Isabel Miranda de Wallace se hizo conocer como activista contra la delincuencia y de pronto comenzó a aparecer junto con el presidente Calderón para apuntalar su estrategia contra el crimen organizado, encabezada por el secretario Genaro García Luna. Se metió así de lleno en el polémico caso de Florence Cassez, que ha opacado su proselitismo electoral. Sin embargo, en 1998 la empresaria luchaba por su propia libertad, acusada por funcionarios de la delegación Tlalpan de que, al obstruir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase, se resistió a la autoridad, dañó equipo del gobierno capitalino y ordenó a sus empleados que atacaran a quien subiera a los espectaculares.
Por Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F. (proceso).- Interlocutora del gobierno federal en materia de seguridad, Premio Nacional de Derechos Humanos por obra y gracia del presidente de la República, mujer de las confianzas del propio Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, la candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, arrastra un pasado que no la condena pero la marca: sus antecedentes policiacos y judiciales en la ciudad a la que pretende gobernar.
En 1998 fue indiciada en una causa penal como probable responsable de los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa.
Aunque fue exonerada, una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal (TSJDF) la responsabilizó de causar daños al Gobierno del Distrito Federal (GDF) cuando se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir el retiro de tres anuncios que la empres de la que proviene su riqueza económica, Showcase Publicidad, colocó en una zona de riesgo.
El 21 de julio de 1998 el juez Duodécimo Penal del DF ordenó su formal prisión o preventiva como probable responsable del delito de resistencia a particulares, pero la liberó del de homicidio doloso, en grado de tentativa.
De acuerdo con el expediente del caso, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la había consignado ante la justicia como probable responsable de ambos delitos porque el 16 de julio de 1998, al mando de una veintena de personas, se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir el retiro de anuncios colocados en Periférico Sur.
Ese mismo día fue remitida al Ministerio Público y cinco días después el juez ordenó “identificar a la procesada María Isabel Miranda de Wallace por los sistemas administrativos adoptados en vigor”, recabar sus ingresos anteriores y hacerle un estudio de personalidad.
Miranda no tenía la notoriedad de ahora cuando quedó registrada en los archivos policiales de la Ciudad de México. Siete años después, de la mano gubernamental, capitalizó un proceso que inició con la denuncia sobre la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace, el 11 de julio de 2005.
El alegado secuestro y asesinato de su hijo, que aún se juzga en tribunales, la perfiló como personaje de “la sociedad civil” después de que en unas cuantas horas, “sin ayuda de la policía”, identificó a los supuestos responsables. Sin embargo, en un reportaje publicado en la edición 1842 de Proceso, las madres, hermanos y otros parientes de las personas encarceladas acusaron a la señora Wallace de haber incurrido en ilegalidades graves, entre éstas “actos de tortura” contra los presuntos secuestradores y asesinos de su hijo, para que se inculparan; ella, afirmaron, está utilizando el poder que le da su “amistad” con el presidente Felipe Calderón y con el ahora exprocurador capitalino Miguel Mancera…
Con el despliegue de espectaculares precisamente colocados por su empresa Showcase Publicidad, que creó en 1994 junto con Hugo Alberto, Miranda de Wallace lanzó una cacería contra sus acusados, acompañada de una intensa campaña mediática. Defensora de las políticas de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se convirtió en la activista del sexenio para lo cual creó la asociación de membrete Alto al Secuestro.
Con ese aval acudió a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que sólo participan el presidente y los gobernadores, a quienes reclama y emplaza. A solicitud de Calderón, según se lee en la página de Alto al Secuestro, promovió la ley antisecuestro aprobada en 2009 y al siguiente año el propio presidente le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos.
En octubre de 2011 logró imponer su presencia en el segundo diálogo de Calderón con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, y en el Castillo de Chapultepec reivindicó la estrategia del presidente ante la “debilidad” de los gobiernos estatales. Calderón también la incorporó “como representante de la sociedad civil” a la junta de gobierno de Províctima, el desfondado organismo creado para “responder” al movimiento pacificador ciudadano.
Su más reciente batalla la emprendió para evitar la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada por García Luna de secuestro y detenida por policías federales en un operativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya calificó como violatorio de la Constitución. En vísperas de ese fallo, Miranda presionó a los ministros encargados de la resolución y desde las escalinatas de la Corte, ya como aspirante del PAN a gobernar el DF, volvió a apoyar a Calderón y a García Luna.
