Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El 2 de diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto, las principales fuerzas políticas del país y los gobernadores firmaron el llamado Pacto por México, integrado por 95 compromisos, cinco reformas constitucionales, 11 nuevas leyes y ocho cambios de ley, como la competencia en refinerías, fin de los monopolios y los privilegios fiscales, la autonomía del DF, el rebase de topes de campaña como nulidad de triunfos, control de deuda de los estados y hasta cambiar la toma de protesta presidencial al 15 de septiembre.
El objetivo de este acuerdo era buscar que todas las reformas que buscara emprender el Ejecutivo entrante fuera avaladas y consensuadas con las distintas fuerzas políticas a fin de que no enfrentaran tropiezos a la hora de su aprobación en el Legislativo.
Meses después y ante la cercanía de elecciones locales en 14 entidades del país, algunos estados decidieron “tropicalizar” el pacto y lanzar versiones locales, que al igual que el emprendido a nivel federal, no han estado libres de cuestionamientos y acusaciones de la oposición hacia el gobierno de negociar a sus espaldas los acuerdos.
VERACRUZ Y EL ESCÁNDALO DE LA SEDESOL
El 21 de mayo, representantes de nueve partidos políticos signaron con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, en llamado Pacto Por Veracruz, un acuerdo político previo al inicio oficial de las campañas electorales en que se renovarán 212 alcaldías y 50 diputaciones locales.
La firma del Acuerdo para la Instalación de la Comisión Plural Estatal de Preservación del Entorno Político de Equidad en la Competencia Electoral en Veracruz como se llama el documento, según se explicó, respondió al llamado del Presidente Enrique Peña Nieto, de asegurar un entorno de confianza y certeza a la población.
En el documento se ratificaba la restricción de entrega de apoyos de programas sociales 45 días antes de la elección del 7 de julio; suspensión temporal de altas y bajas en los padrones de beneficiarios; transparencia de dichos padrones, el establecimiento de una contraloría ciudadana que vigilará el uso de apoyos.
El anuncio se dio semanas después de que panistas acusarán que se estaba tejiendo una red electoral a través de la Secretaría de Desarrollo Social para favores al Partido Revolucionario Institucional durante las próximas elecciones y que involucraba a la titular de la dependencia a nivel federal, Rosario Robles Berlanga y al delegado estatal, Ranulfo Márquez Hernández.
El 18 de abril, Robles anunció el despido de los siguientes funcionarios de la dependencia en la entidad: Felipe Sosa Hernández, coordinador operativo de Sedesol; César Mendoza, jefe de zona; Raúl Molina, jefe de zona; Graciela Tejeda, enlace operativo de 65 y Más; Jesús Balbuena Buenrostro, Oportunidades y Mariano Molina, supervisor de Oportunidades.
Días después también fue removido del cargo el delegado estatal de la dependencia.
Tras la firma de acuerdo, los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Alternativa Veracruzana (AV) y Partido Cardenista, coincidieron en que se trataba de un documento de buena fe que se signaban por el bien de los veracruzanos.
Sin embargo, días después, Fidel Robles Guadarrama, comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, criticó la falta de voluntad política del gobierno y del PRI para conducirse con rectitud y transparencia, lo que obligaría a abandonar el pacto, “debido a que solo es puro discurso falso, pues en los hechos hacen todo lo contrario”.
Acusó al el uso excesivo de los recursos públicos en las precampañas, en Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, lo que rompía con el principio de la equidad e imparcialidad, entonces tampoco se puede hablar de transparencia.
Según cálculos del líder petista, el PRI en su precampaña ha gastado de 4 a 5 millones de pesos, “para la compra y coacción al voto, entonces no hay respecto al pacto y tampoco cumplimiento a los acuerdos, eso obligaría al PT a abandonar ese dichoso pacto que no representas nada y tampoco significa nada”, dijo.
También denunció presuntas irregularidades en la inscripción de aproximadamente 80 mil personas en el Registro Federal de Electores (RFE).
GUANAJUATO: ¿CUÁL PACTO?
El 4 de junio pasado, en Guanajuato, la junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo, convocó a dirigentes estatales y coordinadores de grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, así como al secretario de Gobierno, Salvador García, como representante del Gobierno del Estado para firmar el llamado “Pacto por Guanajuato”.
No obstante, la firma del acuerdo quedó en veremos, ante la ausencia de los representantes del Partido Acción Nacional, quienes argumentaron “cuestiones de agenda”.
Ala cita sólo acudieron Javier Contreras como dirigente estatal y coordinador de diputados del PRI; Georgina Miranda y Hugo Estefanía, del PRD; Marco Antonio Miranda y Roberto del Ángel de nueva Alianza, así como Carlos Chacón y Sergio Contreras por el partido verde.
El Gobernador, el también panista Miguel Márquez, aseveró que hubo cosas más importantes que atender que la reunión realizada por los partidos de oposición el y dijo desconocer completamente el llamado Pacto por Guanajuato.
Cuestionado por los medios sobre si no era necesaria la presencia al menos del Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, en de su papel como mediador político dentro de la administración estatal, sólo expresó: “No, hay más cosas importantes que atender”.
La ausencia del PAN durante estas reuniones frena una reforma política local, a decir de los representantes del resto de los partidos.
El coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso Local, Juventino López Ayala, justificó su inasistencia y la de su líder estatal de partido a la reunión con los partidos políticos opositores al blanquiazul; “no podíamos asistir teníamos otros pendientes”.
López Ayala aclaró que la bancada del PAN en el Congreso Local no ira por un Pacto por Guanajuato; “no hay tal pacto, esto por algunas situaciones propias y en consenso con el grupo, no podremos, tenemos que analizar antes”.
