Ha estado presente en casi todas las grandes tragedias humanas de Guerrero de los últimos años. Fue él quien asumió la gubernatura cuando su amigo Rubén Figueroa Alcocer renunció después de ordenar la matanza de campesinos en Aguas Blancas. Él era (es) jefe del Ejecutivo estatal cuando Acapulco se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. Era mandatario cuando la tormenta tropical “Manuel” barrió con pueblos enteros. Era él quien gobernaba (gobierna, hasta hoy) la entidad cuando desalojaron a estudiantes de la Autopista del Sol y asesinaron arteramente a dos. Y él estaba, apenas hace unos días, cuando policías de Iguala se llevaron a decenas de estudiantes que, hasta el día de hoy, siguen oficialmente desaparecidos. Ángel Aguirre Rivero es, pues, un hombre presente en casi todas las grandes matanzas…
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– Era la noche del viernes 13 de septiembre de 2013. Ángel Aguirre Rivero había organizado una cena de mucho mundo. Todos sus amigos, o casi todos, estaban allí. Mariachis, un arreglo de flores en la mesa central. Risas, tragos, camaradería. Oficialmente, la reunión era para conmemorar “el bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación”.
La tormenta tropical “Manuel” golpeaba el estado de Guerrero. Miles de pueblos y comunidades, a esas horas, ya habían quedado incomunicadas. Los cerros se ablandaban y los ríos, furiosos, se desbordaban. Las carreteras estaban, en ese momento, cubiertas de lodo. Y los ciudadanos no sabían el tamaño del meteoro porque ni el gobierno de Aguirre Rivero ni el de Enrique Peña Nieto les habían avisado. Pero la fiesta seguía.
Gran parte del gabinete de Aguirre estaba con él; también senadores y diputados federales, la mayoría del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estaban los amigos de siempre, los viejos amigos “de partido”: los que habían llegado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) apenas unos meses antes junto con Rosario Robles Berlanga.
Justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, 27 ríos se habían desbordado y 32 carreteras estaban destruidas mientras que La Pintada, un pueblo bajo un cerro, había desaparecido casi en su totalidad.
El Alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; estaba contento allí aunque su ciudad, la capital del estado, en esos precisos momentos era arrasada. Compartía con el jefe de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, Ramón Sosamontes Herrera Moro, ex perredista vinculado a los videoescándalos. Aguirre departía con el presidente de la Comisión de Gobierno en el Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, quien estaba sentado junto a René Juárez Cisneros, ex Gobernador. El secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el coordinador general del Ejecutivo, Humberto Salgado Gómez, los diputados locales Héctor Astudillo Flores y Héctor Apreza Patrón brindaban.
Y en el centro de la mesa principal estaba Rubén Figueroa Alcocer, el ex Gobernador que ordenó la matanza de Aguas Blancas.
“Sabemos que gobernar Guerrero no es una tarea fácil; se necesita sensibilidad, habilidad y generosidad con el pueblo que tanto necesita la mano solidaria de sus gobernantes”, agradeció el Diputado Héctor Astudillo Floresal a su Gobernador a nombre del Congreso del estado.
Más aplausos, más bebida. Mucha celebración.
Para cuando terminó la fiesta y Aguirre despidió “a don Rubén Figueroa”, Guerrero estaba sumido en el caos. Muertos, desaparecidos, miles de millones en daños.
Doce días después, superada la cruda de la fiesta pero en lo más álgido de las críticas por la tragedia, Aguirre dijo:
“A mí me tienen sin cuidado. Para mí, ese no es tema. Para mí, ese [la fiesta] no es el punto. En el momento en que cualquier organismo o cualquier dependencia pueda investigar sobre mi conducta, me someto al escrutinio público y que igualmente se investigue si se actuó con dolo o con irresponsabilidad en el cumplimento de los protocolos y de los alertamientos que se hicieron a través del comité de Protección Civil”.
MI AMIGO DON RUBÉN
Hablar de la carrera política del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, sin recurrir a su mentor, Rubén Figueroa Alcocer, el autor de la masacre de Aguas Blancas en 1995, es no entender su empoderamiento en la entidad. Todo lo que es Aguirre, se lo debe a la familia Figueroa. De eso nadie duda.
