Ciudad de México, 8 de (SinEmbargo/Notimex).- Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, envió este día a la Asamblea Legislativa una iniciativa que reforma la Ley de Cultura Cívica que contempla multas de 21 a 40 días de salario mínimo o arresto de 25 a 36 horas, a quienes hagan uso del servicio público de transporte como el Metro, sin cubrir su pasaje.
El pasado 6 de diciembre como medida de protesta contra el alza en la tarifa del Sistema del Transporte Colectivo (STC) surgió el grupo #PosMeSalto que se ha opuesto al incremento de dos pesos en el precio del boleto del Metro brincándose los torniquetes de acceso a las estaciones. El colectivo se organizó a través de las redes sociales y logró agrupar a activistas y miles de usuarios que diariamente hacen uso del más importante sistema de transporte colectivo en México y uno de los de mayor densidad en el mundo.
A principios de este año tras jornadas consecutivas de protestas por parte de este colectivo, Mancera afirmó que su administración no entraría en confrontación con quienes protesten por el alza en la tarifa del Metro. “La tarifa ya está planteada, las manifestaciones tienen garantizado su derecho a realizarse, el punto importante aquí es cumplir a la ciudadanía todo lo que se prometió”, dijo el pasado 10 de enero el mandatario capitalino.
Sin embargo este martes de acuerdo con la iniciativa que recibió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Mancera Espinosa señaló que se busca resolver conductas sociales contrarias a los valores cívicos que han venido aumentando por diversos factores, como el caso del comercio informal en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ”y la omisión del pago del costo de dicho servicio”.
En la iniciativa se sanciona a quienes ofrezcan o vendan mercancía en las instalaciones del Metro o de cualquier transporte público que opere el gobierno capitalino con multas de 21 a 30 días de salario mínimo o un arresto de 25 a 36 horas.
Además se busca dotar a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de mayores herramientas jurídicas, humanas, materiales y tecnológicas, para lo cual se transformaría en la Dirección General de Cultura y Justicia Cívica, precisó.
De acuerdo con el GDF el objetivo es incrementar las medidas de seguridad en un área tan sensible para la ciudad como lo es el servicio de transporte público, garantizando el libre tránsito de las personas y el uso adecuado de los espacios y vehículos destinados a dicho servicio.
Así, se estipula como infracción contra la seguridad ciudadana “ofrecer o vender cualquier tipo de mercancías en el transporte de pasajeros que proporciona el Gobierno del Distrito Federal, así como en sus aéreas y vías, sin contar con la autorización que se requiera”.
De esta manera, quienes incurran en esa actividad en las instalaciones del Metro o de cualquier transporte público que opere el gobierno capitalino serán sancionados con una multa de 21 a 30 días de salario mínimo, o un arresto de 25 a 36 horas. La iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal fue turnada por el Pleno a diversas Comisiones de la Asamblea Legislativa, para su análisis y posterior dictaminación.
El retiro de los vendedores ambulantes en el Metro, mejor conocidos como vagoneros, fue una de los anuncios que hizo el GDF al llevar a cabo el alza en la tarifa de este transporte. De acuerdo con lo anunciado por Joel Ortega Cuevas el aumento de la tarifa también contemplaba el mejoramiento de las estaciones, la puesta en marcha de nuevos trenes, la eliminación de torniquetes en algunas conexiones que se tienen con municipios connurbados del Estado de México, así como un incremento sustancial en la vigilancia.
Sin embargo, la inconformidad de lo vagoneros mediante movilizaciones y protestas causaron que el GDF les diera un apoyo económico quincenal de mil pesos, como parte del llamado programa de integración a la economía formal. Hasta el pasado cinco de marzo 908 vendedores ambulantes habían cobrado este apoyo.
A la par, el grupo #PosMeSalto continuó con sus protestas. La última de estas se realizó el pasado 14 de marzo en el Metro Atlalilco de la Línea 12 donde se pidió que los usuarios afectados por la cancelación del servicio en más de la mitad de las estaciones de este linea no pagarán el servicio.
En ese entonces se protestó por el “fraude” que las autoridades del Distrito Federal hicieron a la población que día a a día utiliza este medio de transporte, pues en lugar de obtener beneficios, se han visto perjudicada por el reciente cierre parcial de la Línea dorada debido a fallas técnicas y estructurales, que a la fecha no han sido aclaradas.
LEYES CONTRA MANIFESTACIÓN ATENTAN LIBRE EXPRESIÓN
Amnistía Internacional manifestó este martes su preocupación por las propuestas de ley contra manifestaciones públicas presentadas en Estados de la República como Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal. Consideró que tales iniciativas atentan contra el derecho de libertad de expresión.
A través de un comunicado, la ONG indicó que las leyes de los tres estados emplean una “terminología ambigua para definir manifestaciones”, además de que limita “las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con las buenas costumbres”.
En la capital de México, desde diciembre pasado se analiza en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Lo mismo sucedió en Quintana Roo y en San Luis Potosí hace unas semanas.
Entre las disposiciones de la iniciativa del DF destacan obligaciones como: antes de una manifestación debe avisarse a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación; se prohíbe el “bloqueo total” de vialidades primarias y de calles de un solo carril y, además, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal la facultad de “controlar manifestaciones”.
También impone un horario de entre 11:00 y 18:00 horas para que los actos de inconformidad no afecten el tráfico vehicular y prevé multas para quienes “realicen acciones que alteren el orden público”, entre otras exigencias. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.
