Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Tardó cinco días para acreditar que Rubén Espinosa Becerril era periodista “activo” y colaborador de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro. Desde el domingo 2 de agosto, en reunión con directivos de estos medios, y aun cuando ya era público que se trataba de un fotorreportero amenazado en Veracruz, el Procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza desestimó la profesión en el móvil del crimen porque no había sido asesinado, dijo, “durante el ejercicio de su trabajo”.
Ríos parecía tener claro desde el domingo, dice la reportera Daniela Pastrana, presente en la reunión como directora de la Red de Periodistas de a Pie, que los crímenes a investigar en la colonia Narvarte eran el homicidio, los cuatro femenicidios y el delito de robo.
“Pero la línea periodística no ha sido investigada”, agrega Pastrana, quien apenas el 9 de julio, tres semanas antes del crimen, recogió en entrevista la denuncia que el fotorreportero hizo del hostigamiento contra la prensa por parte del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“No han estado investigando las conexiones con Veracruz, las amenazas que fueron públicamente denunciadas. Parece que el Procurador tiene una bola de cristal, porque desde el domingo dijo casi la misma versión que se ha estado filtrando y que está diciendo ahora el detenido (con antecedentes de robo por violación)… desde el domingo sabíamos que por ahí iba”, comenta en entrevista.
El multihomicidio cometido en el edificio ubicado en Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, es el crimen de más alto impacto que se ha cometido en el Distrito Federal en lo que va de 2015. Se trató de cinco víctimas –un hombre y cuatro mujeres jóvenes– golpeadas y asesinadas con arma de fuego calibre nueve milímetros, en el interior de un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio resguardado con doble puerta y visible desde varias cámaras de seguridad instaladas en la cuadra.
Dos de los asesinados, además, estaban en la ciudad en calidad de desplazados, literalmente escapando del hostigamiento del que eran presa en el Estado de Veracruz, donde Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, trabajaba como fotorreportero especializado en cubrir movimientos sociales y la antropóloga Nadia Vera Pérez, de 32 años, participaba en actividades de protesta y resistencia ante la represión del gobierno que más asesinatos de periodistas (14) ha permitido en los últimos cinco años.
Espinosa dijo también a la reportera Shaila Rosagel, de SinEmbargo, que había una foto suya del Gobernador Javier Duarte publicada en una portada de Proceso que sabía había molestado al mandatario y que había sido comprada a granel en Xalapa. También, que desde el 9 de junio estaba en el Distrito Federal porque había visto personas tomándole fotografías afuera de su casa, también en la capital veracruzana.
Nadia Vera, parte del movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana y de la asamblea #YoSoy132, había sido víctima de actos de represión e intimidación también desde 2012. El hostigamiento –golpes durante manifestaciones pacíficas, allanamientos en su casa– fue tal que, en 2014, responsabilizado públicamente al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de cualquier daño que pudiera sufrir ella o alguno de sus compañeros. En una entrevista que dio al medio de televisión por internet Rompeviento, la hoy víctima dejó incluso documentado su temor y su denuncia contra Duarte en un video.
Pero todo este entorno de amenazas no sólo no ha sido investigado. A seis días del crimen, si algo ha caracterizado la investigación de la PGDF es la filtración de datos que, consideran ahora organizaciones como Artículo 19, lo que buscan es desestimar el móvil político.
“Manifestamos nuestra preocupación ante la filtración de información que ha realizado la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal, pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones, dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz”, dice el borrador de un pronunciamiento que prepara la organización.
La difusión extraoficial de ciertos datos contenidos en el expediente de la PGJDF empezó desde el domingo, cuando un medio policiaco publicó el primer nombre de la testigo que encontró los cuerpos. Luego, periódicos nacionales publicaron que la noche del jueves hubo una “fiesta” que se prolongó hasta la mañana del viernes. Y, el lunes 3, la PGJDF dio sólo al periódico La Razón las primeras imágenes del video captado por la cámara de la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en la esquina de Luz Saviñón y Zempola, en las que se ve a tres personas salir del edificio a las 15:02. Uno de ellos, enfatizó el Procurador al repartir el video al resto de los medios, “se lleva el vehículo rojo Mustang; otros sujetos que salen, salen con una maleta negra que se puede observar lleva cierto peso”. El encabezado de La Razón ese día: “Video: fueron tres los asesinos; robaron a víctimas y huyeron”.
Las filtraciones por parte de la PGJDF fueron motivo de preocupación para Artículo 19 desde ese mismo martes. En un comunicado, la organización –también conocedora de las amenazas que vivía Espinosa– advirtió que, de no corregirse el manejo informativo de la indagatoria, el Gobierno de la Ciudad de México “sólo profundizaría la desconfianza y la incredulidad respecto de lo que pueda resultar de la investigación”.
