Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– La Reforma Energética, la enmienda más importante del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, la que abre el sector energético nacional a los capitales extranjeros y rompe de tajo con 76 años del monopolio petrolero del Estado, fue aprobada luego de 18 días de votaciones en el pleno y cerca de 170 horas de discursos en tribuna en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Nunca en la historia del Congreso mexicano una sola sesión, ordinaria o extraordinaria, había requerido tanto tiempo para desahogar un sólo tema.
El debate en tribuna fue un mero trámite legislativo, la mayor parte del tiempo se consumió en un diálogo de sordos entre los dos partidos mayoritarios del Congreso de la Unión: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN) y sus satélites, Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), quienes rechazaron las más de tres mil 500 reservas que presentó la oposición para mejorar los dictámenes.
No obstante, los partidos mayoritarios sí realizaron más de 250 modificaciones al texto original enviado por el Presidente Peña, en su mayoría adiciones planteadas por Acción Nacional y algunas del partido en el gobierno.
El poco debate que se registró estuvo acompañado de descalificaciones y a veces hasta de acusaciones personales. En la Cámara de Diputados, los legisladores de izquierda no se cansaron de llamar a priistas y panistas “traidores a la patria”.
En el Senado, la cámara de origen de cuatro de siete dictámenes el debate fue de mayor nivel aunque no estuvo exento de la defensa de las posiciones ideológicas.
Por ejemplo, la priista Cristina Díaz Salazar afirmó que la Reforma Energética propuesta por Peña Nieto detonará el desarrollo nacional y sacará al país de la crisis económica, provocada, en parte, por el estancamiento de la industria energética.
“Las cifras son claras, el sector energético está en crisis. La producción de petróleo ha disminuido en un millón de barriles diarios en una década, a pesar de las crecientes inversiones. Entre 1997 y 2012, las importaciones de gas natural pasaron de 3 a 34 por ciento; las de gasolina de 25 a 50 por ciento; y las importaciones de petroquímicos aumentaron a 65 por ciento. En suma: vamos perdiendo”, mencionó.
Por su parte, Dolores Padierna Luna sostuvo que la privatización es abusiva para las empresas productivas y favorable para los contratistas extranjeros. Agregó que la corrupción será peor que la que existe hoy en el sector, porque se elimina todo tipo de controles y se crea un régimen de excepción para los altos funcionarios.
“La generación de tecnócratas que tomaron el poder tras la crisis petrolera de 1982, nos conducirán al peor Crack energético, por una sencilla razón: las leyes que estamos discutiendo en esta jornada no van a fortalecer a Pemex [Petróleos Mexicanos], ni a sacarlo de la corrupción, van a desmantelar a nuestra principal industrial de la cual depende el 8 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto y el 40 por ciento del erario nacional”, dijo.
En tanto, los panistas rechazaron ser traidores a la patria, asumieron la paternidad de gran parte de la Reforma Energética y le dieron la bienvenida al juicio de la historia.
“No le tememos al juicio de la historia, hemos dado la cara y defenderemos esta reforma cada vez que sea necesario, no tenemos la mala conciencia que ustedes tienen por la absolutamente fallida reforma fiscal”, dijo el Senador Roberto Gil Zuarth.
¿QUÉ SE LOGRA CON LA REFORMA ENERGÉTICA?
En unos días, quizá horas, el Presidente Peña Nieto promulgará las leyes secundarias que aprobaron diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM y Panal.
De acuerdo con la información del gobierno federal, la Reforma Energética dotará a México de un marco jurídico moderno, para fortalecer a la industria petrolera e incrementar la renta petrolera en beneficio de los ciudadanos.
Estima que con la entrada de la iniciativa privada en actividades antes reservadas exclusivamente al Estado se detonará la extracción de petróleo y gas natural, y al mismo tiempo se impulsarán las actividades de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento en territorio nacional.
Con esto, estima el gobierno federal, se la economía nacional crecerá un punto porcentual en 2018 y aproximadamente dos por ciento más para el 2025.
Entre otros beneficios que dejará la Reforma Energética está la creación de medio millón de empleos en lo que queda del sexenio y 2.5 millones más hasta el 2025.
Contrario al optimismo del gobierno, legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y de Movimiento Ciudadano (MC) sostuvieron que se provocará el desmantelamiento paulatino de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Comisión Federal de Electricidad (CFE), crecerá la corrupción en el sector gracias a que la Reforma no incluye verdaderos candados contra la opacidad y México perderá su soberanía energética.
