Un reportaje publicado este domingo por The New York Times y firmado por la ex corresponsal en México Ginger Thompson dice que además de agentes de laDEA, elementos de la CIA, militares retirados del Comando Norte y personal del Pentágono establecieron una base de inteligencia en el norte de México y ya trabajan a nivel campo en operaciones contra el crímen organizado.
De acuerdo con este reporte, Estados Unidos habría ofrecido además la ayuda de ex agentes de la DEA y del ejército para que trabajen con los mexicanos en su lucha contra los cárteles de la droga.
Los ex agentes de las agencias norteamericanas normalmente operan como mercenarios en otros países.
El reportaje de Ginger detalla que el grupo en México es de “al menos” 24 elementos de la Agencia Central de Inteligencia, del Pentágono y de la Administración para el Control de Drogas. Afirma que están dentro de una base militar en el norte de México desde hace apenas unas semanas, lo que The New York Times considera una ampliación de facto del rol que juegas las autoridades estadounidenses en México.
Esto significa que los estadounidenses ya forman parte de las operaciones en tierra. Llegaron, dice el times, a partir de que en 2010 el presidente Felipe Calderón solicitara “ayuda sofisticada” para Monterrey.
“En semanas recientes, pequeños grupos de operadores de la CIA y empleados militares de corte civil han sido enviados a una base militar mexicana, desde donde, por primera vez, funcionarios de seguridad de ambos países trabajan lado a lado en la recolección de información sobre los cárteles de la droga y en ayudar a planear operaciones”, afirma The New York Times.
“Funcionarios de ambos lados de la frontera dicen que los nuevos esfuerzos fueron diseñados para darle la vuelta a las leyes mexicanas que prohíben a policías y militares extranjeros trabajar en su suelo y para prevenir que tecnología estadounidense de avanzada caiga bajo el control de las agencias de seguridad mexicanas con largas historias de corrupción”, agrega.
“Luego de que la violencia se disparó alrededor de Monterrey, la capital industrial de México, el gobierno de Calderón pidió a Estados Unidos más acceso a tecnología y a expertos en vigilancia sofisticada. Tras meses de negociaciones, Washington estableció un puesto de inteligencia en una base militar del norte de México, llevando a Washington a más allá de su rol tradicional de compartir información sino a estar más directamente involucrado en obtenerla”.
"Funcionarios estadounidenses declinaron dar detalles del trabajo realizado por un equipo estadounidense de menos de dos docenas de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), funcionarios de la CIA, y elementos militares retirados del Comando Norte".
De acuerdo con los funcionarios entrevistados por The New York Times, “los nuevos esfuerzos fueron diseñados para darle la vuelta a las leyes mexicanas que prohíben a policías y militares extranjeros trabajar en su suelo y para prevenir que tecnología estadounidense de avanzada caiga bajo el control de las agencias de seguridad mexicanas con largas historias de corrupción”
