En la mayoría de los casos de violación a los derechos humanos que investiga la CIDH en México, siempre hay un punto ciego: el Ejército. Activistas denuncian que mientras se mantenga su impunidad, no se avanzará en la rendición de cuentas
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– En medio del problema de impunidad estructural que vive México, las fuerzas armadas no rinden cuentas, a pesar de que se encuentran presentes en la mayor parte de casos de violación de derechos humanos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en entrevista con SinEmbargo.
“La mayoría de los casos que ha resuelto la Corte Interamericana contra México, tiene como elemento común la participación de las fuerzas armadas en graves violaciones de los derechos humanos”, expuso.
Aguirre Espinosa recordó el caso Tlatlaya, en donde cuatro militares que participaron en la ejecución extrajudicial de civiles rendidos en junio del año pasado, fueron exonerados por un juez antier.
También se refirió a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) en Iguala, donde presuntamente participó el 27 Batallón del Ejército, al que el gobierno federal ha negado el acceso a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan el caso en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR).
En ambos casos, dijo, hay falta de rendición de cuentas. Las fuerzas armadas mexicanas simplemente no pagan por sus errores.
“La mejor manera de corregir esto es garantizando que los casos emblemáticos sean sancionados y resueltos. En el caso Tlatlaya, la reciente resolución no pone en entredicho la masacre, pero sí es una señal de alarma”, dijo.
Santiago Aguirre indicó que los cuatro militares que fueron liberados por falta de pruebas de la PGR, fueron cómplices de la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, pues se quedado en el exterior y no ingresaron a la bodega durante la masacre.
Aún quedan los tres que participaron directamente en la matanza. Aunque existe un proceso para determinar su culpabilidad, podrían ser liberados también como a los otros cuatro militares, porque la PGR se niega a investigar a la cadena de mando que ordenó ese día “abatir civiles en horas de oscuridad” y tampoco integra a la coadyuvancia a familiares de las víctimas.
“Esto nos preocupa en la medida de que puede ser una anticipación de que se consolide la impunidad en este caso tan grave”, explicó.
De acuerdo con el litigante de los militares, Juan Velázquez, un Juzgado federal determinó que la PGR no presentó las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad de los encarcelados.
Sin embargo, los cuatro elementos del Ejército continúan en una prisión militar, puesto que aún serán enjuiciados por delitos del fuero militar.
LA JUSTICIA DEPENDE DE LA PGR
En el caso Tlatlaya la justicia para las víctimas, está relacionada al tiempo que la PGR tarde en determinar el número de ejecutados, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la PGR manejan cifras distintas.
La resolución del caso también dependerá de la investigación de la cadena de mando que participó en los hechos de aquella noche de junio.
“Es difícil establecer el tiempo preciso que llevará todo esto, pero el elemento definitorio está vinculado a estos dos extremos: establecer número de víctimas y la investigación de la cadena de mando”, dijo.
Ayer el Centro Prodh aseguró que la PGR se negó a investigar su informe sustentado en la cadena de mando que instruía a los soldados abatir a civiles en horas de oscuridad, sin mayor fundamentación que su sola negativa. Dijo que esa decisión actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.
El Centro Prodh lamentó que fuera a través de los medios de comunicación que la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya tuviera conocimiento de la liberación de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014.
“La resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar”, dijo la organización que representa legalmente a la sobreviviente.
Recordó que pese a liberación de los cuatro militares, otros tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, “es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria”.
“Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado”, refirió.
MILITARES DEBEN SER INVESTIGADOS: HRW
Apenas en julio de este año José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo a SinEmbargo que México está sumido en una “profunda crisis de derechos humanos” y casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, deben generar investigaciones serias por parte del gobierno federal alrededor de la participación del Ejército mexicano en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas.
“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, planteó.
El activista internacional de los derechos humanos recordó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.
“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”, argumentó.
José Miguel Vivanco dijo que el Gobierno federal y el Ejército deben demostrar un “genuino interés” por resolver los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, los cuales consideró emblemáticos.
El director de Human Rights Watch opinó que la mejor manera de disipar cualquier duda o especulación sobre el Ejército, es investigar su la magnitud de su participación en los casos Ayotzinapa y Tlatlaya.
“Evidentemente, la falta de colaboración de las fuerzas implicadas en estos delitos, tanto con los ministerios públicos como con expertos internacionales que investigan el caso, es un problema serio. Preferiría no especular sobre las supuestas intenciones de las autoridades con relación al Ejército, pero no cabe duda que investigar cabalmente su posible participación en delitos es la mejor manera de disipar cualquier duda o especulación”, dijo.
