Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La prensa nacional ha cerrado espacios a la cobertura de la violencia en el país y ha comprado la política del “México en paz” operada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Observatorio.

“El cambio en la narrativa sobre la violencia está relacionado con el control que ahora ejerce la Secretaría de Gobernación en la materia, al concentrar el manejo de la información oficial”, dice el informe publicado hoy.

A partir del 1 de diciembre de 2012, la mayoría de los medios de comunicación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México disminuyeron notoriamente la cobertura informativa de la violencia asociada con el crimen organizado en sus principales espacios, señala el organismo. “Las críticas a las acciones de gobierno bajaron en la misma proporción, salvo excepciones. La tendencia, visible en las portadas de la prensa y los titulares de medios audiovisuales, comenzó a observarse desde el inicio del periodo de transición en el gobierno federal”.

De acuerdo con el Observatorio, durante los tres primeros meses de gestión del Presidente Peña Nieto, la agenda de los medios privilegió información relacionada con la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, la designación de integrantes del gabinete federal, la firma del Pacto por México y el seguimiento a los acuerdos entre los partidos políticos firmantes. De igual forma siguió el proceso legislativo relacionado con reformas como la educativa, entre otros temas relevantes.

“En cambio, la prensa y los medios audiovisuales de los estados del país no han dejado de considerar entre sus titulares principales el tema de la violencia relacionada con el crimen organizado, particularmente en las regiones en las que se ha registrado una escalada. En otras palabras, salvo excepciones, la mayoría de medios del país no ha dejado de publicar  temas de violencia en sus titulares principales”, agrega.

Al mismo tiempo, “se observa un evidente cambio en la narrativa del discurso presidencial relacionado con el tema de la seguridad, la violencia y la delincuencia organizada. A diferencia del sexenio de Felipe Calderón, el eje del discurso del Presidente Peña Nieto no incluye esos temas, los cuales ha sustituido por un manejo del concepto ‘México en paz’”.

Es decir,  agrega el Observatorio, “el cambio en la agenda gubernamental modificó la cobertura de los medios respecto a los hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia. Ello evidencia, como se ha venido señalando en informes anteriores, que la fuente principal de los medios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en torno a estos temas era el propio gobierno federal”.

“A dos años de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, se han constatado resultados positivos en torno a uno de los objetivos centrales de este ejercicio de autorregulación: el cierre gradual de espacios a la propaganda del crimen organizado. Esta tendencia se ha mantenido durante el periodo de análisis del presente informe. En este escenario, se presentan nuevos retos, particularmente para los medios con influencia nacional, que exigen deliberar y compartir criterios para cumplir con su función social de mantener a la sociedad informada respecto a los hechos relacionados con la delincuencia organizada, conforme a su impacto social,  sin constituirse en caja de resonancia de las estrategias de comunicación de estos grupos”.

Los medios del centro del país, dice el Observatorio, “deben reflexionar respecto a la dimensión que están dando a la violencia en el país y replantear los criterios que determinan si los acontecimientos trascienden o no el ámbito informativo local para ocupar un lugar en sus agendas. Ello resulta particularmente relevante dado que continúan registrándose eventos violentos en los que la delincuencia busca de forma deliberada transmitir mensajes a través de los medios de comunicación”.

Una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgó nuevas facultades en la conducción de la política de comunicación del gobierno federal, las cuales incluyen el registro y procesamiento de datos en materia criminal y “para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos”.

El gobierno federal inició la aplicación de un plan que incluye no citar el nombre con el que son conocidos los grupos criminales y promueve acuerdos con los gobiernos estatales para hacer lo propio, sostiene el grupo de análisis. “Pero en la práctica, la mayoría de procuradurías y fiscalías estatales mantiene la política de exhibir ante los medios a las personas detenidas y la de difundir el nombre de los grupos”.

El gobierno federal suspendió la práctica de presentar a personas detenidas, lo cual ha sido aceptado tácitamente por los medios de todo el país (no se observan cuestionamientos al respecto), menciona. “Sin embargo, los gobiernos estatales continúan ejerciendo esa práctica y los medios la reproducen sin establecer un criterio respecto a su tratamiento”.