La izquierda agregó que el uso de técnicas como la fractura hidráulica provocará severos daños al medio ambiente sin que se pueda responsabilizar a las empresas particulares y el empleo de figuras jurídicas como la “ocupación temporal”, orillará a los campesinos a ceder sí o sí su territorio a las compañías trasnacionales; o en dado caso, les serán devueltos en condiciones deplorables.
Tras la reforma a los artículos constitucionales 25, 27 y 28, del año pasado, la Presidencia de la República envió al Senado sus iniciativas para crear más de 10 leyes y reformas otro número similar, el 30 de abril de 2014.
Para facilitar su dictaminación, la Comisión de Energía de la Cámara Alta agrupó las iniciativas en siete dictámenes, de los cuales envió tres a la Cámara de Diputados por tratarse de aspectos fiscales.
A fin de que los mexicanos conocieran a detalle el contenido de las iniciativas, el PRD propuso aplazar su discusión hasta el mes de julio, a fin de que la atención pública no se desviara con el Mundial de fútbol Brasil 2014.
Una vez que la propuesta no prosperó, el PRD planteó que el canal del Congreso realizara cápsulas informativas de 10 minutos, las cuales se deberían transmitir en horario estelar por los principales canales de televisión abierta.
La idea ni siquiera fue considerada por la Secretaría de Gobernación (Segob), quien consideró la propuesta inviable y se declaró sin facultades para obligara a los concesionarios a transmitir información de debate más importante del sexenio.
Así las cosas, el cuarto periodo extraordinario para desahogar la legislación energética arrancó el jueves 17 de julio. Uno a uno fueron discutidos y aprobados los dictámenes, y posteriormente revisados por la colegisladora.
PRIMER DICTAMEN: CONTRATOS
El primer texto planteó la creación de la Ley de Hidrocarburos en donde define los mecanismos a través de los cuales el Estado podrá llevar a cabo las actividades de exploración y extracción en un entorno atractivo para la inversión privada complementaria, en concordancia con la reforma constitucional del año pasado.
La Secretaría de Energía (Sener), previa opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la responsable de otorgar y modificar las asignaciones a las nuevas empresas productivas del Estado para la exploración y extracción de hidrocarburos.
En el caso de los contratos celebrados con particulares, todos deberán establecer, invariablemente, que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
Habrá cuatro tipos de contratos combinables:
· Servicios. En estos se pagará en efectivo al contratista.
· Utilidad compartida. Cuya remuneración se hará según la utilidad generada.
· Producción productiva. Con un porcentaje de la producción obtenida.
· Licencias. Mediante transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo.
Los tres últimos permitirán transmitir a los contratistas los riesgos geológicos y financieros de la exploración y extracción.
FRACKING Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE TIERRAS
El primer dictamen también avaló el uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking, para extraer shale gas del subsuelo.
Durante su discusión en el pleno, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso excluir la aplicación de la técnica fracking, por sus efectos nocivos para el medio ambiente.
“Investigaciones señalan que entre los químicos utilizados se encuentran benceno, xileno, cianuro, hasta llegar a unas 519 sustancias químicas, entre los que se encuentra elementos cancerígenos y mutágenos. Lo que junto con los metales contenidos en las rocas de lutita, como el mercurio, el plomo, radón, radio, uranio, ambos radioactivos conforman una mezcla o coctel altamente riesgoso, una verdadera amenaza a los derechos humanos y a la salud, a la vida”, sostuvo el perredista Benjamín Robles Montoya.
Incluso, el Senador panista Javier Corral Jurado se sumó al rechazo del fracking, con el argumento de que es una técnica depredadora y dañina para la salud humana, para el subsuelo, para las tierras superficiales y para los derechos de las comunidades.
Señaló que cada pozo requiere de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, y en el norte del país, en Chihuahua, Nuevo León o Coahuila, por ejemplo, hay muy poca agua, incluso para beber.
“No tengo la menor duda de las nefastas y funestas consecuencias que esta técnica producirá frente incluso a los recursos que se invierte, porque es una de las técnicas, quizá menos rentable en términos de extracción de hidrocarburos. Es una técnica altamente depredadora del medio ambiente”, dijo el legislador por Chihuahua, uno de los estados en riesgo del empleo de esta práctica.
