Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy a México una “separación clara” entre las funciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, al tiempo que mostró su preocupación por “alegaciones de participación de la fuerza pública en graves hechos de violencia” en el país.
“Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”, sostuvo el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
En un comunicado precisó que “la historia de la región demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos”.
Por ello, reiteró “que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos”.
En este sentido, la CIDH pidió a México que investigue las alegaciones de que personal militar participó en actos violentos como el secuestro y asesinato de 7 personas en el municipio de Calera, Zacatecas, el pasado 7 de julio. Donde, de acuerdo a la información recibida por el organismo, siete personas habrían sido secuestradas de una casa en Calera.
“De acuerdo a la información disponible, personal militar es señalado como responsable de la desaparición de estas personas, cuyos cuerpos fueron luego encontrados en avanzado estado de descomposición, con tiros en la nuca”, indicó.
También durante el mes de julio, agregó la CIDH, se tiene información de que en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, las fuerzas federales, estatales y municipales realizaron un operativo conjunto en el que al menos una persona perdió la vida, un niño de 12 años, y otras resultaron heridas.
“La información disponible señala que los Ombudsman nacional y estatal enviaron a un grupo de visitadores para indagar sobre la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales”, detalló.
Las poblaciones de las comunidades de El Duin y La Ixtapilla organizaron protestas por los hechos, y según la información que ha llegado al organismo, “los militares habrían usado gas lacrimógeno y disparado de manera indiscriminada contra la población, como resultado de lo cual habría varias personas heridas, incluyendo una niña de seis años y un adolescente de 17 años de edad”.
Ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que en tres meses se iniciarán las audiencias de cuatro militares sujetos a proceso penal como sospechosos de la desaparición forzada y homicidio calificado de los siete civiles en Zacatecas.
Indicó que el Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas informó que “está en espera de que transcurra el plazo para el cierre de investigación, fijado en tres meses”.
Precisó que este plazo atiende al principio de presunción de inocencia como derecho humano de los imputados, miembros del 97 Batallón de Infantería de la Onceava Zona Militar con sede en Guadalupe, Zacatecas, a quienes el pasado 31 de julio el tribunal resolvió procesar.
El juzgado los consideró probables responsables de delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada de personas y homicidio calificado, previstos y sancionados en el Código Penal Federal.
“El delito de homicidio está contemplado como aquellos de prisión preventiva oficiosa”, señaló entonces el CJF, por lo que “la autoridad jurisdiccional ordenó la misma en contra de los cuatro inculpados”.
Finalmente, el organismo hizo referencia al informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que indica que el 30 de junio de 2014 entre 12 y 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico fueron ejecutadas de manera arbitraria por presuntos miembros de la fuerza pública en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México.
“Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas, detalló el Centro ProDH, luego de tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa.