“Decir en Guerrero que Aguirre Rivero es un gobernante de izquierda, es ofender la inteligencia del pueblo”, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Ir más allá y pretender separar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del crimen organizado es una ofensa más al intelecto y es creer “que el pueblo es ingenuo”, sigue Barrera Hernández.
Ángel Aguirre Rivero tiene bien echadas sus raíces en el PRI de la vieja guardia. En ese PRI de los años 80 y 90. Su escuela es la represión.
Entre 1981 y 1987, Aguirre fue secretario particular y Secretario de Gobierno del ex Gobernador Alejandro Cervantes Delgado. Con José Francisco Ruiz Massieu, fungió como Secretario de Desarrollo Económico y después como Coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica.
Pese a que cuando él fungió como político priista, el PRD denunció múltiples asesinatos y desaparición de sus militantes, “Los Chuchos” –tribu en la fuerza política– no tuvieron empacho en lanzarlo como candidato a Gobernador por el Sol Azteca.
“Lo que pasó con el PRD es una cuestión de oportunismo, de coyunturas electorales, decir que hay un proyecto político de izquierda es una vacilada. No hay proyecto, no hay claridad ideológica, es montarse a la silla y gobernar para seguir fortaleciendo grupos de poder, cacicazgos, intereses, aliarse con poderes fácticos que están dañando la vida de la población. Decir que estamos hablando de un gobierno perredista, es pensar que la gente es ingenua, que no está viendo la realidad, que estamos ante gobiernos que se han coludido con grupos de la delincuencia y que hoy estamos viendo las consecuencias”, dice Abel Barrera.
En la sangre de Ángel Aguirre no corre una sola célula de izquierda. De hecho, el Gobernador de Guerrero fue y es priista de “hueso colorado”. Cuando su amigo Rubén Figueroa fue destituido por masacrar a los campesinos de Aguas Blancas, el PRI vio en Aguirre al sustituto. Ese fue su primer periodo como mandatario entre 1996-1999.
Por eso, cuando la población más pobre de la entidad se ahogaba y se quedaba sin casa en 2013 durante el paso del huracán Ingrid y la tormenta Manuel, Ángel Aguirre Rivero, investido como un Gobernador de izquierda, ofrecía una cena de gala, acompañado de Rubén Figueroa.
“Aguirre siempre ha sido priista y ha mantenido grandes vínculos con Rubén Figueroa. Figueroa en Guerrero quedó muy quemado por lo de Aguas Blancas, pero sigue gobernando a través de Aguirre. ‘Los Chuchos’ defienden mucho a Aguirre y por eso optaron por sacrificar al Alcalde de Iguala, a pesar de que ese Alcalde dio mucho dinero a la campaña de Aguirre, y está coludido con el narco”, explica Telésforo Nava Vázquez, investigador y experto en la izquierda mexicana de la Universidad Autónoma Mexicana (UAM).
Como su amigo Figueroa, en la sangre de Aguirre también corre el gusto por la represión.
El 2 de diciembre de 2011 desalojó la Autopista del Sol con violencia y cobró la vida de dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la misma institución que ahora llora por sus 43 desaparecidos normalistas y que ruega que no sean de ellos los cuerpos que se están desenterrando de fosas clandestinas.
Durante su gobierno, Ángel Aguirre ha dado golpes certeros a las policías comunitarias que luchan por sobrevivir a las balas del narcotráfico, y también del Estado.
Mario Campos, párroco de Tlapa de Comonfort, quien en 1995 creó la Policía Comunitaria, hoy Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, dice que en Guerrero urge rescatar a las instituciones.
“Se tiene que hacer una depuración: no pueden estar al frente de las instituciones personas que carecen de sensibilidad y valores, que no atienden las demandas sociales, sino que reprimen. Quienes no tienen el don de hacer de la política no sólo el ejercicio del poder, sino de servicio”, comenta.
Campos afirma que en Guerrero existe una hostilidad hacia los proyectos del pueblo, que el gobierno no ha entendido.
LA VIOLENCIA CON AGUIRRE
“Si mi renuncia ayuda a resolver el problema no tengo ningún inconveniente en irme, es un asunto de responsabilidad y obviamente yo tengo que asumir plenamente lo que a mi me corresponde. Yo me someto al escrutiño de la población […] Yo no voy a ir como asesino ni como delincuente. Yo nunca me he manchado las manos de sangre ni he ordenado que se cometa algo como lo de Iguala”, afirmaba ayer el Gobernador perredista, mientras el gobierno federal asumía labores de seguridad en la entidad.