El Partido Verde Ecologista de México defendió el empleo de la fractura hidráulica para extraer el gas y el petróleo shale, dos tipos de hidrocarburos vitales en la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto, y de cuya extracción masiva depende la posibilidad de que baje el precio de la electricidad, según el dictamen a consideración.
OCUPACIÓN TEMPORAL Y SERVIDUMBRE
El primer dictamen también incluyó el tema de “Tenencia de la tierra”, para regular el procedimiento por el cual las empresas trasnacionales tendrían certeza para explorar y explotar hidrocarburos en tierras ejidales, comunales e indígenas.
Tras una serie de acuerdos entre priistas y panistas, se decidió eliminar la palabra “expropiación”, la cual había generado inconformidad entre los integrantes de las confederaciones campesinas aliadas al PRI, y sustituirla por “ocupación temporal”, que supone la renta de las tierras por un pago determinado y un tiempo delimitado, tras lo cual el terrenos ería devuelto a sus dueños originales.
El Senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo destacó que la “ocupación temporal” es una “expropiación” encubierta, que abre la posibilidad de que los ejidatarios e indígenas estén en riesgo de sufrir “desapariciones forzadas” e “intimidación”, con el objetivo de consentir que sus tierras sean utilizadas con fines de explotación de hidrocarburos.
“Por encima de los petroleros y sus intereses particulares está la paz social, el derecho a la alimentación, la preservación del medio ambiente, la preservación de nuestras zonas arqueológicas y la gobernabilidad de nuestro país”, concluyó Fidel Demédicis.
Tras una serie de movilizaciones campesinas en las calles de la Ciudad de México, el PRI consintió elevar el monto de la renta por la ocupación de la tierra hasta en tres por ciento de las ganancias por extracción, aunque se estableció que los montos reales se negociarán en cada caso particular.
Específica que la contraprestación, en caso de extracción comercial, cubrirá un porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario o contratista del proyecto, luego de haber descontado los pagos al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Establece que tratándose de gas natural no asociado, el rango de la contraprestación estará entre 0.5 y 3 por ciento, y para los demás casos, entre 0.5 y 2 por ciento.
También, los propietarios de terrenos donde se exploten hidrocarburos deberán recibir entre 0.5 por ciento y 3 por ciento de las utilidades del contratista que explote gas no asociado, también conocido como shale o de esquisto.
Cuando los particulares exploten otro tipo de energéticos en terrenos ajenos la contraprestación será de 0.5 por ciento a 2 por ciento.
La ley señala que estas tierras podrán ser explotadas por un particular mediante las figuras de servidumbre, ocupación superficial u ocupación temporal, siempre que el contratista llegue a un acuerdo con el dueño del lugar.
SEGUNDO DICTAMEN: INDUSTRIA ELÉCTRICA
La Ley de la Industria Eléctrica fija las reglas para la apertura del mercado de la electricidad.
Estas empresas autorizadas competirán con la Comisión Federal de Electricidad y, junto con ella, formarán parte del sistema eléctrico del país; además establece la creación del Centro Nacional de Control de Energía, que será el encargado de operar y supervisar todo el sistema eléctrico.
El Presidente deberá crear, en un plazo de cuatro meses, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el cual estará encargado del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, de operar el mercado mayorista, y del acceso abierto a las redes de transmisión y distribución.
Las tarifas eléctricas se mantendrán reguladas por el gobierno y con un subsidio generalizado, aunque la legislación apunta a que los apoyos se concentren en las zonas rurales y urbanas marginadas.
Durante el debate, el PRI en ambas cámaras del Congreso insistió en todo momento lo que sostiene la propaganda gubernamental: que con la explotación masiva de gas natural, gracias a los yacimiento subterráneos de gas de lutita, se detonará la industria nacional y con ello bajarán las altas tarifas de electricidad que suponen una carga extraordinaria para las familias mexicanas y restan competitividad a la economía nacional.
Acción Nacional detalló las tres condiciones básicas para que baje el precio de la luz. Para lograrlo, dijo el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, se necesita extraer la materia prima y tener el acceso al hidrocarburo que es más barato, que es el gas natural.
Segundo, una vez que se tenga la materia prima hay que transportarla para poder llevarla a las plantas generadoras de energía, mediante la inversión que llegará gracias a la Reforma Energética en todo el sistema de ductos.