La cobertura mediática del crimen que sacudió –otra vez– a la comunidad periodística mexicana fue motivo de análisis también por parte del reportero independiente Témoris Grecko, que el pasado 5 de agosto publicó el artículo titulado “¿Fiesta? La de la PGJDF y los diarios La Razón y Reforma”.
En el texto, el periodista citó las notas que aludían a la supuesta “fiesta” para plantear cómo se trataba de borrar con “moralismo” la carga política del hecho, y recordó cómo Ríos tergiversó desde el domingo el motivo por el que estaba Espinosa en el DF, al decir que había llegado para buscar “oportunidades de trabajo” y no refugio.
“Como si estuviéramos en los años 60, el atentado sangriento y brutal contra una activista y un periodista se quiso reducir a un reventón de muchachos que salió mal. El Gobernador Javier Duarte había dicho: ‘pórtense bien’, pero ya ven cómo son los jóvenes”, escribió Grecko.
“¿Se está realizando una investigación seria, determinada, imparcial? Existe el temor fundado de que no es así. (…) En público, Ríos Garza hizo lo posible por enterrar el hecho de que Espinosa haya venido al DF huyendo del acoso y de que lo haya denunciado ante quien lo quiso escuchar: ‘Tenía dos meses en el Distrito Federal donde buscaba nuevas oportunidades de trabajo’, dijo Ríos Garza el domingo 2 de agosto”, recordó Grecko.
“COLOMBIANA”
La identidad de las mujeres víctimas ha sido también revelada sólo a través de medios extraoficiales. En el caso de Nadia Vera, por el entorno de periodistas que también eran amigos de Rubén Espinoza y que desde la noche del sábado supieron que era otra de las víctimas. La identidad de Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 años, fue sólo confirmada oficialmente por parte de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Y La Razón, por su parte, difundió las identidades de Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, y de Mile Virginia Martín, de 29.
El Procurador Ríos argumentó el pasado miércoles que las reservas en la difusión de las identidades de las cuatro mujeres víctimas obedecía a los protocolos de investigación del delito de femenicidio, pero difundió edades, profesiones y nacionalidades, entre ellas la de una mujer de 29 años que, reportó el comunicado oficial, era “originaria de Colombia” (Martín).
Pero, de acuerdo con la columnista Catalina Ruiz Navarro, también de nacionalidad colombiana, el ocultamiento de las identidades de las mujeres víctimas por parte de las autoridades de la Ciudad de México, el no nombrarlas, tiene más bien el propósito de “invisibilizar los femenicidios”. Mientras, planteó la escritora en un artículo publicado el miércoles en El Espectador de Colombia, la sola difusión de que una de las víctimas tenía nacionalidad colombiana se perfila como la salida que se dará al caso.
“A juzgar por la información pública, todo indica que la colombiana será el chivo expiatorio de este crimen horrendo. Ya se oye decir que fue ‘por drogas”, escribió Ruiz Navarro en “La Colombiana de la Narvarte”.
“Si las principales víctimas resultan ser Espinosa y Vera, esto se convierte en un ataque a la libertad de expresión y tendrá un costo político altísimo; uno que no tiene el asesinato de una colombiana ‘por puta y narcotraficante’. De hecho, la palabra ‘colombiana’ está usándose como eufemismo de prostituta. ¿Recuerdan cuando todo el país se ofendió porque una comediante chilena nos dijo putas? A diferencia de ese sketch, este asesinato no es una broma: tenemos una compatriota brutalmente asesinada, estigmatizada por colombiana, desechable por migrante. ¿Por esto no hay escándalo?”, cuestionó en el texto.
Esta estigmatización, agregó el comunicado enviado el 4 de julio por Artículo 19, también es consecuencia del manejo informativo por parte de la PGJDF: “La investigación está propiciando un inadecuado manejo de la información, desacreditando, discriminando y estigmatizando a las víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos”.
“LEVE, PERO SÍ NOS DESVELAMOS”
A siete días del crimen, la reconstrucción de los hechos no está clara ni para la PGJDF. De acuerdo con datos publicados en la semana, la hoy testigo llegó el jueves por la noche al departamento que compartía con Nadia, Yesenia y Mile Virginia después de su jornada de trabajo en una dependencia del Gobierno federal. Fue entonces, “la noche del jueves”, publicó La Razón, que la testigo “vio a sus compañeras, quienes convivían con cuatro hombres, entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa. Sin embargo optó por irse a dormir y al siguiente día se levantó y fue a su trabajo. Ella fue quien recubrió los cuerpos al volver al departamento”.
El dato de que los vio “la noche del jueves”, sin embargo, contrasta con la versión ofrecida por el Procurador Ríos, que en conferencia el pasado martes dijo que Rubén y Nadia habían llegado al departamento a las “dos de la mañana” del viernes.
