que, a diferencia de otros estados, donde no tienen producción agrícola importante, Sinaloa tiene mucho que perder con este tipo de accidentes, por lo que urgen a que la regulación sea más estricta para la industria extractiva.
Escutia comentó que el costo-beneficio de la minería en Sinaloa es negativo, ya que según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, la contribución de la industria minera al Producto Interno Bruto del estado es de apenas el 1 por ciento.
Además, ve urgente la necesidad de establecer un ordenamiento territorial para las actividades económicas
“No puede haber una mina arriba de un valle agrícola por obvias razones”, ejemplificó.
La mina La Cieneguita, que pertenece a la Minera Río Tinto, extrae oro y plata, una industria que en sus procedimientos utiliza metales pesados para la obtención y purificación de los minerales.
Sin contar las afectaciones al medio ambiente, el derrumbe de la presa que sostenía los jales mineros dejó un minero muerto, dos lesionados y siete desaparecidos, según informaban este miércoles medios nacionales.
De acuerdo con la Profepa, este 4 de junio de 2018, alrededor de las 10:00 horas, se produjo un derrame de jales mineros al interior de dicha mina, el cual arrastró maquinaria, vehículos y a varios trabajadores que realizaban maniobras de contención.
“Personal de la esta dependencia realizó un recorrido aéreo por la zona, y reportó que el escurrimiento se presentó en en una longitud aproximada de 10 a 13 kilómetros sobre el cauce del Arroyo Cañita, con dirección hacia el Río Fuerte, localizado a 10 kilómetros de donde se contuvo el derrame de forma natural.
LA VIOLENCIA ALREDEDOR DE LA MINA
Aunque la violencia en la región minera es un problema de años atrás, fue en el 2017 cuando las pugnas entre delincuentes detonaron el desplazamiento forzado de casi veinte comunidades y el cierre masivo de empresas mineras, cuyos dueños eran extorsionados.
El 4 de mayo de ese año, sicarios dispararon a maestros que se dirigían al pueblo alteño de El Cuatantal a dar clases, al parecer los habrían confundido. De ahí se detonaron hechos sangrientos que tenían atemorizados a los pobladores de toda la zona serrana.
Los primeros en desplazarse fueron Chirimoyos y La Petaca. Luego se vino Potrerillos, Santa Lucía, La Capilla del Taste… El desorden seguía, recuerda Roque Vargas, desplazado y representante de otras personas que, como él, han bajado a Mazatlán o a Villa Unión para sobrevivir.