Tercero, se necesita tener plantas generadoras de energía eficientes, ya que las plantas que hoy generan la energía eléctrica a través de diesel y combustóleo son 65 por ciento más contaminantes que el gas natural, y son 40 por ciento más caras.
Por su parte, el PRD insistió en que no bajará el precio de la electricidad, y menos cuando el gobierno federal tiene planeado eliminar los subsidios en el recibo de la luz para toda la población y dejarlo sólo para los más necesitados.
Prueba de eso, dijo, es el hecho de que desde hace años compañías privadas participan en el mercado de la generación de electricidad en nuestro país, y eso no ha traído la reducción de costos en el país.
TERCER DICTAMEN: LEY DE PEMEX Y DE CFE
Pemex y CFE pasarán de ser organismos descentralizados a “empresas productivas del Estado”.
Ambas compañías deberán regirse bajo un modelo de gobierno corporativo, en el que tengan un director general, responsable de la operación diaria, y un consejo de administración, encargado de tomar las decisiones de negocios estratégicas y de largo plazo.
Cada consejo estará formado por 10 miembros. En el caso de Pemex, cinco serán funcionarios del gobierno y cinco serán consejeros independientes propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. En el caso de la CFE, cinco serán funcionarios gubernamentales, cuatro serán consejeros independientes y uno será designado por los trabajadores.
Los consejos de administración podrán decidir que los ingresos excedentes se destinen al pago de pasivos laborales en materia de pensiones y salud. Esta medida es una condición para que el Estado asuma las deudas de las dos instituciones en este rubro.
Cuando Pemex y CFE estén por celebrar contratos de “impacto o relevancia” con particulares, un testigo social podrá participar en el proceso para hacer observaciones y, de ser necesario, notificar a las contralorías de posibles irregularidades.
Para el PRI y el PAN se trata de fortalecer a Pemex y a CFE. Para la izquierda, sólo se promoverá su desmembramiento paulatino y la total dependencia energética a las compañías privadas.
Para los partidos de oposición, estas nuevas leyes no solo eliminarán la rectoría económica del Estado y subordinan el interés público al libre mercado, sino que convertirán la propiedad de la Nación en empresas propiedad del Presidente de la República.
Y es que el artículo dos de ambas leyes establece que “Pemex y CFE son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal”, lo cual, a decir del Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, es inconstitucional porque se contrapone a lo expresado en el artículo 27 constitucional, que dice: “tratándose del petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescindible”.
CUARTO DICTAMEN ÓRGANOS REGULADORES
Con este dictamen se pretende que el nuevo modelo energético cuente con órganos reguladores fuertes, autónomos y transparentes, para responder a “las amenazas naturales” a cualquier apertura económica. O lo que es lo mismo para intentar evitar que México sea “devorado” por los tiburones que representan las petroleras transnacionales.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se convertirán en órganos reguladores coordinados. Seguirán como órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Energía, aunque se les dotará de personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que licitará y suscribirá los contratos, administrará técnicamente las asignaciones y establecerá un nuevo Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.
También se creará la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que regulará el desarrollo de cadenas de gas natural, petrolíferos y petroquímicos; gas licuado de petróleo, bioenergéticos, así como las distintas fases de la industria eléctrica.
Además, con la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ANSIPA), el Estado se asegurará de que la extracción y explotación de hidrocarburos que realizarán empresas estatales y privadas se realice “con pleno respeto y protección al medio ambiente, y en las condiciones de máxima seguridad”.
Legisladores de oposición señalaron que la Agencia de Seguridad Industrial, va a crear una burocracia innecesaria, va a tener duplicidad de funciones, invadirá facultades y competencias de otras dependencias del gobierno federal y habrá contradicciones en la aplicación de la Norma.
Específicamente, indicaron que será “un pago de cuotas” del PRI para su aliado político, el Partido Verde Ecologista.
“Y esta Agencia que seguramente será el pago al Partido Verde, así como le dieron la Secretaría de Medio Ambiente con Juan José Guerra Abud, que fue coordinador parlamentario en la anterior legislatura, seguramente ahora la agencia será el nuevo pago de favores por su voto a favor de esta reforma”, afirmó el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano
Por su parte, el Partido Verde defendió a capa y espada la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente. Señaló que la nueva Agencia será “un organismo especializado, fuerte, con la facultad de imponer inclusive infracciones y sanciones, así como suspender empresas, clausurarlas y asegurar e inutilizar sustancias”.
