Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– La Misión Civil de Observación a la Consulta de la Tribu Yaqui emitió un informe preliminar sobre el seguimiento del conflicto alrededor del Acueducto Independencia en Sonora y aseguró que los miembros de la etnia sufren de amenazas y que las autoridades estatales incumplen con acuerdos.
Hoy se cumple un año desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde estableció que la tribu debería ser consultada sobre la construcción de la mega obra estatal que tendió un acueducto desde el Valle del Yaqui para llevar agua a los habitantes de Hermosillo, Sonora.
Sin embargo, a pesar de la sentencia, hasta el momento la consulta no se realizó y los acuerdos que firmaron autoridades estatales y federales con los yaquis el pasado 21 de enero para realizar una consulta tardía sobre la obra, fueron incumplidos.
“La Misión documentó a través de documentos, entrevistas con la tribu y solicitudes de acceso de información pública que de los 28 puntos que los yaquis solicitaron para decidir en la consulta, a la fecha no se ha entregado la mayoría, no hay información actualizada y verás sobre la afectación que tendrá la obra en la cuenca del Río Yaqui”, dijo Alejandra Leyva Hernández, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Proyecto PAPIIT sobre Derecho a la Consulta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua.
La activista indicó que el estándar sobre la Consulta Libre y de Buena Fe, también se vio violentada, debido a que los yaquis fueron amenazados en varias ocasiones.
“Los estándares internacionales dicen que no debe haber presiones de ningún tipo, como amenazas y hay ciertas irregularidades, como la negación de programas sociales por parte de la autoridad estatales y de autoridades federales, además de que se han detectado amenazas hacia las autoridades tradicionales a miembros de la tribu”, reveló.
La Misión Civil concluyó que a un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, no se realizó la consulta, pero sí se promovió por parte de las autoridades, un ambiente “tenso” donde no existe confianza entre las dos partes involucradas en el conflicto.
Los observadores concluyeron que de continuarse dando violaciones al proceso de la consulta, el ejercicio será un “mero trámite sin eficacia”, que no garantizará que se tome en cuenta la voz de la tribu.
Araceli Sandoval Terán, miembro del Equipo Pueblo y Espacio DESC, expuso que en el proceso de consulta de Sonora hay presiones políticas, prácticas coercitivas y escenarios de violencia y riesgo.
“Lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho al consentimiento por parte de la tribu. Esta consulta es importante porque será la primera oficial emanada de una sentencia de la Suprema Corte, que marcará un precedente para otros procesos a lo largo y ancho del país donde estén involucrados pueblos indígenas y megaproyectos”, dijo.
LAS RECOMENDACIONES
El informe preliminar sobre la consulta a la Tribu Yaqui establece una serie de recomendaciones al Estado mexicano para generar condiciones de credibilidad en el proceso.
La principal de ellas es suspender de forma urgente la operación de Acueducto Independencia para impedir un daño irreparable a la tribu y “lesionar el carácter previo de buena fe de la consulta”.
El grupo de organizaciones observadoras solicitó al Estado garantizar el derecho a una consulta informada a través de la entrega de la información y estudios que solicitaron los yaquis y sobre todo garantizar un ejercicio libre, al proteger la vida, seguridad e integridad física de los indígenas.
“Evitando descalificaciones del gobierno estatal contra las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui”.
Javier Bautista de la Torre, miembro del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, dijo que el Acueducto Independencia atenta contra el derecho de subsistencia de la etnia.
“Cuando uno piensa en el estado de Sonora, podría pensar en un lugar desértico, donde no hay agua, efectivamente el Acueducto Independencia en cierta medida, representa atentar contra el derecho a la subsistencia, a la vida: los compañeros yaquis sin el agua tendrán que desplazarse, el derecho a la vida de la tribu está en peligro”, dijo.
LA OBRA QUE VIOLENTA A LOS YAQUIS
Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que desde el año pasado el gobierno de Sonora violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los opositores del acueducto.
La Semarnat, para otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental, sólo evaluó el impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El abogado de Cemda detalló que el acueducto es un proyecto que impacta en extremo y que la Ley de Aguas Nacionales prevé como última medida el extraer agua de una cuenca hídrica a otra.
Según el Cemda, el Acueducto Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Las autoridades sonorenses violaron derechos de los agricultores y del pueblo indígena según la recomendación número 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida el año pasado y dirigida a la Semarnat y al Gobernador Guillermo Padrés.
En esta recomendación la CNDH enfatizó sobre el mal manejo del conflicto por el agua del gobierno del panista, pues generó división y ataques entre los habitantes de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a “la falta de implementación de políticas públicas por parte del Gobierno de la citada entidad federativa, a fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la consulta del pueblo yaqui, por parte de la Semarnat”.
Andrea Cerami dijo que las etnias tienen derecho desde 1990 a ser informadas y llamadas a consulta pública desde las primeras etapas del proyecto, cuando el Gobierno pretenda realizar obras públicas que afectarán a sus recursos naturales.
La etnia Yaqui es dueña del territorio que ahora defiende desde 1940, cuando Lázaro Cárdenas del Río, integró las tierras y aguas a la tribu a través de un decreto. En 1971 le fueron otorgadas legalmente 474 mil hectáreas donde ahora se asientan sus ocho pueblos: Vicam, Rahum, Torim, Huiribis, Belen, Bácum, Potam y Cócorit.
En febrero de este año, Tomás Rojo, uno de los voceros de la Tribu Yaqui, acusó al gobierno de Padrés Elías de violentar el Estado de Derecho de su pueblo y de tratar de engañarlos en repetidas ocasiones.
“Ellos mediante artimañas han estado convocando a los yaquis, pero ese es un elemento que alerta y debe de alertar a todos. Estamos convencidos de que este proceso de jugar vencidas con el gobierno del estado y de instancias federales no va a cejar. Nuestra lucha es por la tierra y el agua y tiene cuatro años, la carretera ya tenemos nueve meses cerrada”, dijo.
