Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo/Zeta).– Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistado por el semanario ZETA refiere el caso de los normalistas desaparecidos como un reflejo de lo que ocurre en el país en materia de seguridad.
“La sorpresa en el caso Ayotzinapa es que alguien se considere sorprendido; ni los gobiernos, ni la sociedad. El fenómeno de las desapariciones forzadas tiene años en México. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cuando se sentó con [el ex Presidente Felipe] Calderón y los congresistas, tenía en la mesa a familiares de desaparecidos y hubo una discusión nacional sobre involucramiento de servidores públicos (que le da el carácter de desapariciones forzada). De la desaparición de migrantes hay denuncias que tienen años, reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hablan de una industria del secuestro.
“Y una de las razones que pueden explicar el clamor internacional es de analizar: ¿qué habrán pensado quienes participaron en este delito que desparecer 43 estudiantes? ¿[Que] no iba a traer una consecuencia? Eso refleja un nivel de impunidad… en la dimensión de la corrupción, de extraordinaria preocupación”.
La CIDH, a petición de los padres de los 43 normalistas, así como de diversas organizaciones, ha supervisado las investigaciones del caso. El pasado 12 de noviembre la CIDH anunció hoy que ha llegado a un acuerdo sobre los términos de asistencia técnica a México por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y presuntamente asesinados en la localidad mexicana de Iguala.
El acuerdo tripartito se firmó entre la CIDH, el Gobierno de México y las organizaciones no gubernamentales que representan a los estudiantes víctimas de desaparición forzada de Iguala y sus familias.
Con ello la Comisión acordó supervisar la creación de un Grupo Interdisciplinario de Asistencia Técnica a fin de proveer asistencia y verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los estudiantes.
LOS 41 MIL MUERTOS DE PEÑA
Ayer el semanario Zeta actualizó el registro de ejecuciones en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto y los resultados son desalentadores.
El silencio como estrategia para disminuir las ejecuciones, secuestros y desapariciones, no le funcionó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ni el discurso oficial que pregonan los funcionarios peñistas aquel de “incidencia delictiva a la baja”.
Se documentó que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014 sucedieron en el país 41 mil 015 homicidios dolosos, cifra que incluye las “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y los asesinatos intencionales cometidos con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia; evidentemente, los datos duros son superiores a las 33 mil 239 “averiguaciones previas” por homicidio doloso que reporta el gobierno federal en el mismo lapso.
Los cinco estados más violentos durante los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto son: En primer lugar se ubica el Estado de México con 5 mil 450 homicidios dolosos; el segundo lugar corresponde a Guerrero con 3 mil 680; le sigue Chihuahua con 3 mil 357; y Jalisco y Michoacán, con 2 mil 650 y 2 mil 649, respectivamente, ocupan el cuarto y quinto lugar como los estados más violentos del país. Por cierto, Baja California continúa en noveno lugar con mil 612.
Es en el corredor que conforman el estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán concentra 14 mil 429 homicidios intencionales, es decir en esas cuatro entidades sucede el 35 por ciento. Y mientras en el sexenio de Felipe Calderón Semanario Zeta documentó 83 mil 191 ejecuciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto lleva ya 41 mil 015 en solo 23 meses; en otras palabras, a ese ritmo el gobierno peñista superará evidentemente al calderonista.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto también continúan acumulándose los cuerpos sin nombre: En diciembre de 2012 el Secretariado Ejecutivo registró 29 “averiguaciones previas” de homicidios dolosos “sin datos”; 306 en 2013 y 570 en 10 meses de 2014; en total la administración peñista desconoce la identidad de por lo menos 905 muertos.