QUINTO DICTAMEN: INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS
La Cámara de Diputados fusionó dos dictámenes para su mejor dictaminación, el texto por el que se crea la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, reforma la Ley Federal de Derechos, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
De acuerdo con el paquete de leyes secundarias aprobadas por el Legislativo también La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece los montos que deberán pagar al Estado los particulares que reciban contratos para explorar petróleo y gas.
Cada empresa deberá cubrir dos conceptos: contraprestaciones e impuestos. Las primeras serán entregadas al fondo petrolero; los segundos, a la Secretaría de Hacienda.
Entre las principales contraprestaciones estarán la cuota contractual de fase exploratoria y las regalías. La primera se refiere al pago mensual que tendrá que hacer el particular por explorar en el área que se le otorgue, mientras no produzca. Por otro lado, las regalías serán el porcentaje que las compañías tendrán que dar al Estado de las ganancias por los hidrocarburos explotados.
Establece también un aumento en las participaciones a los estados productores que pasa de 11.7 por ciento a 12.5 por ciento del valor de los hidrocarburos.
El destino del impuesto por la exploración y extracción de hidrocarburos serán las entidades federativas y los municipios donde se realicen estas actividades y que podrá significar una recaudación de dos mil 500 millones de pesos anuales, en promedio. Dichos recursos se destinarán a la inversión en infraestructura, según dieron a conocer legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En otros aspectos modificados, está el régimen fiscal de Pemex, se reduce el nivel de contribución de Pemex del 71 por ciento al 65 por ciento, a fin de garantizar un coeficiente a la alza con relación a esta recaudación que en lugar de ser del 79 por ciento se va al 80.20 por ciento.
El objetivo es “despetrolizar” las finanzas públicas, al establecer que Pemex transferirá de sus ganancias sólo hasta un 4.7 por ciento al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Pemex sólo hará tres tipos de pagos a la Secretaría de Hacienda:
- El derecho de utilidad compartida, con una tasa aplicable al 68 por ciento.
- El derecho a la extracción de hidrocarburos, aplicando una tasa que será determinada por el precio de los hidrocarburos en dólares.
- El derecho de exploración de hidrocarburos que consiste en un pago fijo, que se impondrá respecto a las áreas exploradas.
FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO
También se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuyo objetivo es garantizar un manejo responsable y transparente sobre el uso de los ingresos petroleros de la Nación.
La legislación secundaria establece que los recursos procedentes de las diversas actividades que se contemplan en la Reforma Energética se destinarán a cubrir parte del gasto público; al ahorro de largo plazo y en inversiones que servirán como verdadera palanca de desarrollo y del bienestar de largo plazo de todos los mexicanos.
La intención es que, como sucede con fondos similares en otras partes del mundo, los beneficios por la extracción de hidrocarburos se extienda a futuras generaciones mediante mecanismos preestablecidos, como el ahorro de largo plazo, el fondeo del sistema universal de pensiones, la inversión en educación superior y posgrados, inversión en ciencia y tecnología, energías renovables, etcétera.
El Fondo tendrá dos funciones primordiales:
1.- “Servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en las asignaciones y en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Con esta función y la obligación de transparencia, se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades”.
2. “Administrar los ingresos del Estado Mexicano provenientes del petróleo y los demás hidrocarburos. Esta función permite transferir los recursos del Estado conforme a reglas muy claras de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo estableciendo explícitamente el destino y uso de los recursos petroleros generados a favor de la Nación”.
Es decir, el Fondo tendrá como propósito no solamente recibir los ingresos que se desprendan de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, sino también, su adecuada administración y distribución, para el beneficio de todos los mexicanos.
El fideicomiso se constituirá en 2014 para comenzar a operar en 2015. Será un fideicomiso público con el Banco de México como fiduciario.
SEXTO DICTAMEN: PASIVOS DE PEMEX
La Cámara de Diputados aprobó la propuesta para que el gobierno federal asuma como deuda pública parte del 1.7 billones de pesos que representan los pasivos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal Electoral (CFE).
