A lo largo del 2014 se presentaron por lo menos 10 iniciativas a nivel estatal y federal que pretenden imponer regulaciones a las manifestaciones públicas, pero que en su contenido se observa una clara intención de criminalizar la protesta social.
Especialistas consultados por SinEmbargo coincidieron que las propuestas legislativas que se presentaron en los estados de Puebla, Quintana Roo, Chiapas y en el Distrito Federal, entre otros, también pretenden de forma velada desincentivar la participación ciudadana que exige respeto a sus derechos constitucionales e intimidar y hasta estigmatizar a los organizadores de marchas, así como a los activistas de distintos rubros.
Esas legislaciones, afirman, van en contra de los estándares democráticos de un país donde, supuestamente, se gozan de libertades civiles y del reconocimiento de los derechos humanos.
Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– A lo largo del 2014, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), principalmente, apoyaron diversas reformas a códigos penales y a leyes existentes supuestamente con el propósito de garantizar el derecho de terceros al libre tránsito y evitar incomodidades generadas por el cierre de vialidades o edificios públicos.
Organizaciones de la sociedad civil, que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, han denunciado una y otra vez que estas acciones tienen la finalidad de inhibir las manifestaciones. El pasado 30 de octubre, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron una carta por la grave situación por la que atraviesa la protesta social en México y expresaron su preocupación criminalización y la estigmatización que realizan servidores públicos y medios de comunicación contra quienes participan en marchas.
La denuncia presentada ante la CIDH dio cuenta de las iniciativas federales y estatales que pretenden limitar la libre expresión y regular diversos aspectos en torno a la protesta social. Especialistas y activistas observaron que estas normas legales generan retrocesos en las libertades de expresión y el legítimo derecho de la sociedad a reaccionar ante la mala actuación de sus gobernantes, tanto en el ámbito federal, como en los niveles estatales y municipales.
Asimismo expusieron que de forma indirecta diversas legislaciones establecieron medidas como la geolocalización en tiempo real, la retención de datos de usuarios y la suspensión del servicio de telefonía sin previa orden de un juez, entre otras acciones que pueden ser usadas en contra de los derechos de quienes se manifiestan.
“El balance da cuenta de cómo a lo largo del 2014, mediante el impulso de iniciativas tanto locales como federales se ha tratado de criminalizar la protesta social y de imponer una suerte de marcos regulatorios contra la protesta social y del control de los espacios públicos”, afirmó Miguel Moguel, investigador del Centro de Análisis e Investigación, Fundar.
En algunas ocasiones, estas iniciativas fueron claras, como es el caso de la llamada “Ley Bala” de Puebla aprobada por el Congreso local el 19 de mayo de 2014, la cual permite el uso de “armas no letales” por parte de la policía como último recursos para hacer prevalecer el orden. Su primer uso significó la muerte del niño José Luis Tehuatlie, el 9 de julio pasado en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan.
O la llamada “Ley Antimarchas” de Quintana Roo, aprobada el 1 de mayo, la cual obliga a los participantes a pedir permiso a las autoridades para realizar una manifestación. También faculta a la policía para que puedan disolver las concentraciones, ante cualquier tipo de queja.
En otras ocasiones los planteamientos son más disimulados, como en la reforma constitucional para garantizar la movilidad universal aprobada el 2 de diciembre por la Cámara de Diputados. La oposición señaló que esta norma puede ser utilizada para inhibir el derecho de la libre manifestación, con el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos.
La investigadora Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que las recientes reformas federales, como la reforma constitucional para garantizar la movilidad universal construye un instrumento que permite actuar en contra de ciertas marchas y manifestaciones, en un momento determinado.
Explicó que la enmienda aprobada por la Cámara de Diputados dice que la manifestación libre de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa “a menos de que se dañen derechos de terceros”.
El especialista agregó que al regular al extremo las manifestaciones, en donde se definan horarios y rutas que no afecten vialidades reduciría considerablemente el efecto que pretende, que es llamar la atención de las autoridades hacia una demanda determinada.
“Una marcha que no provoca molestias a nadie, de por sí en México las marchas tienen pocos efectos, entonces al limitarlas hasta ese punto se convertirían en una ‘curiosidad cultural’ pero no tendría ningún efecto sobre los gobernantes o los grupos a los que se quiere incidir”, sostuvo la doctora Ivonne Acuña.
UN RECURSO VÁLIDO
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, explicó ante representantes de la CIDH en la reunión donde expresaron su preocupación, que la protesta social es un recurso de la ciudadanía que busca exponer sus demandas necesidades, así como sus protestas por la ineficacia del Estado mexicano.
