Es la corrupción. El sexenio de Enrique Peña Nieto está hecho para la corrupción. A pesar de los esfuerzos del presidente y de su equipo por lograr incidir en el ánimo de la sociedad proyectando un gobierno de reformas estructurales, la realidad es que el atestiguamiento de actos de corrupción, impunidad y mal gobierno imperan sobre la retórica sexenal.

Un Gobernador como Humberto Moreira que dejó en Coahuila una deuda superior a los 30 mil millones de pesos, que fue detenido en España por su presunta participación en transacciones con dineros de procedencia ilícita, que regresó de la defenestración solo para cobrar una pensión como maestro al Estado Mexicano y arremeter contra la prensa libre de aquella entidad, es un precedente de una administración pública que impone la transa y desconoce el Estado de Derecho.

Javier Duarte en Veracruz es otro claro ejemplo. La deuda que heredará su sucesor supera los 45 mil millones de pesos. La deuda con la Universidad Veracruzana superó los dos mil millones de pesos. El ataque a las libertades en aquella tierra se refleja en la gravísima suma de 18 periodistas asesinados tan solo en el sexenio de Duarte.

La millonaria mansión que adquirió la familia presidencial a nombre de la esposa de Peña, Angélica Rivera, la exhibición del caso más sonado de tráfico de influencias y conflicto de intereses en la transacción inmobiliaria, se sumó a la similar situación del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, solo para terminar, pública y oficialmente, en la redacción de algunos libros sobre la corrupción en el círculo del Presidente, de exposición mediática internacional, y la exoneración del Gobierno Federal sobre los tres, el Presidente, su esposa y su secretario.

El comportamiento convenciero y provechoso de Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza de Grupo Higa, para obtener millonarios convenios por parte del Gobierno Federal al tiempo que le vende en condiciones de mucha ventaja frente a las del mercado inmobiliario, las casas a los cercanos a Peña Nieto, es otro tufo de la corrupción que involucra al presidente.

Los más de 65 mil ejecutados en los primeros tres años del gobierno priísta y la presunción cuantitativa que concluirá su periodo muy por arriba de la cifra de asesinatos cometidos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sumada ésta a la injusticia que rige en la mayoría de estos casos que no son resueltos, habla de otro tipo de corrupción. La de la Procuración de la Justicia.

El evidente amañamiento de la investigación federal sobre la desaparición y el destino de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, la liberación temprana de Rafael Caro Quintero, la exhumación de cadáveres de fosas clandestinas a lo largo y ancho del país. La corrupción en todos los niveles y en todos los sectores. El hartazgo social.

El domingo 5 de junio en las elecciones que se desarrollaron en trece estados de la República dejó al partido del Presidente ciertamente en la lona de la representación popular, aun cuando en número de votos apenas fue superado por el Partido Acción Nacional (PAN), instituto que tampoco ha sido exento de corrupción y por lo tanto de impunidad política. Ahí está el caso del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, señalado de sacar generosa ventaja para él y su familia y sus negocios con cargo e influencias de la administración pública. O los casos documentados de excesos, abusos y presuntos actos de corrupción en Baja California, entidad gobernada por el panista Francisco Vega de Lamadrid.

Ciertamente el PAN es el partido que festeja hoy el hecho de haber ganado el domingo 5 de junio siete de doce gubernaturas en juego (Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Veracruz, de acuerdo con resultados preliminares), luego que el PRI solo se alzara con el triunfo en cinco (Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas) pero considerando en los resultados preliminares una participación promedio que no llega al 50 por ciento del electorado, el mensaje aunque argumenta Manlio Fabio Beltrones Rivera el líder priísta, es para ellos, la realidad es que la sociedad demostró una vez más, su hartazgo en las urnas. En unos casos a manera de voto de castigo, donde también el PRI salió perdiendo al ser derrotado, por ejemplo, en Veracruz, el estado con la tercera mayor población de México.

Solía ser para el PRI, cuando “controlaba” con su aplanadora electoral, las entidades federativas, que ganar en cinco estados prácticamente la aseguraba la permanencia en el poder ejecutivo y en el legislativo.

Obvio los de mayor población son los de mayor número de electores, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla; hoy día, solo el Estado de México y Jalisco están en manos tricolores y no con muy buenos augurios político-electorales. La corrupción, la inseguridad y la violencia en ambas demarcaciones, traen a sus gobernadores, Eruviel Ávila y Aristóteles Sandoval, respectivamente, en situaciones de denuncia y señalamiento.

La Ciudad de México y se confirmó el 5 de junio con el triunfo de Morena, es de izquierda. En manos del PRD desde 1997, mientras Puebla está y seguirá en mentes del Partido Acción Nacional, lo mismo que Veracruz que el domingo perdió el PRI.

Aun así los resultados no favorecen a ninguno de los dos partidos. Si sumamos los listados nominales de los doce estados donde hubo elección de Gobernador, tenemos que hubieron 26 millones 583 mil 526 electores potenciales, de los cuales así en la suma general, los partidos “ganadores” y sus coaliciones, se llevaron: La alianza panista (no registrada en todos los estados), 4 millones 557 mil 16 votos, y la coalición de partidos encabezada por el PRI (tampoco registrada en todas las entidades), 4 millones 439 mil 615 votos, esto –advierto- de acuerdo a los resultados del Programa de Resultados Preliminares (PREP), lo cual significa que sumados los votos en los doce estados, los gobernadores fueron electos por el 33.85 por ciento de los electores con capacidad de sufragar el domingo 5 de junio.

La cifra es, pues, muy desalentadora. La apatía ciudadana para acudir a las urnas, o la diseminación del voto en trece partidos, han creado un clima de abstencionismo que nos deja gobernadores electos sin representación social mayoritaria.

La derrota ahora fue del PRI, al ganar “solamente” cinco gubernaturas, y el triunfo fue para el PAN que con representación en el Poder Ejecutivo de siete estados, terminará este año gobernando once entidades federativas, lo que nunca había sucedido en su historia: los panistas controlarán los destinos de 37 millones 708 mil 364 ciudadanos, lo cual representa aproximadamente el 32 por ciento de la población total de este País.

El clima de inseguridad, corrupción, violencia e impunidad que impera en México, se notó el domingo en las urnas. Los menos fueron votados por los menos. No hay una representación social digna en los Gobiernos de los Estados. Sí, en el PRI como advirtió su líder, deben “asumir el mensaje que nos ha dado el electorado al PRI y a sus Gobiernos”, pero también en el PAN deben replantear qué tanto están del lado de la ciudadanía y alejados de las negocias partidistas y políticas. El mensaje es para todos. Hay voto de castigo, hay abstencionismo, hay hastío, en dichas condiciones, la segunda vuelta electoral, sería una opción viable para dar representación a quienes acceden a administrar un Estado o incluso la Nación. Daría certeza política y electoral.

Eso, y, definitivamente, que los partidos le entren a las demandas ciudadanas de ponerle fin de la impunidad, la corrupción y la inseguridad. El mensaje, fue para todos. La sociedad está harta y eso quedó demostrado a plenitud el domingo 5 de junio, un día para recordar.

Adela Navarro Bello

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