Eso dijo el Gobernador como respuesta para resolver la problemática de inseguridad en el estado que ha alcanzado su máximo nivel con la muerte de tres normalistas y la desaparición de otros 43 en la que están involucrados elementos de la Policía Municipal de Iguala.
En enero de este año, la violencia se desató en varios pueblos de Guerrero, ubicados sólo a decenas de kilómetros de la ciudad de Acapulco. La misma ciudad que fue considerada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) como la más violenta de 2013, al registrar 2 mil 87 homicidios, y por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, como la segunda ciudad más violenta del mundo en 2012 en un ranking de 50.
Pero la violencia no sólo se desbordó en Acapulco con Aguirre Rivero como Gobernador, también alcanzó a Chilpancingo, la capital del estado y al resto de las poblaciones, sin importar el tamaño. La población cansada por las extorsiones, violaciones, secuestros y asesinatos se levantó en armas con la ayuda de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Cientos de policías comunitarios bajaron de la región de La Montaña para ayudar a las comunidades azotadas por el crimen organizado y tomaron los pueblos. Desde Xaltianguis, ubicado sólo a 53 kilómetros de Acapulco, hasta El Ocotito y amenazaron con llegar hasta Chilpancingo.
El 28 de enero cerca de las 20:00 horas en el punto conocido como el Parador del Marqués, cuando Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo –quien ha sido un crítico de la inseguridad en Chilpancingo– regresaba de una asamblea con policías comunitarios de El Ocotito, fue emboscado por un grupo de sicarios. En el lugar murió su nuera y su hijo resultó herido.
Al día siguiente, Ángel Aguirre, acompañado de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente nacional del PRD, dijo que se trataba de un hecho aislado, mientras que Pioquinto acusaba al Alcalde priista de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, de ser el autor intelectual del atentado.
“Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, contestó Aguirre al cuestionársele sobre la violencia que imperaba en su estado.
Después de los hechos y a pesar de que los pobladores denunciaron una y otra vez que el conflicto se debía al hartazgo de las comunidades por el crimen organizado, Aguirre les mandó represión, no solución a sus demandas.
“Antes nos sentíamos orgullosos de decir que somos indígenas y policías, lo hacíamos con orgullo, ahorita ya no cargo mi credencial de la UPOEG, para que no me detenga nadie. Yo tengo varias órdenes de aprehensión. Ahora cuando hay un retén, tengo que decir que soy un vendedor”, dice Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor de la UPOEG y comandante del Sistema de Seguridad y Justicia y Ciudadana (SSJC) de Xaltianguis, Guerrero.
En enero, la Policía Comunitaria todavía podía transitar por las carreteras de Guerrero y reunirse con algunas autoridades estatales para intentar negociar sus demandas. Hoy viven perseguidos. En los retenes, Miguen Ángel dice que es un vendedor, pues si descubre que es un policía comunitario, se lo llevan preso.
Todo por no aceptar “un regalo al diablo”, que incluye “vender el alma” y sentarse a negociar como lo hicieron las autodefensas de Michoacán, dice.
El viernes 13 de junio de este año fue detenido uno de los líderes de la UPOEG junto con otros ocho comunitarios.
Elementos de la policía del Estado llegaron a Xaltianguis y detuvieron a Maximino Moreno Acuña, conocido como “Comandante Santos” a golpes. Le pegaron a todo el que se cruzó en su camino: a los comunitarios, a los curiosos y a las mujeres.
“Ganas de llorar me dieron cuando vi a uno de mis compañeros, me dio profunda tristeza y coraje, tenía las costillas quebradas, una mano destrozada y la cara toda golpeada. Cuando yo lo vi, ya lo había bañado, pero se le notaba. No sólo les pegaron a ellos, también golpearon a los pobladores que llegaron de mirones durante el operativo. Se metieron a las casas”, cuenta Migue Ángel.
Esos nueve policías comunitarios están acusados de secuestro. Sobre Miguel Ángel pesan decenas de órdenes de aprehensión, una de ellas por el secuestro del asesino de 22 personas de la región.
