Diputados de izquierda piden a la ONU y a la OEA investigar el caso Chalchihuapan, para evitar espacios de impunidad

07/08/2014 - 5:14 pm
En conferencia de prensa, los legisladores refirieron que el niño José Luis Tehuatlie falleció por un trauma craneoencefálico causado por proyectiles de los uniformados y no por un cohetón como afirma el gobierno estatal. Foto: Twitter @RoxanaLunaP
En conferencia de prensa, los legisladores refirieron que el niño José Luis Tehuatlie falleció por un trauma craneoencefálico causado por proyectiles de la policía poblana. Foto: Twitter @RoxanaLunaP

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Diputados federales de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido del Trabajo (PT), solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que intervengan activamente en las investigaciones y realicen una vigilancia sobre el caso de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, en donde fue asesinado el niño José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años y se realizaron graves violaciones a las garantías básicas de varias personas, por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.

En conferencia de presa realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados perredistas Roberto López Suárez, Margarita Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, José Luis Muñoz Soria, Joaquina Navarrete contreras y la petista Loreta Ortiz Ahlf, plantearon  que en Puebla se ha desarrollado “un práctica sistemática de represión”, luego de la aprobación de la denominada “Ley Bala”, en mayo pasado. Los legisladores refirieron que el niño José Luis Tehuatlie falleció por una hemorragia debido a trauma craneoencefálico causado por proyectiles de los uniformados y no por un cohetón como afirma el gobierno estatal.

Los legisladores señalaron que se realizaron violaciones graves a las garantías básicas de varias personas durante la manifestación en Chalchihuapan. Foto: Cuartoscuro
Los legisladores señalaron que se realizaron violaciones graves a las garantías básicas de varias personas durante la manifestación en Chalchihuapan. Foto: Cuartoscuro

El grupo de diputados de izquierda consideró que los policías deben ser castigados por violar los derechos humanos de los manifestantes, quienes el pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco demandaban que no les fuera arrebatado el servicio del Registro Civil.

La perredista Margarita Elena Tapia Fonllen, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, expuso: “Hemos decidido remitir hoy el informe, para pedir la intervención de la ONU y de la OEA. Confiamos en que si esta solicitud, y a quienes va dirigido, hay una buena atención a la propuesta, se pueda llevar a cabo una debida vigilancia internacional, para el respeto y la protección de los derechos humanos y no existan espacios para la impunidad. En el documento se describen los enfrentamientos, en los que “las fuerzas policiales utilizan balas de goma, latas de gas lacrimógeno y granadas, causando lesiones discapcitantes y la muerte del menor José Luis Tehuatlie, el mes pasado”.

En su oportunidad, la Diputada de Puebla, Roxana Luna Porquillo, planteó que están aportando todas las pruebas necesarias para generar las condiciones de la veracidad en cuanto a lo sucedido en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.

La diputada Margarita Tapia Fonllem dijo que las protestas sociales “son un derecho constitucional legítimo y nunca debe someterse al prejuicio de la ley y la autoridad para catalogarla como violenta e ilegal”.

La legisladora cuestionó el desempeñó del secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, ya que, expuso, “ha manifestado su insensibilidad e intolerancia contra las protestas públicas, como quedó demostrado con la represión a normalistas de Ayotzinapa, Guerrero en 2011”.

Los legisladores condenaron públicamente el desempeño de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y exigieron que se lleve a cabo una investigación imparcial; también hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que profundicen en las indagaciones y entreguen toda la información necesaria para aclarar el caso.

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