El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– Paulo Vannuchi, integrante de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), condenó la demanda en contra del Secretario Ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, la cual calificó de “cobarde” y lamentó que la Comisión sufriera “ataques por parte de altas autoridades del Estado mexicano”.
“Ya se provocó un daño irreparable a la persona de nuestro Secretario Ejecutivo, Emilio, y un poco cobarde, porque debía ser un ataque a la Comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados”, dijo Vannuchi durante la audiencia “Situación de los Derechos Humanos en México”.
En el marco de esta audiencia que lleva a cabo en el 157 periodo de sesiones de la CIDH en Washington, representantes de organizaciones civiles también manifestaron su preocupación por “la campaña de ataques y desprestigio” contra asociaciones civil y defensores de derechos humanos. Dijeron que “si organismos internacionales son atacados, imaginemos lo que viven organizaciones en zonas rurales”.
En respuesta, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, aseguró que “no hay nadie del Gobierno mexicano” involucrado en la campaña en contra de Álvarez Icaza, ni en contra de la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en la investigación del caso Iguala, o defensores de derechos humanos.
“No fue nadie del Gobierno de México, ningún funcionario del Gobierno de México tuvo nada que ver en la denuncia penal en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque a la CIDH de parte del Gobierno de México”, aseguró Ruiz Cabañas.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) inició el pasado 22 de marzo la averiguación previa contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH a raíz de la denuncia interpuesta por el Consejo Ciudadano por la supuesta “conducta antisocial” de Álvarez Icaza en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. La demanda fue desechada el pasado 5 de abril.
El presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, acusó Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.
La Comisión Interamericana dijo en días pasados que la averiguación previa iniciada por la PGR contra Alvarez Icaza era “temeraria e infundada”. Además, condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Este día, el Subsecretario de Relaciones Exteriores explicó que la Procuraduría explicó que al tratarse de una denuncia formal, la PGR tenía la obligación legal de revisarla. Sin embargo, dijo, fue desechada por que no cumplía con los requisitos y no por una cuestión política.
Ruiz Cabañas insistió que el Gobierno de México no está detrás de lo que se ha denunciado como una campaña de desprestigio en contra de defensores de derechos humanos o instancias internacionales.”México es una sociedad compleja y democrática, y hay libertad de expresión y es un derecho humano fundamental, y en esa libertad de expresión hay que respetar la opinión de todos”, dijo.
El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.
Mediante un comunicado de prensa fechado en Ginebra, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el relator sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye; y el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai hicieron el llamado “en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos”.
Los relatores dijeron que estas críticas y campañas de difamación sólo empeoran el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en México. Recordaron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.
Los relatores dijeron a su vez que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, “han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.
