Amnistía Internacional presentó este lunes su informe “El Estado como ‘aparato reproductor’ de violencia contra las mujeres”, en el que alerta el alto riesgo que enfrentan las mujeres embarazadas tanto en México como en América Latina y el Caribe. La organización dice que este riesgo es aún mayor a quienes viven con VIH ya que algunas pueden ser sometidas a esterilización forzada, como le ocurrió a Michelle, una mujer de 23 años de edad, originaria de Veracruz, ama de casa y madre de dos hijos, quien fue obligada por un médico a una intervención quirúrgica para impedir la procreación.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– En México, las mujeres embarazadas están en alto riesgo de sufrir violencia obstétrica, la cual se manifiesta en situaciones como negación del tratamiento, indiferencia ante solicitudes, regaños, burlas y decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, alerta un informe publicado hoy por Amnistía Internacional (AI).
En su reporte “El Estado como ‘aparato reproductor’ de violencia contra las mujeres”, la organización defensora de derechos humanos denuncia que las mujeres mexicanas que viven con VIH están todavía más expuestas a dicha violencia ya que algunas pueden ser sometidas a esterilización forzada o coercionadas debido a su estado serológico.
Amnistía dice que las mujeres con VIH no reciben la información adecuada sobre las formas de transmisión materno-infantil del virus. Refiere que organizaciones civiles, como Fondo María A.C y Red Balance A.C, han recibido en los últimos años diversos testimonios de mujeres que viven con VIH que señalan que con frecuencia la desinformación acerca de la transmisión del virus ha dado lugar a la esterilización forzada.
“Si bien existe amplia evidencia sobre la efectividad de las intervenciones para reducir el riesgo de la transmisión madre-hijo/a, se han registrado casos de mujeres seropositivas que han sido obligadas a someterse a esterilizaciones o aceptaron ser esterilizadas sin la adecuada información y conocimiento acerca de sus opciones”, denuncia la organización internacional.
Amnistía da cuenta de esta situación mediante la historia de Michelle, una mujer de 23 años de edad, originaria de Veracruz, ama de casa y madre de dos hijos que vive con VIH.
En 2014, refiere el reporte, durante su segundo embarazo, Michelle acudió al Hospital General de su municipio como parte del cuidado prenatal, donde a los cuatro meses de embarazo le informaron que era portadora de VIH/SIDA.
Amnistía dice que a partir de ese momento e incluso hasta después del parto, fue objeto de malos tratos por parte de los proveedores de servicios de salud del estado de Veracruz.
Refiere que a punto de dar a luz, Michelle tuvo una cita médica con el ginecólogo para programar su cesárea. Asistió junto con su madre. El ginecólogo le dijo que tendría que operarse para no tener más hijos, es decir, practicarse la OTB. Sin embargo, ella no quería operarse, prefería un método anticonceptivo como el DIU, sin embargo, el médico insistió.
Michelle relató a la organización que el médico le dijo de mala manera: “¿Qué estás esperando?, ya tienes VIH y vas a traer a un niño enfermo, ¿para qué quieres embarazarte otra vez?”.
“Sentí mucha presión y vergüenza pues el médico, incluso regañó a mi madre, le dijo que ella como mi madre ‘debe de entender’; después de diversos señalamientos e intimidaciones, obligó a mi madre a firmar una hoja que autorizaba la intervención, sin explicarnos de qué se trataba, ni proporcionar información sobre los riesgos que podría acarrear”, relató Michelle.
Ella dijo al organismo internacional que tenía mucho miedo porque le habían dicho que era un proceso doloroso. A pesar de eso y de que expresó en diversas ocasiones que no quería la OTB, se la practicaron sin obtener su pleno consentimiento informado.
El informe menciona que el 27 de septiembre de 2014, ella llegó al Hospital General en trabajo de parto pero el cirujano de turno no le quiso practicar la cesárea. Tuvo que esperar varias horas a que llegara una doctora que hacía los procedimientos a las mujeres con VIH.
Durante su estancia en el Hospital General, Michelle recibió tratos discriminatorios y maltrato verbal, de acuerdo con las denuncias. Arriba de su cama le pusieron un letrero grande que contenía su nombre, edad, fecha de ingreso y la palabra VIH.