“En ese contexto, se observa una falta de sintonía entre las estrategias de comunicación del orden federal con las estatales para informar sobre los temas relacionados con delincuencia organizada y la política de presentación de personas detenidas. Se considera que estas acciones en materia de comunicación social emprendidas por el gobierno federal se inscriben en el marco de las recomendaciones que el Observatorio ha venido formulando con miras a mejorar el proceso integral de comunicación sobre seguridad y justicia. Sin embargo, resulta indispensable garantizar que la nueva estrategia gubernamental no dé lugar a la opacidad o al ocultamiento de información”, dice el informe de Observatorio.

‘Es necesario que el gobierno federal y los gobiernos locales transparenten los criterios de sus políticas de comunicación para informar de manera adecuada, los cuales deben homologarse entre los niveles de gobierno a partir de los más altos estándares de protección de los derechos humanos y rendición de cuentas. El Observatorio advierte que el gobierno federal y los gobiernos estatales, en los casos documentados, mantienen la práctica de presentar avances de investigaciones para generar la percepción de que se trata de sentencias condenatorias o de casos resueltos, aún cuando no hayan imputado cargos formales a las personas detenidas”, señala.

En cuanto a violencia contra periodistas y medios, en el periodo analizado se concentró en los estados fronterizos del norte del país.

El Observatorio advierte la existencia de una escalada de agravios a medios de comunicación en el norte del país, particularmente los que se encuentran en los estados de Coahuila y Chihuahua, sin que se observen acciones precisas del Estado mexicano para disminuir las condiciones de riesgo que padecen. “También se observa que durante los primeros tres meses de gestión del actual gobierno federal, los medios se ocuparon poco de dar seguimiento al desempeño del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la propuesta de fortalecimiento incluida en los acuerdos del Pacto por México”.

De igual forma, “la mayoría de los medios tampoco dio una cobertura visible a los asuntos pendientes en el Congreso de la Unión respecto a la reglamentación del artículo 73 constitucional, en materia de delitos contra periodistas y para definir las facultades del Ministerio Público federal”.

El Observatorio advierte que no existen mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad por parte de las instituciones que deben investigar los delitos contra periodistas y la libertad de expresión. No se observan avances para abatir la impunidad en los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos dos sexenios. Tampoco para castigar a los responsables de ataques a medios de comunicación.

“Las instancias creadas por el Estado, como la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra  Periodistas y Medios de Comunicación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, así como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, han resultado insuficientes e inoperantes para atender la grave crisis de inseguridad que ha puesto en jaque las libertades informativas en el país”, dice.

Cobertura de la violencia a la baja

El Observatorio monitoreó algunas palabras clave para medir cuantitativamente la cobertura informativa de la violencia en la prensa y en la televisión abierta durante los primeros tres meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto en comparación con el mismo periodo del año anterior, correspondiente a la gestión Felipe Calderón. También se incluyen los últimos tres meses del gobierno anterior.

Portadas (prensa del DF)

Los datos muestran una disminución del 50 por ciento en el uso de la palabra “asesinato” en las notas de portada de la prensa del Distrito Federal, entre diciembre de 2011-febrero 2012 y diciembre de 2012-febrero de 2013. La tendencia es similar en la frecuencia de la frase “crimen organizado” y un poco más alta en las palabras “narcotráfico” (54.6%) y “cártel” (53.6). La palabra “violencia” se dejó de utilizar en más de una tercera parte (34.4%). La columna de en medio, que mide el periodo de septiembre a noviembre de 2012, muestra cómo durante los últimos noventa días del gobierno de Felipe Calderón las palabras relacionadas con la violencia y el crimen organizado comenzaron a tener un menor uso en la prensa del DF.

Notas informativas en TV abierta

 A diferencia de las portadas de los medios impresos, en los noticiarios de televisión el uso de las palabras asociadas con la violencia tuvo un comportamiento desigual, aunque también a la baja. La palabra “asesinatos” redujo su presencia en los noticiarios un 15%, “homicidios” un 22.3% y “ejecuciones” un 26.6%. En cambio, la frase “crimen organizado” dejó de utilizarse en más de dos terceras partes, el 70.2%. La palabra “narcotráfico” dejó de usarse un 44.2% y “cártel” un 62.4%. La frecuencia de la palabra “violencia” se redujo apenas un 3.8%.