“Llegan Rubén y Nadia y un amigo de Rubén a las dos de la mañana al departamento; habían estado en otro lugar”, dijo Ríos.
Según el mismo Procurador, un testigo dice saber que hay un periodo en la madrugada en el que Rubén sale del departamento y que luego vuelve, y que “posteriormente llega la empleada doméstica; estamos hablando de las nueve de la mañana”.
El martes, el Procurador también dijo que era a partir de entonces y hasta las tres de la tarde –hora de salida de los tres presuntos responsables registrada en la cámara de videovigilancia– el “lapso” en el que, trataban de determinar, produjo el crimen. El miércoles siguiente, en conferencia de prensa, dijo que este periodo iniciaba a las 12.
La PGJDF, sin embargo, desconocía que el círculo cercano de Rubén, sobre todo el de los periodistas, contaba con información de que todavía a las 14:13 horas de ese viernes se encontraba con vida y sin indicios de peligro. Esto, debido a que, entre 13:45 y 14:13, sostuvo con un amigo una conversación por WhatsApp reportando, entre otros datos, que ya iba de “de salida a la calle”.
En esa misma conversación, Rubén comenta que salió “con un compa y una amiga (Nadia Vera)” y que se quedó en casa de ella. Ahí mismo, dice que la reunión “salió de la nada” porque sólo querían comer, y agrega que fue “leve, pero sí nos desvelamos”.
LA MARCA VERACRUZANA
El asesinato de Rubén Espinosa cimbró a la comunidad periodística y de activistas de la Ciudad de México desde el sábado, cuando se confirmó su identidad. Los organizados en redes y colectivos que estaban en contacto con él, como Periodistas de a Pie, Artículo 19 y FotorreporterosMx, difundieron desde esa noche un comunicado en el que advirtieron la gravedad de que el crimen acabara con la idea de “refugio” que esta capital representaba para varios periodistas perseguidos en otras partes de México.
“Él ya había denunciado amenazas, acoso y persecución. Habló con todos los colegas que encontró a su paso y con sus empleadores, y recorrió redacciones y medios alternativos y organizaciones de libertad de prensa para denunciar la imposibilidad de realizar un trabajo periodístico en Veracruz, y el clima de violencia que lo obligó a exiliarse y abandonar la vida que había construido en aquella entidad. También el temor que tenía por los compañeros que en Veracruz se quedaban. Pero la violencia de Veracruz lo alcanzó en el DF”, dijeron amigos y periodistas en un comunicado enviado a través de diferentes redes.
La amenaza de que la violencia contra la prensa que se vive en Veracruz pudiera llegar hasta el DF quedó evidenciada desde abril de 2013, cuando la revista Proceso publicó que tenía información para temer que funcionarios del Gobierno de Duarte, molestos por un reportaje, estaban planeando atacar aquí al autor del mismo.
Desde entonces, el 16 de abril de 2013, Proceso publicó en su sitio electrónico una nota reportando que parte del plan de los agresores era enfático en ‘tener cuidado con las cámaras’ de Seguridad Pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra ‘gente’ del Estado de Veracruz”.
El texto que detonó este plan de ataque, agregó la Revista, fue sobre el homicidio de su corresponsal en Xalapa, Regina Martínez, asesinada el 29 de abril de 2012.
“Hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y ex funcionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista. Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de Gobierno, de Seguridad Pública y de la Procuraduría veracruzana, cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14”, publicó Proceso.
“Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del Gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista. Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista”, agregó el medio.
Y, desde ese abril de 2013, y como hizo Nadia Vera en 2014, la revista nacional responsabilizó al Gobierno de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir “todo el personal que colabora con este semanario en todo el país”.
Por eso, insiste la periodista colaboradora de Proceso y fundadora de Periodistas de a Pie, Marcela Turati, es importante que, aun cuando los datos de la escena del crimen muestren que hubo otros delitos, también se investigue el entorno de amenazas que vivía la víctima y se investigue el trabajo periodístico de Rubén como probable móvil.
Esto, explica quien ha monitoreado la violencia contra los periodistas de Veracruz en los últimos años, porque el manejo de la investigación del crimen ocurrido en la colonia Narvarte presenta los mismos elementos que presentó el asesinato de la periodista Regina Martínez.
“Este crimen y cómo se ha manejado coincide con el crimen de Regina Martínez, porque de inmediato empezaron las filtraciones que apuntaban a que ella tenía una relación de algún tipo con sus asesinos, que les abrió la puerta, que estuvieron conviviendo con ellos en la noche, y al terminar un crimen tan terrible, el móvil fue un robo –dice Turati. Nunca investigaron su trabajo periodístico”.