“Es un joven de aquí, un asesino que empezó a matar a los 15 años y a sus 19, ya llevaba 22 gentes y varios secuestros. Nosotros lo agarramos y aplicamos nuestra ley como policía comunitaria, ahora resulta que, ¿me van a detener por agarrar a ese asesino? No, no lo acepto. Si yo cometo un error sí, yo pago, pero ese no es un error”, asegura.
Miguel Ángel también sabe que si lo agarran, la tortura será segura: “Cuando agarran a un compañero, ha sido torturado, nos están cazando y nos destrozan”, dice.
Para Abel Barrera Hernández lo que sucede en Guerrero es claro: se trata de una forma “burda” de ejercer el poder y de una protección del gobierno a los caciques y a los criminales.
“La población está enardecida por esa manera tan burda de ejercer el poder, en ese sentido está claro: hay una crisis de gobernabilidad, una deuda histórica desde la Guerra Sucia de jóvenes y mujeres desaparecidos, la masacre de Aguas Blancas y una estructura caciquil del estado, donde se gobierna como si fuera un feudo. Todo esto ha generado un ambiente de zozobra, miedo, incomprensión, una violencia incontenible, una delincuencia empoderarada y una corrupción que está desbordando a toda la vida institucional”, dice el activista y defensor de los derechos humanos en Guerrero.
“LOS CHUCHOS” RESPALDAN A AGUIRRE
“Yo espero que no sea suficiente la protección de Los Chuchos, para evitar que caiga el Gobernador, porque ellos lo tienen bien protegido y hay que recordar que tiene muy buenos amarres con el PRI de Enrique Peña Nieto”, indica el investigador Telésforo Nava.
Pero el tema no es ajeno al PRD, de hecho durante el pleno del lX Consejo Nacional que se realizó el sábado pasado en la Ciudad de México para elegir al presidente y secretario nacional, Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y órganos internos, el tema Guerrero, fue uno de los más candentes.
Ahí el pleno expulsó del partido al Alcalde José Luis Abarca. Ahí, Jesús Ortega Martínez, líder de Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos”, reconoció que en Iguala, no mandaba el alcalde perredista, sino el narco.
“Les pido que no pierdan de vista esta circunstancia: los estudiantes de Ayotzinapan, habían ido a Iguala a hacer lo que hacían en Chilpancingo y fueron a Iguala, donde es una zona que controla políticamente el narcotráfico, y con la policía. En Iguala y en otras partes […] el Alcalde no controla a la policía, la policía en Guerrero está infiltrada por el narcotráfico, y en el caso de Iguala sucedía lo mismo, no deberíamos desconocer eso”, dijo.
“Los Chuchos” siempre han defendido al Gobernador y según René Bejarano Martínez, también hicieron “oídos sordos” sobre las acusaciones en torno a los nexos de José Luis Abarca, ahora prófugo y de la corriente de Jesús Ortega, con grupos del crimen organizado.
Se los dijo en su cara el sábado. Les dijo que Abarca ejecutó personalmente al perredista Arturo Hernández Cardona y que él desde 2013, se los informó.
“Cuando ejecutaron a Arturo llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo ‘me voy a dar el gusto de matarte, que tanto me estás chingando con los fertilizantes’, y ahí lo mató”, dijo Bejarano citando a un testigo del crimen.
El perredista aseguró que no hubo disposición del gobierno federal y que ante un notario público tomó la declaración del testigo. Después el obispo Raúl Vera leyó en la plaza principal de Iguala la declaración del testigo y la presentó al Congreso Local.
Bejarano acusó que algunos diputados del PRD, se negaron a darle curso al juicio de procedencia en contra del Alcalde y acusó a una de las corrientes de protegerlo.
“Esa situación permitió que siguiera la impunidad y ahora ahí está la masacre. El Alcalde está prófugo”, dijo.
Para Jesús Ortega, el PRD “no debe ser tapadera de ningún funcionario, aunque sea perredista”.
“Si tenemos evidencia de perredistas, en el caso del Presidente Municipal, si compañeros del PRD tienen esas evidencias, hoy es tiempo para presentarlo ante la autoridad”, dijo.
Hoy la nueva dirigencia encabezada por Carlos Navarrete Ruiz, realizará la primera sesión del Comité ejecutivo Nacional en Iguala, Guerrero. En donde también buscarán reunirse urgentemente con Ángel Aguirre Rivero.