Priistas y panistas alcanzaron un acuerdo para cambiar el término pasivo laboral de Pemex por el de “pasivo de pensiones y jubilaciones”, en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La oposición calificó la propuesta como un “rescate” a las finanzas de Pemex y CFE; por lo que la bautizó como “Pemexgate”, en alusión al Fobaproa, aunque este se quedaría corto comparado con los recursos que tendrán que pagar los mexicanos, a fin de sanear los dineros de las nuevas empresas productivas del Estado
La Cámara de Diputados logró incluir en el tercer transitorio de la Ley Federal de Presupuesto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea la encargada de auditar los fondos de pensiones y jubilaciones para determinar por qué se alcanzó el monto de 1.7 billones de pesos de pasivos.
Y será la encargada de fincar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios que dejaron que el asunto se convirtiera en una “bola de nieve”, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de procedimientos de responsabilidad penal.
“Dentro de 12 meses, la Auditoría Superior de la Federación está obligada a terminar un estudio que nos diga qué fue lo que pasó, qué hizo que se diluyeran los fondos que son garantía de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Pemex”, afirmó el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones.
Durante el debate en el Pleno, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), intentó evitar que se pusiera como condición para el rescate de los pasivos laborales.
El Diputado priista Ricardo Aldana Prieto, ex tesorero del Sindicato en la época en que el gremio desvió mil 500 millones de pesos para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000, presentó una reserva para eliminar la condición, la cual fue rechazada por el propio PRI.
En el Senado, siempre permaneció al margen del debate el líder del sindicato de trabajadores petroleros, el priista Carlos Romero Deschamps, a quien se acusa de tener propiedades en Estados Unidos y hasta en Emiratos Árabes Unidos, de poseer yates, joyas y relojes costosos y cuyos hijos poseen automóviles deportivos de lujo y presumen sus viajes por el mundo en aviones particulares.
Incluso “desapareció” del salón de sesiones durante los últimos tres días y no votó ninguna de las minutas devueltas por la Cámara de Diputados ni las minutas en materia fiscal y energética.
“Otra vez no está el Senador Romero Dechamps, ya ahora sí ya lo ocultaron, ya lo metieron tal vez a otras catacumbas para que no le estén echando leña”, dijo la petista Layda Sansores San Román.
La totalidad de los dictámenes se enviaron al Presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación.
NOS VEMOS EN LA CONSULTA: PRD
Tras la votación de la última minuta, la dirigencia nacional del PRD advirtió que no está dicha la última palabra sobre la Reforma Energética de Peña Nieto y el PAN.
ESTO AÚN NO ACABA: PRD
El PRD calificó la jornada legislativa como “un capítulo negro” en la historia reciente de México que será revertida por la sociedad en la consulta popular que deberá efectuarse en las elecciones federales del primer domingo de julio de 2015, sobre estas reformas energéticas.
“Los legisladores al servicio de las grandes transnacionales podrán ganar votaciones en las cámaras, pero no le arrebatarán al pueblo de México el derecho a decidir su futuro. Por eso seguimos en la lucha”, advirtió el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, mediante un comunicado de prensa.
Reiteró que con el rechazo de millones de mexicanos, el PRI y el PAN emplearon su mayoría mecánica en las cámaras del Congreso para avalar reforma privatizadora que debilita a Pemex y a la CFE para favorecer a empresas transnacionales. Recalcó que con la legislación secundaria no bajarán los precios de gasolinas y luz, y sólo servirá para despojar de sus tierras a centenares de miles de ejidatarios, comuneros y propietarios privados.
“En el PRD nos seguiremos oponiendo a esta reforma privatizadora porque cancela el futuro de México al despojarlo de sus recursos energéticos y de los beneficios que deben ser de la sociedad y no de unos cuantos”, se lee en el comunicado.
El PRD criticó además, que con la reforma se traspasa al pueblo de México el pago del pasivo laboral de Pemex, que alcanza casi dos billones de pesos, sin que se responsabilice por ello a “la corrupta mafia del Sindicato Petrolero encabezada por el senador priista Carlos Romero Deschamps”.
El PRD sostuvo que de acuerdo con diversas encuestas, la mayoría de los mexicanos, apoyan la realización de una consulta popular y reprueban la decisión del gobierno priista y sus aliados panistas de entregar a manos privadas nuestra riqueza energética.
Ante todo esto, el PRD advirtió que la historia juzgará a quienes traicionaron a la patria, mientras tanto, la sociedad se preparará para participar en la consulta popular del 2015.