Por lo que la investigadora Ivonne Acuña expresó que no es controlando las marchas o construyendo un “marchodromo” como se van a solucionar los problemas. “Se está atacando el efecto que son las manifestaciones, sin que se ataquen las causas de manera suficiente. Es decir la gente no sale a las calles porque sí, sino porque hay demandas no cumplidas, hay problemas estructurales que tiene que ver con pobreza, desigualdad, etcétera, y eso es lo que se tiene que atacar”, planteó.
“Usando una metáfora se busca aliviar el síntoma sin curar la enfermedad, es decir, buscan hacer que la gente no salga a protestar, pero no se están atendiendo las causas que orillan a la gente a protestar”, agregó la académica de la Ibero.
Por otra parte, el investigador de Fundar, Miguel Moguel, advirtió que el común denominador de las legislaciones para criminalizar la protesta social es la ambigüedad de sus definiciones, la falta de claridad en los principios que las rigen y en las sanciones a quienes las infrinjan.
“Lo que realmente tiene en común es una suerte de vacíos en sus definiciones, por ejemplo esta palabra de movilidad resulta muy perniciosa porque no acaba definiendo qué es lo que se entiende por movilidad. Las leyes no acaban por explicar qué es lo que están tutelando y qué es lo que están defendiendo”, explicó.
“Entonces el problema que tenemos allí es que estamos tutelando un derecho que no sabemos para quién es pero sí presumimos que se refiere al uso de vías públicas, calles, avenidas, parques, espacios públicos, pues entendemos que se están refiriendo a las manifestaciones”, expuso.
MOVILIDAD CONTRA MANIFESTACIONES
El pasado mes de diciembre, la Cámara de Diputados revivió una añeja iniciativa propuesta por el Diputado Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional (PAN), con el objetivo de plasmar en la Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano a la movilidad universal.
Esto significa el derecho de todos los individuos a su adecuado desplazamiento de un lugar a otro. Para lo cual, las autoridades podrían implementar procedimientos operativos para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal.
“No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación deberá regular la actuación de la autoridad para permitir el ejercicio armónico de la movilidad”, aseveró el legislador panista.
Por otra parte, legisladoras de oposición sostuvieron exactamente lo contrario. Advirtieron que la reforma podría ser inocua en otro momento, pero en el contexto de las protestas sociales para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, esta enmienda podría contraponerse con el derecho de reunión o manifestación.
En este sentido, Miguel Moguel, investigador de Fundar, afirmó que es un falso debate la tesis de que el derecho a la libre manifestación se contrapone al derecho a la movilidad, como argumentan legisladores y autoridades en su intento por justificar las reformas antimarchas.
“No existe un dilema, digamos, no existe un conflicto como tal entre ambas posiciones”, afirmó el especialista.
“El tema es que el asunto de la movilidad humana de pronto pareciera concentrarse en la movilidad de los vehículos y en la movilidad de la transportación”, afirmó.
En mayo pasado, el representante de izquierda Gerardo Fernández Noroña debatió sobre la llamada “Ley Antimarcha” en un programa radiofónico en Chetumal, Quintana Roo.
El comentarista afirmó que las marchas provocan inconvenientes viales y asustan al turismo. El ex Diputado federal respondió que es falso ese argumento porque siempre existen vías alternas para circular.
“Si te hacen un puente tú te aguantas, aunque se tarde un año con las calles cerradas. Si viene Peña Nieto a visitarte el Estado Mayor Presidencial te cierra todas las calles y entonces no te quejas, no dices nada de que te tapan el camino”, sostuvo.
“Si tu vas con tu carro por una calle [y se cierra por una manifestación] pues te vas por otra, mi amigo y ya. O sea nunca te quedas aislado, siempre puedes llegar a tu destino”, afirmó Gerardo Fernández Noroña.
Así que los críticos de este tipo de argumentos consideran innecesario pasar por encima del derecho a la libre expresión y la libre manifestación, a cambio del derecho de otras personas a transitar libremente, porque a final de cuentas no se contraponen.
LEY BALA DE PUEBLA
A propuesta del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, diputados locales del PRI, PAN, PVEM y hasta del PRD avalaron la llamada “Ley Bala” en mayo pasado, que entre otras disposiciones, prevé mecanismos para hacer prevalecer el “orden colectivo” privilegiando “el diálogo, la persuasión o la advertencia” y hasta el uso de armas no-letales.