Teasers en noticiarios de TV abierta

El uso de las mismas palabras en los adelantos de los noticiarios de televisión abierta también permite medir el tratamiento informativo de la violencia. La palabra “asesinatos” dejó de aparecer en un 44% de los titulares, a diferencia de la de “homicidios” (4.3%). En contraste, la frase “crimen organizado” dejó de utilizarse un 66.1%, la palabra “narcotráfico” un 82.6%, “cártel” un 50% y “violencia” un 83%, lo cual muestra una reducción sustancial.

TV de paga

En el caso de los noticiarios de televisión de paga la tendencia en cuanto al uso de las palabras “crimen organizado”, “narcotráfico” y “cártel”, es similar a lo que sucedió en televisión abierta. Su frecuencia se redujo 65, 41 y 39%, respectivamente. El uso de “ejecuciones” bajó 15.2%. En cambio, la utilización de las palabras “asesinatos” y “homicidios” se mantiene igual entre un periodo y otro. El uso de la palabra “violencia” disminuyó sólo 13.6%.

El monitoreo incluyó la revisión de las portadas de 24 periódicos de la Ciudad de México, en los siguientes periodos: del 1 de diciembre de 2011 al 29 de febrero de 2012; del 1 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012; y, del 1 de diciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013.

RECOMENDACIONES DEL OBSERVATORIO A LA PRENSA

1. Mantener la publicación de información relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia organizada, acorde con su impacto social, en un contexto que permita a las audiencias la comprensión del fenómeno y la atención por parte del Estado. La no publicación de notas sobre el tema abona a la impunidad, pero no desaparece la violencia.

2. Los medios de la Zona Metropolitana del Distrito Federal deben replantear los criterios que determinan cuándo los hechos de violencia deben trascender o no el ámbito informativo local para ocupar un lugar en sus agendas, conforme a los criterios de relevancia e interés público.

3. Dar seguimiento periodístico a los temas relacionados con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, el castigo a los perpetradores y la responsabilidad del Estado para lograrlo. El cambio de titulares en la administración pública no exime de responsabilidad a las instituciones.

4. Evitar dar difusión a la exhibición de personas detenidas por las autoridades preventivas y ministeriales (antes de que un juez dicte auto de formal prisión o de vinculación a proceso), práctica que convierte a los medios de comunicación en agente activo en la comisión de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.

RECOMENDACIONES DEL OBSERVATORIO AL GOBIERNO

1.El gobierno federal y los gobiernos locales deben transparentar  su política de comunicación social en materia de seguridad y justicia. El objetivo de dicha política debe ser mantener un flujo informativo que permita a la sociedad conocer los hechos relacionados con delitos de delincuencia organizado en toda su complejidad, en su adecuada dimensión, de manera oportuna.

2. La Presidencia de la República y los gobiernos estatales deben homologar las políticas de comunicación social en materia de seguridad, a partir de los más altos estándares de protección de los derechos humanos y rendición de cuentas.

3. En el contexto de la nueva política de comunicación social del Gobierno Federal, el Ministerio Público y los voceros de las fuentes de seguridad deben dar a conocer la etapa en la que se encuentra el proceso penal en el momento de emitir un comunicado de prensa o una declaración pública sobre una persona detenida. Deben evitar dar por resuelto un caso cuando las personas detenidas no han sido consignadas ante un juzgado penal.

4. El Poder Judicial debe informar sistemáticamente del inicio de procesos penales, a partir de la etapa del auto de formal prisión o de vinculación a proceso, así como de los delitos imputados, a fin de garantizar el principio de máxima publicidad.

5. El Poder Judicial debe informar de las resoluciones de los jueces penales, en los casos de sentencias condenatorias, absolutorias o amparos, así como las causas. También cuando determina auto de formal prisión o de libertad con reservas.

6. Las procuradurías y fiscalías deben proteger los derechos de las y los menores de edad involucrados en hechos de violencia y evitar criminalizarlos.

7. Las procuradurías y fiscalías estatales deben evitar exhibir a las personas detenidas ante los medios de comunicación generando juicios paralelos.

8. En cuanto a los casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas, recomendamos un manejo responsable de la comunicación por parte de todos los funcionarios involucrados. Las autoridades deben poner el ejemplo de respeto por la labor periodística.

Redacción/SinEmbargo

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