Por David Martínez y Laura Cordero
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– Los datos parecen confirmar, hora por hora, que los 43 normalistas desaparecidos de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, podrían estar entre los 28 cuerpos quemados y desmembrados de las seis fosas clandestinas de Iguala. Una manta en Iguala amenaza al Estado: La organización criminal “Guerreros Unidos” dice que tiene información sobre políticos vinculados con criminales y pone un plazo: 24 horas.
“Gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten si no atenganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra atte: GU”
Las fuerzas federales toman Iguala para restaurar la confianza y la legalidad, mientras el Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez está prófugo y toda la fuerza policial local está dividida en dos: unos detenidos, otros despedidos y bajo investigación.
Y, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno federal rompe su propia promesa de no hablar de la violencia en público. Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto reaccionó a eventos de corto plazo. Su anuncio, difundido en cadena nacional, dijo poco. Pero buscaba dar certezas: que los criminales serán detenidos y llevados ante la justicia.
El México en guerra no fue, este fin de semana y ayer lunes, tan diferente al del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y parece que así se ha reconocido.
Ayer, la prensa extranjera, legisladores y el mismo gobierno federal dieron señales de que la agenda de la seguridad no puede ser ignorada por decreto. De hecho, el defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde llamó a admitir que no se puede seguir minimizando la situación en Guerrero: “El daño está hecho y los gobiernos han fracasado”, dijo.
De alguna manera así lo reconoció también el Procurador Jesús Murillo Karam, al afirmar que el “Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación de esta naturaleza” y que buscarán la verdad, la sanción y el castigo, previo a la llegada de elementos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal (PF) a Iguala para asumir las tareas de seguridad.
Para los familiares de los estudiantes desaparecidos no es suficiente siquiera la renuncia del Gobernador Ángel Aguirre Rivero. Piden volver a ver con vida a sus hijos, que fueron secuestrados por la policía de Iguala. No creen en las versiones de las autoridades de que sus hijos están en las fosas. “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” , exigen los padres de las víctimas al Estado mexicano.
La prensa extranjera habló de un México que no se quería mencionar más en el discurso oficial: el violento, el corrupto.
En ese contexto, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, no se anduvo por las ramas. La violencia en algunos estados del país raya “en lo que observadores han caracterizado como Estado rebasado, ausente o suplantado”, dijo.
“Se ha estimado según algunos estudios, que el crimen organizado tiene presencia operativa importante en 30 por ciento de los municipios del país, y aspiran a convertirse en actores políticos clave de los mismos, y en muchos casos lo han logrado”, dijo el representante de la cúpula empresarial.
GOBIERNO ASUME SEGURIDAD
El gobierno federal asumió ayer las tareas de seguridad en Iguala, Guerrero. Primero, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, anunció que la institución a su cargo encabezará las indagatorias para esclarecer el caso de los normalistas desaparecidos. Posteriormente, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, afirmó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF) se harían cargo de esta labor.
En una primera acción, los policías municipales –acusados por personajes políticos de estar al servicio del crimen organizado que opera en la localidad– fueron desarmados y trasladados para ser evaluados a un centro de adiestramiento en Tlaxcala.
Respecto a la integración de la PGR en la investigación, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que se espera una verdadera coordinación entre los distintos niveles y órdenes de gobierno, pues “no podemos estar en un país donde a plena luz del día desaparezcan decenas de personas y donde nos encontremos cadáveres y donde no sabemos ni quién fue el responsable ni cómo se le va a sancionar”.
Aseguró que exigirán una investigación clara, transparente, sin chivos expiatorios ni que se estén fabricando culpables. Dijo que la respuesta de que “todos los muertos son culpa del narco, me parece que ya no es admisible”.
EL LUJO DE IGNORAR LA SITUACIÓN
El Procurador Jesús Murillo afirmó que “el Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación de esta naturaleza y si bien, respetuosos de la competencia local que en principio tenía el caso, hoy ante la posibilidad real de lo que puede parecer un hecho lamentable, grave, la indicación es que con toda la fuerza del Estado actuemos para buscar la verdad, la sanción y el castigo”.
Pero ni el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, parece haber previsto las consecuencias de lo que pasa en Guerrero.
Ayer, en un mensaje a la Nación, volvió a prometer que investigaría la tragedia de Iguala. Sin embargo, no abundó mucho sobre el tema.
Sólo dijo que mantendrá informada a la población sobre lo que su gobierno haga en esa región del estado de Guerrero. Condenó los hechos, como ya lo había hecho. Dijo que colaborará con las autoridades locales, también como ya lo había dicho, y endosó al Gabinete de Seguridad a dar con los responsables de la tragedia.
La Senadora Dolores Padierna Luna responsabilizó al Presidente por la crisis en Guerrero. “Yo creo que lo que están armando son las condiciones de otro ‘michoacanazo’ y es de mucha irresponsabilidad de parte de Enrique Peña Nieto decir que el Gobernador de Guerrero se las arregle como pueda él solo, es deslindarse, en primer lugar, de la responsabilidad que él tiene de su compromiso con toda la ciudadanía del país”.