Diversas organizaciones no Gubernamentales como Article 19 se opusieron a la nueva norma, con el argumento de que atentaba contra los derechos humanos de los manifestantes.
En la práctica “Ley Bala” les dio la razón.
El 9 de julio, habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan protestaron contra el retiro de la oficina de registro civil del poblado hacia la cabecera municipal. En respuesta, las autoridades actuaron con fuerza desmedida y emplearon balas de goma para dispersar la manifestación.
En la refriega falleció el niño de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo como resultado de una bala de goma que le perforó el cráneo, como han documentado testigos y organizaciones civiles que han seguido el caso.
Ante las críticas, el Gobierno de Puebla envió al Congreso estatal una propuesta para derogar dicha ley. En tanto se elabora una nueva norma en esta materia, sigue vigente en la entidad la actual “Ley Bala”.
DF, AGRESIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE
El pasado 20 de noviembre, durante la realización de la jornada global por Ayotzinapa en el Zócalo de la Ciudad de México, la policía capitalina ordenó la entrada de granaderos para desalojar el corazón simbólico del país, sin ningún protocolo de respeto a las personas que se manifestaban pacíficamente.
La noche del 20 de noviembre la policía capitalina arremetió contra los manifestantes: jóvenes, adultos mayores, niñas, niños y en general familias que se dieron cita para participar en la marcha pacífica.
El coordinador del programa internacional de protección de Artículo 19, Ricardo González, consideró en entrevista para Sin Embargo que nunca se había desalojado el Zócalo de forma tan violenta.
Explicó que la actitud “represiva” de la policía capitalina es cada vez más recurrente durante la administración de Miguel Ángel Mancera, principalmente cuando se coordina con la Policía Federal.
“Es importante destacar que se registran más abusos cuando hay coordinación con la Policía Federal, lo vimos el primero de diciembre, lo vimos también este 20 de noviembre, en dónde no queda claro quién está tomando las decisiones y bajo qué criterios de inteligencia se está tomando”, dijo Ricardo González.
Estos lamentables hechos trajeron a la memoria la propuesta para crear la llamada “Ley Antimarchas” del DF, que fue propuesta por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
La norma establece que establecieron que los representantes de una manifestación deben dar aviso a Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) sobre la realización de una marcha con 48 horas de anticipación; prohíbe el uso de vías primarias y le da amplias facultades a la policía capitalina para disolver manifestaciones.
Activistas repudiaron la Ley de Movilidad del DF, porque, aseguraron, va en contra de la libertad de expresión y la utilización del espacio público para la participación política.
Pero además de criminalizar la protesta pública, la ley contenía ambigüedades que dejan en el limbo jurídico a los ciudadanos que se organicen para realizar una manifestación.
“El tema de pedir permisos, por ejemplo, no decía específicamente qué pasaba si no pedías un permiso para protestar; el tema de contratar seguros para terceros para la realización de una manifestación; el tema de tener nombres y responsables de las marchas y de las protestas; el tema del aviso previo de 48 horas”, recordó Miguel Moguel, de Fundar.
Para regular la actuación policiaca en la labor de contención de manifestaciones, el GDF publicó el Protocolo para Actuación Policial y Control de Multitudes en el que advierten que ante una manifestación los policías primero convocarán a los integrantes del contingente a no cerrar vialidades, después a replegarse y como última opción se usaría la fuerza.
No obstante este protocolo demostró su ineficacia ante el pésimo manejo de la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 2013, en donde fueron detenidos una decena de jóvenes, aunque la mayoría se hizo sin presentar pruebas de su culpabilidad.
Pese a todo, en diciembre de este año, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), encabezado por Miguel Ángel Mancera, instrumentó una política de cerco al Zócalo de la Ciudad de México, en la cual prácticamente prohibió el uso de ese espacio público para la realización de manifestaciones, a pesar de que eran constantes las manifestaciones a favor de Ayotnizapa.
LEY ANTITERRORISMO DEL SENADO
El pasado mes de febrero, el Senado de la República aprobó reformas a diversos ordenamientos, en lo que se conoció como la “Ley Antiterrorismo”.
La norma fue calificada por legisladores de izquierda y expertos en la materia como un intento del Estado mexicano por criminalizar la protesta social, porque ofrecía la justificación jurídica para calificar como terroristas a ciudadanos organizados que pretenden defender sus derechos ante el abuso de alguna autoridad.
La reforma al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes, sancionan hasta con 40 años de cárcel las actividades terroristas, e incluye entre éstas el “apoderarse” o “ejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias”.
“Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas”, reiteró la Senadora Dolores Padierna en febrero pasado.
