Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Los casos de Tlatlaya e Iguala se encuentran entre los más graves de la historia contemporánea de México y América Latina, sostuvo el director ejecutivo para las Américas de la organización internacional de protección a los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
En el caso de Iguala, en el que policías municipales asesinaron a seis personas y secuestraron a 43 estudiantes, incluso dijo que no conocía una situación similar desde los hechos de Tlatelolco en 1968, cuando fueron masacrados estudiantes durante una protesta. “No hemos conocido un caso de la magnitud, de la gravedad, de la escala del caso Iguala en los últimos años, en las últimas décadas en México, no conocemos de un caso de estas características en México. Insisto: habría que remontarse a Tlatelolco”, dijo.
Para Vivanco, estos hechos se explican por la impunidad que prevalece en México, que calificó como la regla que existe en el país desde hace ya varios años. “La regla en México es la impunidad. Esa no es la excepción, es la regla. El caso Iguala es de una gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra a México en materia de derechos humanos”, alertó.
El director para las Américas de HRW expresó que para el gobierno mexicano los asuntos de derechos humanos y de seguridad pública no son prioritarios, antes bien son temas “tóxicos” que dañan su imagen. Paradójicamente, señaló, el intento por no enfrentar estos temas con un compromiso a largo plazo le ha significado a Peña Nieto el desplome de su imagen.
Agregó que el gobierno enfrentando los problemas como crisis que tiene que resolver de urgencia, en lugar de buscar estrategias de mediano y largo plazo para generar instancias para atender efectivamente los hechos, tanto para su previsión como su investigación.
Asimismo refirió que en esos temas ha habido una continuidad con respecto al gobierno anterior.
“Son las mismas prácticas, las mismas políticas y es la misma actitud frente al problema. Tratar estos temas simplemente como crisis, emergencias que hay que resolver para superar las crisis, y en función de la repercusión que estos casos puedan generar”, dijo.
Vivanco refirió que el eslogan del gobierno actual sobre los desaparecidos no es hacer justicia, castigar a los responsables y dar con el paradero de las personas desaparecidas. En lugar de ello, dijo, cada vez que se han reunido con las autoridades del gobierno, les han repetido que el compromiso y la prioridad del gobierno de Peña Nieto es buscar y encontrar con vida a personas desaparecidas.
Ante la dilación para atender el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente, a pesar de la amplia difusión que tuvo desde que ocurrió, Vivanco cuestionó dicho compromiso. “Eso no es cumplir con el eslogan oficial de encontrar con vida a personas desaparecidas”, consideró.
Para Vivanco hay una falta de comprensión en las instituciones encargadas de la procuración de justicia y una tendencia a usar argumentos “para justificar la paralización, la negligencia, la pasividad” y no asumir sus responsabilidades.
No obstante, expresó, eso no puede ser un pretexto para justificar la pasividad que han demostrado no sólo en el caso de Iguala, sino en todos los ocurridos en los últimos años.
“Se nos dice que México es un país de leyes, el problema es que en México no hay leyes, no es un país de leyes; si México fuera un país de leyes, los mexicanos lo saben mejor que nadie, no estaríamos frente a estos problemas. Si ese es el problema central, que acá no se respeta la ley, acá el Estado de derecho es un estado de derecho de papel”.
REPORTAJE: HABLA MADRE DE MENOR EJECUTADA
LA IMPUNIDAD PREVALECE EN EL PAÍS
Tras una semana de trabajo en México, en la que estuvieron en contacto con distintas autoridades mexicanas, con los padres de familia y compañeros de los normalistas desaparecidos, así como con las organizaciones que los han acompañado, a fin de conocer los resultados de las investigaciones de ambos casos, Vivanco expuso que la “regla de impunidad” se da cuando agentes del Estado –sean policías, militares o marinos– cometen delitos como torturas, homicidios o desapariciones forzadas, y los hechos no son objeto de investigaciones “rigurosas, imparciales, ejemplares”, que castiguen no sólo a los autores materiales, sino también a quienes han estado en posiciones de comando, han dado las órdenes, han sido consultados y han logrado encubrirlos.
Al respecto, refirió que de 2006 a la fecha no existe ninguna persona condenada por el delito de desaparición forzada; ello a pesar de que la propia organización ha documentado 149 casos de desapariciones que involucran a agentes de todas las fuerzas de seguridad, es decir al Ejército, la Marina y las policías federal, estatales y municipales.
El director para las Américas de HRW recordó que el 8 de octubre de 2014, la organización que lidera envió una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el tema de las desapariciones.
En ella, la organización internacional señaló que hasta abril de 2014 ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, conforme con datos oficiales entregados por el gobierno mexicano al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
Entre 2006 y 2013, de acuerdo con esa información, se iniciaron 291 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada: 99 a nivel federal y 192 en el ámbito estatal.
Sin embargo, hasta ahora no existe ni una sola condena contra un agente del Estado por tales hechos.
“Creo que el récord es bastante elocuente y genera un ambiente de impunidad total, que permite a esos policías entender que ellos tenían licencia para matar y para secuestrar, y no iban a rendir cuentas a nadie”, expresó Vivanco en relación al caso de Iguala.