“Entonces, él tiene toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido en Guerrero, de lo que viene ocurriendo en Guerrero y si aquí hay que mencionar responsables se llama Enrique Peña Nieto”, afirmó la legisladora.
LA RENUNCIA DE AGUIRRE
El Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, afirmó que está dispuesto a renunciar si esto ayuda a resolver la problemática de violencia en el estado que ha alcanzado su máximo con la tragedia de los normalistas.
“Es un asunto de responsabilidad y obviamente yo tengo que asumir plenamente lo que a mí me corresponde. Yo me someto al escrutinio de la población […] Yo no voy a ir como asesino ni como delincuente. Yo nunca me he manchado las manos de sangre ni he ordenado que se cometa algo como lo de Iguala”, comentó el mandatario perredista.
Reiteró: “No me voy a ir ni como asesino ni como delincuente” y volvió a plantear que él es el primero en estar en la disposición de irse si es necesario.
Por su parte, el padre Alejandro Solalinde denunció que el mandato de Aguirre Rivero ha estado lleno de corrupción, impunidad, represión y tragedia.
Solalinde afirmó que la permanencia de Ángel Aguirre en el gobierno guerrerense “causa más daños que beneficio”. ”Antes de reconocimiento de cadáveres, reconozcan a los responsables que tienen nombre y apellido, #FueraAngelAguirreGro #JusticeForAyotzinapa”, planteó el párroco.
Por su parte, los panistas José Isabel Trejo, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y la Senadora Gabriela Cuevas coincidieron en que más que pedir la renuncia del Gobernador se debe realizar una investigación exhaustiva para conocer qué pasó realmente con los normalistas desaparecidos.
El coordinador de los diputados panistas afirmó que su partido no se sumará a quienes han solicitado la dimisión del Gobernador de Guerrero, porque su presencia será vital para castigar a los responsables de la tragedia.
“Nadie en este momento está en condiciones de querer sacar ninguna raja política con sangre de mexicanos tan dolorosa, nadie lo quiere”, dijo.
Antes de renunciar –agregó la Senadora panista– el Gobernador Ángel Aguirre debe dar la cara y dar una explicación: “Hay que exigir en investigaciones claras, transparentes, con apego a todos los procedimientos científicos a los que se tenga alcance para dar plena certeza de qué es lo que está sucediendo, quiénes son los responsables y cómo se va a castigar efectivamente a los responsables”.
“VIVOS LOS QUEREMOS”
Para los familiares y compañeros de los 43 normalistas de la escuela de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos la petición es simple: Si los estudiantes fueron secuestrados por agentes de la Policía de Iguala que el Estado mexicano los presente con vida.
“Vivos se los llevaron y vivos los queremos” es la exigencia de los padres de las víctimas.
El pasado fin de semana, la incertidumbre envolvió los envolvió, cuando dos presuntos integrantes del grupo delictivos “Guerreros Unidos” admitieron haber ejecutado a 17 estudiantes cerca de las recién halladas seis fosas clandestinas.
Aunque el mandatario estatal afirmó que él no puede confirmar si los 28 cuerpos en las fosas se tratan o no de los jóvenes desaparecidos, dijo que “no se puede negar la posibilidad de que cuerpos encontrados en fosas sean de normalistas desaparecidos”.
Por lo que los familiares de los estudiantes lamentaron que el Fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, “esté dando a entender que los cuerpos hallados en una fosa clandestina sean de los estudiantes”.
“Todos los comentarios que ha hecho la Procuraduría de Justicia no los creemos, todavía esperamos que nuestros hijos aparezcan con bien, porque se los llevaron vivos y vivos nos los deben regresar, esta es una masacre que no debemos permitir”, dijo uno de los familiares.
LA GUERRA COMIENZA
Este lunes, se dio a conocer que criminales colocaron una manta en la que exigen la liberación de los policías detenidos, relacionados con la desaparición de los normalistas. La manta fue retirada, pero se atribuyó al grupo criminal “Guerreros Unidos”.
En ella, exigían liberar a los 22 agentes municipales involucrados en el asesinato y desaparición de los estudiantes.
Elementos del Ejército mexicano retiraron la manta que amenazaba con “poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno” y con la alerta de que había empezado la guerra.
La tragedia en Iguala coloca a México de nueva cuenta en las páginas internacionales en un caso que evidencia la corrupción y filtración de las autoridades municipales con el crimen organizado.
Agencias como Associated Press, Reuters, Al Jazeera, y medios como El País, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, The Wall Street Journal, The Financial Times y CNN, entre otros, consignaron el hecho y coincidieron podría significar “la masacre más grande del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto”.
Por su parte, Gabriela Cuevas, quien es Senadora por el Distrito Federal, aseguró que la violencia terminará cuando “empiece a haber Estado de Derecho en nuestro país, mientras no hay Estado de Derecho y reine la impunidad, cada quien en este país va a querer procurar justicia no sólo con su propia mano sino hasta con su propia perversión”.