Así mismo, menciona Amnistía, el personal del sector salud se mostró indiferente a solicitudes de asistencia, para poder realizar necesidades básicas (como ir al baño). Cuando Michelle tuvo una hemorragia, el personal de salud le pasó bruscamente un trapo para que ella limpiara su sangre, mientras le gritaban que debía hacerlo porque el personal del hospital quería evitar contagios.
Michelle recuerda también que sólo a ella le daban de comer en platos desechables después de que comían todas las mujeres que se encontraban en esa área.
Actualmente Michelle trabaja en una fundación que ayuda a mujeres embarazadas que viven con VIH, lo que la ha ayudado a superar el trauma y compartir experiencias con otras mujeres que, como ella, han sufrido esterilización forzada.
“Me dolió, no porque quisiera tener otro hijo sino porque es una cicatriz que voy a llevar toda mi vida, no fue una decisión que naciera de mí, me la hicieron a la fuerza”, confió a Amnistía.
La asociación civil dice que el caso de Michelle deja al descubierto una práctica que, además de ser altamente discriminatoria, viola los estándares de derechos humanos que reconocen que las mujeres que viven con VIH tienen el derecho a la anticoncepción y a otros servicios de salud reproductiva en las mismas condiciones que todas las mujeres.
“Estos estándares establecen que se debe disponer de medios anticonceptivos seguros y asequibles y que las mujeres deben tener el derecho de elegir o rechazar libremente los servicios de planificación familiar”, dice el reporte.
En el estudio publicado hoy, Amnistía expone cómo la regulación de la sexualidad y la reproducción femeninas, sobre todo a través de la penalización del aborto, evidencia de la manera más clara “los estereotipos y sesgos por género” y sirve para imponer a las mujeres de la región las ideas dominantes sobre su papel en la sociedad.
“Esas normas no solo violan varios derechos humanos, también generan violencia contra las mujeres y constituyen tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dice el informe.
En su reporte, Amnistía da voz a siete protagonistas: Rosaura de República Dominicana, Tania de Chile, Teodora de El Salvador, Mónica de Argentina, Michelle de México, Mainumby de Paraguay y Esperanza de Perú, y también trata el caso de Uruguay, donde el aborto está despenalizado, pero el ejercicio de ese derecho se ve limitado por la objeción de conciencia y algunas normas judiciales.
El documento trata además de las esterilizaciones a la fuerza, de la mala atención sanitaria y del limitado acceso a la justicia y a la reparación por atropellos que tienen la mayoría de las mujeres.
Por ejemplo menciona el caso de Mainumby, una niña de 10 años que quedó embarazada a causa de una violación, supuestamente de un familiar, y fue obligada a dar a luz en Paraguay, tuvo gran repercusión internacional.
También retrata el caso de la salvadoreña Teodora, quien fue condenada a 30 años de cárcel por un abortó natural; ella está en prisión desde 2007.
Esperanza, de Perú, estaba embarazada en 1998 cuando le practicaron una ligadura de trompas que no había pedido y como consecuencia de ello perdió al hijo que esperaba.
Tania quedo embarazada cuando estaba a punto de iniciar un tratamiento contra el cáncer y para no poner en riesgo su vida se sometió a un aborto clandestino en Chile hace 30 años.
A Rosaura, dominicana, le diagnosticaron leucemia cuando tenía 16 años. Al enterarse de que estaba embarazada, los médicos retrasaron el inicio del tratamiento para que el feto no sufriera daños. Un mes después de haberlo iniciado sufrió un aborto natural y murió.
La argentina Mónica sufrió un accidente cerebro vascular después de haber sido obligada a seguir con un embarazo que implicaba riesgos para su salud y hoy tiene notorias secuelas.
“Estos maltratos documentados constituyen violencia contra las mujeres practicada por agentes estatales, como lo son el personal de salud. Es violencia contra mujeres y niñas que viene del propio aparato estatal, también llamada violencia institucional”, dice el informe.
En el caso de Michelle, Amnistía explica que se violó el deber de confidencialidad médica, así como su derecho a la intimidad y privacidad al colocar en su cama un letrero con la leyenda VIH.
La divulgación no consensuada de la información médica personal es una violación de la intimidad. Los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la intimidad, que ‘incluye la obligación de garantizar que se apliquen salvaguardias adecuadas para asegurar que se proteja la confidencialidad, especialmente en el ámbito de la salud y el bienestar social y que la información sobre el estado serológico con respecto al VIH no se revele a terceros sin el consentimiento de la persona'”, dice el documento.