De todas formas se defiende: “No, yo no soy la candidata del presidente, yo soy candidata independiente, ciudadana”, tuvo que aclarar ante la prensa el pasado 3 de febrero, cuando asistió al informe del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la percepción de que su candidatura está huérfana del respaldo del liderazgo local del PAN.
IMPUTACIONES
Hace casi 14 años Isabel Miranda de Wallace luchaba por zafarse ella misma de las graves acusaciones penales por el altercado con personal de la delegación Tlalpan. Showcase Publicidad había colocado tres espectaculares en un terreno ubicado entre los números oficiales 3395 y 4121 de Periférico Sur, entre Televisión Azteca y una sucursal del entonces Citibank, en la colonia Héroes de Padierna.
El predio, donde había anuncios de otras empresas, estaba en una zona catalogada como riesgosa porque pasan ductos de Pemex y hay torres con cables de alta tensión. El entonces delegado de Tlalpan, Salvador Martínez Della Roca, abrió tres procedimientos administrativos contra la empresa y el 15 de julio de 1998 emitió la resolución DT/C-10/214/98, en la que le dio un plazo de 24 horas a Isabel Miranda para que retirara sus anuncios. La apercibió de que, en caso contrario, la delegación los quitaría.
El encargado de desmontar el primer anuncio fue Miguel Ángel González Vázquez, quien era subdelegado de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación. Junto con él llegaron al lugar José Patiño Hurtado, subdirector Jurídico y de Gobierno, entre otros empleados, y Leopoldo Morante Cervantes, director de Apoyo Institucional de la Subsecretaría de Coordinación Delegacional y Metropolitana del GDF.
La denuncia contra Miranda de Wallace fue levantada por Patiño Hurtado, quien la acusó de daño en propiedad ajena en agravio del GDF, resistencia de particulares a un mandato de la autoridad y homicidio en grado de tentativa.
En sus declaraciones ministeriales, Patiño relató que el día de las maniobras había unas 80 personas de la delegación porque además de los anuncios de Showcase tenían que desmontar diez más de la empresa Vender, “cuyo personal consintió en el retiro e incluso apoyó con personal y camiones”.
Como a las 11 de la mañana, añadió, “se presenta una mujer que dijo llamarse la señora Isabel Miranda de Wallace… Prepotente, acompañada de unas 25 personas entre ambos sexos, prevaleciendo los hombres… se ostentó como dueña de los anuncios espectaculares de Showcase”.
Enseguida “les ordenó a algunos de ellos que no permitieran a los trabajadores de la delegación subirse al poste por las escaleras del tubular portable”, propiedad de Showcase. Los empleados de Miranda de Wallace ocuparon la parte alta del anuncio y ella los instruyó para “que el cabrón que se subiera de la delegación lo tiraran desde arriba”.
La confrontación se prolongó hasta las seis de la tarde. Para entonces el subdelegado González Vázquez le ordenó al operador de la grúa, Felipe Arciniega Sánchez, que retirara el primero de los espectaculares y su estructura metálica.
Según el denunciante, cuando Arciniega puso a funcionar la pluma de la grúa, en la parte superior de la estructura ya estaban tres empleados de la subdelegación de Obras y Desarrollo Urbano. “Se habían subido por las escaleras que tiene el tubo (que sostenía el espectacular) para quitar los paneles del anuncio y engarzarlos a la punta de la pluma”.
Como a las 19:45 horas, cuando estaba en la parte delantera y del lado derecho de la grúa, Patiño Hurtado aseguró haber visto que Miranda de Wallace –acompañada de un hombre como de 30 años– se acercó a las mangueras del sistema hidráulico de la máquina.
De inmediato, según la acusación, Isabel Miranda empezó a cortar una de las mangueras con un cúter que tenía en la mano derecha “y acto seguido le pasa el cúter al joven que la acompaña, el cual también con la mano derecha corta otras mangueras”, de cuatro que estaban unidas.
Tanto Patiño Hurtado como Morante Cervantes le reclamaron al acompañante de Wallace. “¿Me viste, cabrón?”, contestó éste, quien según el propio Patiño “al parecer” era el hijo de la dueña de Showcase, Hugo Alberto.
El subdirector jurídico Patiño Hurtado dijo que cuando la grúa se empezó a desestabilizar, “el sujeto joven corre hacia su vehículo Cuttlas, tipo Celebrity (sic), de color gris, sin placas de circulación, mismo que previamente había metido al predio, y lo aborda… Otro sujeto joven, como de 25 años de edad, auxilia al del Cuttlas, abriéndole la puerta de acceso al predio”.
