Roma, 7 jul (EFE).- La Justicia italiana aceptó hoy a todos los querellantes en la fase preliminar del proceso Cóndor, que investiga la muerte y desaparición de 23 italianos en el contexto de la operación homónima urdida por dictaduras sudamericanas entre las décadas de 1970 y 1980.
De este modo, el juez de la audiencia preliminar, Alessandro Arturi, aceptó a los familiares de los desaparecidos como parte acusadora, así como a los Estados de Italia y Uruguay, en representación de sus ciudadanos.
Así lo dispuso esta mañana Arturi en la primera de las audiencias preliminares que debían celebrarse en los tres primeros días de esta semana.
Una serie de vistas que finalmente han sido pospuestas para el próximo 29 y 30 de septiembre ya que el Tribunal de Roma aún no ha recibido unos documentos solicitados a Bolivia.
Además se fijó otra audiencia para el 6 de octubre, en la que Arturi decidirá previsiblemente si los elementos presentados son suficientes para que sean estudiados en una corte penal, lo que supondría enviar el caso a juicio, que se celebraría en 2015.
En este proceso están actualmente imputados un total de 33 personas, entre expresidentes latinoamericanos y altos funcionarios de las Juntas Militares de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.
Concretamente son 16 uruguayos, 11 chilenos, 2 bolivianos y 4 peruanos, todos ellos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, según consta en la demanda fiscal.
En un primer momento la lista ascendía a 35 pero se redujo tras la muerte de dos de los acusados: el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas y el expresidente de Uruguay, Juan María Bordaberry Arocena.
En apoyo a los querellantes han acudido numerosos organismos e instituciones que se han constituido como parte civil, cuya solicitud ha sido aceptada por el juez.
Es el caso de la formación política italiana Partido Demócrata o la Confederación Italiana de Sindicatos de los Trabajadores de Italia.
También se presentó el partido de centroizquierda uruguayo Frente Amplio, o la región italiana de Emilia Romagna (norte).
En la audiencia estuvo presente la chilena Margarita Maino Canales, hermana de Juan Maino, estudiante de ingeniería mecánica, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu) y desaparecido desde el 26 de mayo de 1976.
En declaraciones a Efe, Margarita Maino calificó de «maravilloso» el hecho de que la Justicia italiana, décadas después de que sucedieron los hechos, retome las investigaciones de estos crímenes de lesa humanidad.
«Todos tienen que involucrarse en situaciones de derechos humanos. Lo que pasó en Latinoamérica fue horrible. Aquí se estudia lo que ocurrió con estos italianos latinoamericanos. No hay cosa más valiosa que un país se haga cargo de sus propios ciudadanos», señaló.
Asimismo, criticó la situación de este proceso en Chile que, a su juicio, «se retarda continuamente», si bien señaló que «la esperanza no la va a perder nunca».
Esta audiencia preliminar afecta únicamente a los italianos desaparecidos bajo los regímenes de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.
No obstante, según explicó a Efe una fuente cercana al juicio, en la actualidad el fiscal Giancarlo Capaldo está investigando episodios similares en Argentina, Paraguay y Brasil.
Estos sucesos aún están en fase de investigación pero podrían pasar a englobarse en las próximas vistas de la fase preliminar de septiembre del proceso Cóndor, unificando así todas las causas que hacen referencia a estos crímenes de lesa humanidad a ciudadanos italianos que habitaban en países latinoamericanos.
Por esta razón, el número de imputados podría aumentar de cara al juicio, que previsiblemente se celebrará el próximo año.
La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia.