REACCIONES TARDÍAS EN IGUALA
Vivanco expuso que la gravedad del caso de Iguala radica en que se trató de una desaparición forzada –pues involucró a agentes del Estado– que fue conocida en “tiempo real”, pese a lo cual las autoridades locales actuaron con dilación o fueron omisas para impedir el secuestro de los 43 estudiantes normalistas, que hoy cumplen 42 días desaparecidos.
El director para las Américas de HRW expuso que comúnmente los casos de desaparición son conocidos en las semanas o meses posteriores de ocurridos los hechos, y suele ser a través de organizaciones que respaldan las denuncias de familiares que, para entonces, ya se han acercado a las autoridades sin obtener respuestas.
Pero en el caso de Iguala, por el contrario, los hechos fueron informados prácticamente al momento de estar ocurriendo. Además, pasaron en un sitio cercano a la capital del país y que no es de difícil acceso, planteó Vivanco, lo que hace más cuestionable la dilación de las autoridades para reaccionar.
Al respecto, dijo que HRW sabe que las máximas autoridades de Guerrero fueron notificadas al momento sobre el homicidio de seis personas y que se estaba cometiendo el secuestro de los 43 estudiantes.
“Las autoridades locales fueron informadas y no hicieron nada en esas horas para dar con el paradero, para interrumpir el secuestro, para interceptar a los policías que se llevaban a 43 estudiantes”, expuso.
A eso se le suma el hecho de que cerca de donde ocurrió el ataque había un batallón militar. “Ese es un hecho conocido que no deja de ser relevante, de la mayor importancia”, enfatizó.
La respuesta tardía en esas primeras horas no es cosa menor, expuso Vivanco, ya que la experiencia histórica demuestra que esas horas son clave para impedir que se consuma una virtual desaparición.
“Sin embargo, las autoridades no interrumpieron el proceso, no reaccionaron a tiempo”, agregó.
A ello se sumó la reacción tardía de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Presidente Enrique Peña Nieto.
La PGR comenzó su investigación 10 días después del ataque. A decir de Vivanco, la reacción tardía contribuyó a la ineficacia por parte de los órganos del Estado para prevenir la desaparición de los estudiantes.
Sobre la reacción de Peña Nieto, expresó que fue tardía y equivocada, pues el mandatario habló del caso hasta cuatro días después y lo hizo sólo para expresar que el problema era de Iguala.
“Él como Presidente de la República tenía la obligación de actuar desde las primeras horas de ocurridos los hechos y disponer de todos los recursos del Estado para impedir la consumación de los hechos, que ya para entonces eran informados a nivel internacional”, expuso.
El director de HRW para las Américas señaló que por tratarse de un caso que involucraba a agentes del Estado demandaba una actuación rápida de las autoridades. La participación de policías municipales también supone una responsabilidad para las autoridades locales por su omisión para reaccionar de inmediato.
Vivanco dimensionó el caso de Iguala al decir que no conocía de un caso similar desde Tlatelolco.
“En esas épocas se producían ese tipo de acontecimientos, ese tipo de eventos: masivas desapariciones de personas, donde nadie rendía cuentas.
“En este caso se produjo en el siglo XXI, donde felizmente en América Latina están superadas este tipo de prácticas, y lamentamos un hecho de esta magnitud, de esta gravedad a la vista de todos los mexicanos, de la comunidad internacional, de los medios”, expresó.
TLATLAYA, “CRIMEN DE ESTADO” ENCUBIERTO
Sobre Tlatlaya, poblado mexiquense donde 22 personas fueron asesinadas por miembros del Ejército, Vivanco dijo que se trató de un “crimen de Estado”, toda vez que fue una masacre cometida y encubierta deliberadamente por elementos del Estado.
En este caso también consideró que hubo dilación en la investigación, pues la cronología de los hechos muestran que la PGR atrajo el caso hasta el 23 de septiembre, pese a que la ejecución había ocurrido el 30 de junio.
Para entonces había pasado una semana de la publicación de un reportaje de la revista Esquire, con el testimonio de una testigo de la masacre. Fue gracias a esa publicación que comenzó a cuestionarse la versión oficial dada por el Ejército de que el asesinato de 22 personas, señaladas como presuntos delincuentes, había ocurrido durante un enfrentamiento entre éstos y los militares.
“Durante casi tres meses se engañó al país, a la comunidad internacional, y se utilizó al sistema judicial para sostener una falsedad, que hoy todo el mundo admite”, comentó Vivanco.
Al referirse a la conclusión de la investigación judicial, que señaló como presuntos responsables sólo a ocho militares, siete soldados y un teniente, quien presuntamente los encubrió, cuestionó: “Es difícil creer que no hay mandos superiores involucrados en estos hechos, tanto en la comisión del delito como en su encubrimiento, y nos preocupa mucho porque creemos que tan grave como la ejecución es el encubrimiento”.
Vivanco incluso ironizó sobre el tema al decir que, según la versión oficial, un teniente fue capaz de engañar a todo un país.