El propio Patiño y otros empleados de la delegación “corren hacia la puerta de acceso al predio a efectos de impedir que huyera, pero dicho sujeto ya manejando el Cuttlas a velocidad rápida les echa encima el vehículo, por lo que tanto el de la voz como los demás se hacen a un lado para evitar que los atropellara, y logra darse a la fuga”.
Al mismo tiempo, declaró el funcionario de Tlalpan, “la señora Miranda de Wallace sale corriendo junto con otras personas de su empresa para salir… por donde huyera el Cuttlas y se dirige sobre la banqueta sur de Periférico, corriendo hacia el oriente” y se mete “a un vehículo Century de color azul, donde la esperaba su chofer”.
De acuerdo con el reporte policial, el coche era un Cuttlas gris, con placas de circulación 525CWT. Isabel Miranda no pudo huir “porque todos los empleados de la delegación rodean dicho vehículo, indignados por lo ocurrido”. El chofer y la señora subieron los vidrios, pusieron los seguros y se negaron a dialogar, según el acusador.
Cuando llegó la policía preventiva del DF, identificó a Isabel Miranda, a su chofer, José Luis Alarcón Sánchez, y a sus empleados César Alejandro Vera Mondragón –quien ayudó a huir al sujeto del coche gris sin placas– y Marco Antonio Fin Barajas, quien la auxilió para meterse a su coche. El escándalo fue registrado por cámaras de las televisoras, ante las cuales Wallace se quejó de abuso de autoridad y Patiño la acusó de la comisión de varios delitos.
Morante Cervantes, el representante del GDF, declaró ante el Ministerio Público que en las discusiones sobresalía una mujer a la que le gritaban “Miranda” o “señora Wallace”. Dijo que antes de las cuatro y media de la tarde unos empleados de Showcase se subieron al anuncio, mientras que otros, equipados con tanques y sopletes, ocuparon las escaleras del tubo. Así, y con un tanque de gas en la superficie, impedían que se desmontara el anuncio.
Morante Cervantes añadió en su declaración ministerial que, hacia las seis de la tarde, las autoridades acordaron con Miranda de Wallace que personal de su empresa retirarían las “artes” y la delegación las estructuras superiores. Como a las 7:20 subieron empleados de la delegación, el operador echó a andar la grúa y elevó la pluma a su primer nivel.
Pero en ese momento observó que Isabel Miranda “tenía un objeto filoso… y con el mismo corta una manguera de la grúa… dando posteriormente ese objeto… a un joven de aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de altura, de tez apiñonada, cara redonda, que vestía una camisa de color azul con rayas y un pantalón claro”.
El sujeto “procedió rápidamente a cortar unas mangueras, percatándose que lo había yo observado y diciéndoles que ya había yo visto lo que estaban haciendo. E inmediatamente dicha señora se retira, iniciándose una discusión con el sujeto joven… En ese momento, la grúa se tambaleó y se movía hacia atrás sin control, apoyada sobre sus ruedas”.
En la discusión, Morante Cervantes pidió a su equipo que registrara al sujeto “para localizarle el objeto cortante entre sus ropas”. El señalado salió corriendo “y los trabajadores en vez de detenerlo corrían a cerrar las puertas para que no se escapara en su coche, que previamente había metido al terreno”. El testigo identificó el vehículo como un Century gris, sin la placa trasera. El sujeto huyó por Periférico, pero los trabajadores de la delegación impidieron que Miranda hiciera lo mismo al detener el coche al que se había subido, en tanto que otro carro no identificado brincaba el camellón.
También testificó en contra de Miranda el subdelegado González Vázquez, quien aseguró que desde su llegada al predio la dueña de Showcase se acercó a un árbol donde estaba amarrado un espectacular y con un cúter cortó el lazo que sostenía el anuncio, “provocando inseguridad en la gente que estaba desmantelando el anuncio”.
Después, los empleados de Isabel Miranda atravesaron coches frente a la grúa para que no se acercara al espectacular. El subdelegado la acusó de amenazar a los trabajadores a su cargo. Les dijo que “si se subían a su anuncio, ella ordenaría a la gente que la acompañaba a que los lanzaran al vacío”.
Con las horas, Miranda propuso que sus empleados quitaran la publicidad para que no se maltratara. Pero hacia las 7:30 de la noche no habían avanzado, por lo que el subdelegado ordenó que se acercara una grúa de 50 toneladas con extensión telescópica para agilizar el movimiento.
