Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, se reunió este día con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, y dijo que las leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión deben estar integradas a partir de consultas, opiniones y propuestas de los sectores interesados en el tema.
El representante de la ONU también dijo que dichas leyes deben mantener la defensa de los derechos humanos, la protección a la privacidad y la universalidad de las comunicaciones y que los legisladores deben defender que ningún artículo nuevo retroceda el objetivo de la Reforma aprobada en 2013, pues ésta garantiza el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y fomenta la competencia.
El relator felicitó al Congreso por la reforma constitucional, sin embargo, destacó que ésta debe ser defendida en todo su contenido en los tiempos que establezcan los propios legisladores, por lo que propuso realizar consultas amplias y multisectoriales que tengan como eje la defensa de los derechos humanos y la democracia del país.
Comentó que en países de América Latina se han dado debates de hasta dos años para tener una ley que regule el contenido y participación de empresas en el sector. Dos años puede ser mucho tiempo, señaló, pero lo que se pierde de tiempo se gana de consenso nacional, de solidez y credibilidad en la ley.
En la reunión, estuvo la presidenta de la Comisión, la perredista Alejandra Barrales Magdaleno, quien dijo que las observaciones de Frank La Rue servirán para mejorar el criterio en el proceso de dictaminación de las leyes secundarias.
Por su parte, los senadores, también del Partido de la Revolución Democráctica (PRD), Rabindranath Salazar Solorio y Zoé Robledo Aburto coincidieron en que la iniciativa que se discute se separa del espíritu de la reforma constitucional, pues trastocan avances importantes.
Entre otros asuntos, se plantea retirar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para definir la predominancia de entes en el mercado y regresar a manos del Estado el control de los medios de comunicación, al señalar pretender regresar facultades a la Secretaría de Gobernación para revisar contenidos.
Asimismo, propone que el Ministerio Público solicite a las empresas de telefonía entregar información privada de los ciudadanos, como el registro de llamadas de usuarios, aunque no hayan sido señalados como culpables de la comisión de algún delito, y conservar la información durante dos años.
Se plantea la geolocalización de los usuarios para ubicarlos físicamente, interrumpir su señal, y que sean consignados a partir de sus expresiones en las redes, lo cual consideran como “censura en internet”.
PRIVACIDAD DE DATOS
La Rue destacó que hay cinco planteamientos respecto a la privacidad de los datos. El primero de ellos, es que el Internet, para ser democrático, se tiene que ver con un enfoque de derechos humanos.
El segundo principio, señaló, es que el Internet debe ser universal y por lo tanto su acceso, ya que el Internet no es un derecho en sí mismo, por lo que se debe garantizar el bajo costo del acceso a internet, “debería ser un servicio subsidiado para las comunidades más pobres, rurales y más remotas”, por lo menos en centros comunitarios.
En tercer lugar, se debe tomar en cuenta la diversidad cultural, por lo que el Internet debe funcionar en todos los idiomas y formas de escritura; el cuarto principio responde al enfoque democrático, es decir que no puede ser impuesto sino producto de un debate continuo y su gobernanza, producto del diálogo multisectorial.
Finalmente, el quinto principio señala que el internet debe ser neutral y estar al servicio de todo el mundo. Sin embargo, adicionalmente comentó que existe el principio de la no responsabilidad de intermediarios, porque el contenido de un mensaje debe ser de quien lo elabora y no de quien lo traslada.
Respecto al tema de diversidad y pluralismo, subrayó que se requiere una legislación profunda que combata monopolios, duopolios y oligopolios; que mantenga diversidad de medios: comerciales, sociales, étnicos o públicos; que no permita propiedad cruzada: medios escritos no deben estar en telecomunicaciones y a la inversa, y que facilite el acceso de más actores.
El proceso de digitalización, es la gran oportunidad histórica para dar espacios para otros actores, con lo que se mejorará el sistema, contenidos y se dará una pluralidad de medios a la población, finalizó.