Cuando la grúa empezaba a operar, el testigo escuchó que alguien gritó: “¡cuidado, las mangueras!” y se percató de que tres de las cuatro estaban rotas. Morante le dijo que había visto cortar las mangueras a Miranda “y uno de sus empleados que se decía gerente de construcción”, mientras que el operador maniobraba para que la grúa no se volteara sobre su lado derecho.
González Vázquez le reclamó al supuesto gerente de construcción que hubiera puesto en peligro la vida de los trabajadores, por lo que pidió la presencia del Ministerio Público. Coincidió en el relato sobre la huida del “sujeto joven” –quien le aventó el vehículo– y la retención de Isabel Miranda.
El operador de la grúa, Felipe Arciniega Sánchez, declaró que pudo hacerla funcionar hasta las 7:30 de la noche. Indicó que cuando iba a engarzar el anuncio panorámico con el gancho de la pluma notó que había una fuga en las mangueras principales de la resistencia. Añadió que “la grúa se tambaleó, con riesgo de volcarse sobre las personas que estaban en el lugar”.
Manuel López López, Arturo Rafael Rentería Tapia y Javier Ulises Camacho Torres, los trabajadores de la delegación que se habían subido al anuncio, también coincidieron en los detalles sobre la manera en que Isabel Miranda y sus empleados impidieron las maniobras y el peligro en que quedaron cuando la grúa se bamboleó.
Rentería Tapia precisó que desde una altura de 35 metros vio que la pluma se acercaba al objetivo, pero la grúa se empezó a mover y la segunda extensión ya no salió, quedándose a unos 18 metros del anuncio. “Si la grúa hubiera estado en su última fase, se habría volteado y se hubiera caído el anuncio junto con ellos”, declaró.
Camacho Torres dijo que cuando la grúa levantó la pluma él y sus compañeros se dieron cuenta de la confusión de abajo, que la gente corría de un lado a otro y optaron por bajar porque no tenían cinturones de seguridad.
Los peritajes confirmaron los daños y los riesgos. Pero en su declaración ministerial Isabel Miranda dijo que lo dicho en su contra era “totalmente falso”. Que al contrario, ella estuvo dispuesta al retiro de los anuncios a pesar de tener permiso para montarlos, pero los funcionarios de la delegación, “prepotentes y groseros”, nunca quisieron identificarse ni mostrar la resolución contra su empresa. Más aún, los acusó de agresión y de haber generado peligro con un tanque de soldadura autógena.
“Al darme cuenta del estado de la situación decidí retirarme del lugar junto con todo mi personal”, prosiguió. Cuando esperaba en su automóvil para que le entregaran el material del anuncio a desmontar, dijo, “vi venir hacia nosotros a mucha gente, lo cual me hizo pensar que algo grave estaba pasando. Alcancé a escuchar que decían que nos agarraran a todos. Por seguridad de mi integridad física, en ese momento le di instrucciones a mi chofer de que se arrancara. Sin embargo, la multitud impidió mi paso… empezando a tratar de voltear el automóvil”.
Aseguró que por una persona que no identificó se enteró del problema con la grúa y “de manera voluntaria me ofrecí a presentarme a la delegación. Ahí me acusaron de haber cortado unas mangueras, (lo cual) desconozco porque mi trabajo únicamente tiene que ver con el aspecto administrativo”.
Cinco días después de los hechos, un juez ordenó su prisión preventiva por el delito de resistencia de particulares. Fue fichada por ello en el Reclusorio Preventino Femenil Norte del Distrito Federal. Quedó exonerada del cargo de homicidio doloso en grado de tentativa. Su abogado, Ricardo Martínez Chávez, logró que el 1 de octubre de 1998 la Novena Sala del TSJDF la eximiera también del primer delito. Según los magistrados de la Sala, no se acreditó la amenaza.
“Hasta el momento procesal que se actúa… para acreditar las amenazas sólo se cuenta con lo declarado por el denunciante (Patiño Hurtado)”, mientras que los testimonios “no coinciden” con su dicho. Además, ninguno de los tres trabajadores “refiere haber escuchado amenaza alguna”, por lo que no se pudo comprobar ni la voluntad ni la intención de privarlos de la vida. “No obstante –estableció la resolución– la encausada cortó una de las mangueras… con la intención de impedir que el personal del GDF retirara sus anuncios”.
